Por cada víctima de trata identificada hay al menos veinte sin identificar. Escapar de las redes de tratantes es muy complicado, y ni siquiera garantiza la recuperación y el acceso a una alternativa vital digna: las trabas administrativas, la escasez de recursos y las graves secuelas que deja la explotación sexual abocan a muchas víctimas a volver a la prostitución para subsistir.
«Es habitual que haya supervivientes de trata que salen de las redes de trata y muchas veces, cuando terminan fuera del control de las redes, se ven obligadas a volver al contexto prostitucional. (…) El Estado fracasa en su protección», explica a EFE Celia López, experta de Médicos del Mundo.
Esta organización, que trabaja desde hace 30 años con víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución, llama la atención sobre las diversas causas que subyacen a esta terrible realidad en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Se calcula que en el mundo hay 25 millones de personas tratadas y que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar. España es uno de los principales países de tránsito y destino de trata con fines de explotación sexual.
Sin embargo, son poquísimas las víctimas que las autoridades españolas identifican. En 2022, fueron 253 las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas, según la Fiscalía General del Estado.
Escapar de las redes de tratantes y explotadores es muy difícil.
Las mujeres son amenazadas (a menudo chantajeadas con el pago de una deuda ingente o con hacer daño a su familia) y obligadas a consumir drogas, convirtiéndolas en adictas.
La mayoría está en situación administrativa irregular y sin red, su autoestima está destruida y las secuelas físicas y psicológicas de la explotación son enormes.
Muy pocas logran salir de ese infierno y su camino está lleno de dificultades.
Para empezar, cuenta López, el sistema prostitucional ha cambiado, trasladando su actividad de clubes y calles a pisos, lo que dificulta su detección.
La experta de Médicos del Mundo alerta de que hay «fallas» en el sistema de identificación porque las víctimas no suelen tener asistencia gratuita letrada ni son atendidas por profesionales especializadas, ya sean juristas o de traducción e interpretación, algo vital para su identificación.
Además, los trámites de acreditación «son farragosos» y sin ellos no pueden acceder a ayudas y recursos públicos como la asistencia sanitaria integral o el ingreso mínimo vital.
A eso hay que sumar que muchas no tienen formación o no pueden convalidar sus títulos en España.
La Ley de Extranjería, continúa López, dificulta la regularización de estas mujeres, la mayoría extranjeras, y eso condiciona su acceso a ayudas. Y el estigma social asociado a las mujeres en situación de prostitución (más el racismo, la xenofobia y/o la transfobia) se ceban con ellas y minan sus alternativas vitales.
Asimismo, «la sociedad ha normalizado la prostitución como forma de ocio e invisibilizado que es violencia de género», lamenta. España empezó hace menos de un año a reconocer la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia machista en la ley del sólo sí es sí.
Muchas tienen a personas dependientes a su cargo. Y han de lidiar con «graves secuelas» en su salud física y mental por haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual: «El estrés postraumático puede ser igual al que se sufre tras una guerra».
Tantos obstáculos hacen casi imposible su acceso al mercado laboral y muchas se ven abocadas a regresar a la prostitución.
La experta señala que es el caso de una superviviente de Paraguay atendida por su organización. Durante diez años fue explotada sexualmente, dio el paso de denunciar y fue identificada y acreditada como víctima de trata.
Se le concedió el permiso de residencia y recibió una ayuda temporal de 600 euros. Entonces trajo a España a un familiar dependiente desde Paraguay para evitar que los tratantes le hiciesen daño, pero el ascendente estaba en situación irregular, a ella le denegaron el acceso al ingreso mínimo vital.
Sin formación y con secuelas por el trauma sufrido durante una década de explotación, le resultó imposible volver al mercado laboral y tuvo que regresar a la prostitución.
«Si tenías daño psicológico, es volver a vivirlo. La mujer que decide denunciar tiene que estar psicológicamente muy fuerte porque es un desgaste brutal. Ver que tras tanto esfuerzo no puedes mantener a tu familia debe ser como caer en picado», narra López.
La experta sostiene que el Estado fracasa en su protección y el fracaso principal reside en no haber sacado adelante la ley integral contra la trata, impulsada la pasada legislatura pero que no llegó a aprobarse: «Perdimos una oportunidad histórica para garantizar sus derechos», afirma.
Una ley con perspectiva de género, infancia y derechos humanos que aborde el proceso judicial, el acceso a atención sanitaria especializada o a recursos económicos, laborales y de alojamiento apropiados. Es esencial para que puedan recuperarse y rehacer sus vidas.
En 2022 se impulsó un modelo de acreditación de víctimas de trata que no exigía la denuncia, pero desde Médicos del Mundo denuncian que hay diferencias de aplicación según la comunidad autónoma.
Y el Plan Camino, que persigue su recuperación e inserción sociolaboral, tiene aspectos a los que sólo pueden acceder mujeres en situación administrativa regular.
