El silencio de la desaparición forzada en Nicaragua

“Maldita perra”, “puta” son algunos de los insultos denigrantes que junto a prácticas como la desnudez forzada, las sentadillas obligadas sin ropa y la amenaza de divulgar fotografías íntimas, son algunas de las violencias que han sufrido mujeres víctimas de prisión política y desaparición forzada en Nicaragua a manos de policías, carceleros y paramilitares.

Esa realidad está documentada en el informe “¿Dónde más busco?”: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan, publicado el 29 de agosto de 2025.

El informe —elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Raza e Igualdad; el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras—, revela que las desapariciones forzadas “se han convertido en el rostro más cruel de la prisión política en Nicaragua”.

Desde abril de 2018, se registran 468 casos de detenciones de mujeres que han sido víctimas de prisión política, de las cuales 212 se identifican como defensoras y activistas. La mayoría ha sufrido desapariciones forzadas.

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“La violencia política ejercida contra las mujeres es una extensión de un estado misógino y autoritario que reproduce, de diferentes formas y niveles, dinámicas de opresión y violencia de género”, resume el informe.

Entre las formas de tortura específicamente dirigidas a las mujeres se documentan:

La desnudez forzada.
La obligación de realizar sentadillas desnudas.
La toma de fotografías o vídeos desnudas bajo amenazas de divulgación.
Insultos denigrantes como “maldita perra” y “puta”.
Maltrato psicológico orientado a acusarlas de abandono o de no cuidar a sus hijos e hijas.
Amenazas de violación a sus hijas.

Amenazan a mujeres con violarlas

Hasta la fecha de este informe, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua contabiliza 73 personas detenidas, entre ellas 14 mujeres. De este total, 33 personas —incluidas 11 mujeres—, se encuentran desaparecidas de manera forzada, lo que equivale al 45.21%.

Este es un subregistro, ya que en los últimos días el Monitoreo Azul y Blanco ha identificado más casos de desapariciones forzadas aún sin registrar oficialmente en el Mecanismo.

Entre las formas extremas de violencia documentadas por estas organizaciones de derechos humanos, se encuentra la violación sexual colectiva perpetrada por oficiales de policía contra mujeres participantes en protestas en 2018.

Estas prácticas —subraya el informe—, coinciden con los hallazgos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que confirma que las mujeres víctimas “son desproporcionadamente objeto de violencia sexual y expuestas a sufrimientos y humillaciones” y que “su cuerpo es utilizado como parte de una estrategia de control social”.

“Los actos de violencia de género contra mujeres en contextos de desaparición forzada —incluyendo violencia física y sexual, como la violación, o amenazas de sufrir estos daños— pueden considerarse tortura”, señala el informe.

Por otro lado, la negligencia médica constituye otra forma de violencia que afecta particularmente a las mujeres.

Testimonios de mujeres excarceladas revelan que durante su tiempo en reclusión total y aislamiento no recibieron atención ginecológica, ni exámenes preventivos como la prueba de Papanicolaou (PAP), “evidenciando una omisión deliberada que genera riesgos para su salud e integridad a corto, mediano y largo plazo”.

Mujeres “buscadoras”, sufren la represión

En el otro extremo también están las “buscadoras”, es decir las madres, hermanas e hijas que cargan con la “impunidad y el silencio oficial frente a la desaparición forzada de sus seres queridos”.

La búsqueda para estas mujeres “no se limita únicamente a un esfuerzo personal, sino que se convierte en una lucha diaria contra la indiferencia estatal, la ausencia de mecanismos institucionales de verdad y justicia, y las constantes represalias por exigir información”.

Ellas “asumen, en condiciones de gran vulnerabilidad, la doble carga del dolor íntimo de la pérdida y la responsabilidad pública de mantener viva la memoria de quienes han sido desaparecidos”.

Rosa Ruiz es una de esas mujeres buscadoras que desde el 13 de agosto de 2025 no ha parado en demandar que le devuelvan a su hijo, el médico Yerri Ruiz secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“No vamos a descansar hasta encontrarte (…) cada noche, cada día es un tormento para mí, nunca imaginé que me tocaría vivir con mis hijos, contigo, este sufrimiento”, denunció en un video público esta madre.

Testimonios de mujeres buscadoras

Algunas de las personas buscadoras son adultas mayores, lo cual “agudiza aún más las condiciones de vulnerabilidad en que emprenden su camino de exigencia de verdad y justicia”.

Las buscadoras, en ocasiones, deben desplazarse más de 200 kilómetros desde comunidades rurales o alejadas hacia Managua, donde con frecuencia se centralizan las detenciones y se ubican los principales centros de reclusión.

Este esfuerzo implica largos trayectos, elevados costos económicos y un “enorme desgaste físico y emocional para quienes ya cargan con el peso del duelo y la incertidumbre”.

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El informe documenta que además de buscar a su familiar, son las mujeres buscadoras quienes asumen la crianza y cuidado de los hijos o adultos mayores de su familiar detenido o desaparecido forzadamente.

Esta situación ocasiona una sobrecarga física, emocional y económica sobre las buscadoras y limita “su capacidad para realizar actividades recreativas, educativas o sociales que antes disfrutaban, como estudiar, trabajar o ir a la iglesia”.

“Mi mamá tiene sobrecarga y sobre todo porque las niñas lloraban mucho por su mamá (detenida) y no sabían qué hacer. Antes asistía a la iglesia y con el cuidado de las niñas ya no pueden hacer sus actividades de antes y económicamente también ha sido complicado”, relató una mujer buscadora para este informe.

Una esposa buscadora de edad avanzada que, “ante la angustia y la incertidumbre, tuvo que recurrir a sedantes para poder conciliar el sueño”, es otro de los desgarradores testimonios.

Otro caso es el de una esposa de un desaparecido que, en diciembre de 2024 y frente a la falta absoluta de respuestas, expresó entre lágrimas y con desesperación: “¿dónde más busco?, ¿qué más hago?, ¿ante quién denuncio?”.

“Durante años han enfrentado un régimen que les niega de forma sistemática su derecho a la verdad y a la justicia”, evidencia el documento.

El patrón documentado evidencia que las desapariciones forzadas en Nicaragua “no solo busca castigar por motivos políticos, sino que también funciona como un mecanismo sistemático de control social que amplifica la vulnerabilidad de las mujeres.