Estados Unidos utiliza datos poco confiables brindados por El Salvador sobre personas señaladas de pertenecer a pandillas, denuncian organizaciones.
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) utiliza información poco fidedigna brindada por autoridades de El Salvador para tomar decisiones en los procesos migratorios de personas procedentes de dicho país, incluyendo aquellas que solicitan refugio y asilo político, denuncian organizaciones de derechos humanos en un comunicado.
El uso de datos pocos fiables en los procedimientos migratorios, especialmente los de refugio y asilo, es una violación a los derechos fundamentales de las personas salvadoreñas que migran a Estados Unidos y pone en peligro innumerables vidas, señalan.
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Entre las organizaciones que firman la denuncia se encuentran el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC», Access Now, Cristosal y la Clínica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford.
De acuerdo con ellas, Estados Unidos y El Salvador mantienen acuerdos y programas de intercambios de información, muchas veces no corroborada, que incluyen datos personales y biométricos de personas acusadas de cometer delitos o pertenecer a pandillas.
Sin embargo, varias de las acusaciones son producto de una persecución política, debido a que las autoridades salvadoreñas suelen señalar a personas de pertenecer a pandillas basándose en prejuicios y estereotipos y no en evidencias reales.
«Cuando las personas salvadoreñas huyen de su país, pueden tener acusaciones infundadas por su gobierno, que posteriormente son utilizadas por las agencias migratorias estadounidenses para obstaculizar el acceso al asilo y a otras formas de asistencia para perseguidos políticos”, señalan las organizaciones.
“Aunque esta información da lugar a graves privaciones de derechos, las personas afectadas rara vez tienen la posibilidad real de revisar o refutar la información utilizada en su contra», agregan.
Esta situación se inserta en el contexto del régimen de excepción, el cual se impuso en El Salvador desde marzo de 2022 por órdenes del presidente Nayib Bukele para contrarrestar a las pandillas; pero que ha tenido más de 3 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Entre las violaciones documentadas durante el régimen de excepción se encuentra que la policía salvadoreña acusa a personas de pertenecer a pandillas basándose en razones arbitrarias, como tener tatuajes artísticos, vivir en un barrio controlado por una pandilla o en barrios empobrecidos.
También han justificado sus arrestos etiquetando a las personas de verse sospechosas, lo cual muchas veces está fundado en estereotipos clasistas y racistas sobre la manera en que lucen los miembros de pandillas.
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Además, varios de los arrestos se han ejecutado por la realización de llamadas anónimas que señalan a personas de estar involucradas en pandillas o en asociaciones ilícitas.
“El estado de excepción protege a los agentes de la Policía Nacional de responsabilidad por realizar tales actos arbitrarios arrestos, lo que deja pocos incentivos para garantizar que identifiquen con precisión a los pandilleros”, indica la denuncia.
Las organizaciones señalan que existe un alto riesgo de «datos represalias» en el sistema penal de El Salvador, ya que hay agentes policiales señalados de presentar cargos contra las personas basándose en venganzas personales o sobornos. «Por ejemplo, un oficial de la Policía Nacional le dijo al familiar de un hombre detenido que lo arrestó porque no le gustaba”, se lee en su comunicado.
Estados Unidos ha recopilado información de las fuerzas de seguridad salvadoreñas durante varios años a través de acuerdos y programas, pero esta situación se intensificó en 2019 durante la administración del expresidente Donald Trump y han continuado cumpliéndose con la administración del actual presidente Joe Biden.
El problema que esta información es que carece de transparencia y viola los reglamentos y procedimientos del DHS, ya que estos datos no cumplen estándares de evidencias justos para la corte de inmigración, no satisface estándares comparables aplicados a las bases de datos criminales de los Estados Unidos y viola los requisitos de privacidad establecidos por el DHS.
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Por otro lado, la recopilación y el uso de datos tan poco fiables es contrario a los tratados y normas internacionales de derechos humanos a los que está comprometido Estados Unidos.
Los programas y acuerdos son: Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE), Fuerza de Tarea Transnacional Antipandillas (TAG) del FBI, Identificación Biométrica Programa de Alerta de Migración Transnacional (MAPA DE BITS), Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), Intercambio de información de antecedentes penales (CHIS) y Cumplimiento Base de datos integrada (EID).
Las organizaciones demandan a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) que examine las decisiones migratorias que realiza el DHS basadas en la información proporcionada en las bases de datos del gobierno salvadoreño.
Además de investigar las formas en que actúan las agencias de inmigración de Estados Unidos sobre la información no verificada en las decisiones de detención y deportación migratoria.
