Un incremento de tres femicidios en relación al 2018 se registró en los dos primeros meses del año cuando se contabilizan 12 nuevas víctimas de la violencia de género en Nicaragua.

En su mayoría procedían de Jinotega (4) y Matagalpa (4) aunque también se registraron casos en la RACCS (2), RACCN (1) y en Rivas (1). Cinco de ellas tenían una relación sentimental con sus victimarios.

La defensora de derechos humanos, Magaly Quintana de Católicas por el derecho a decidir, denunció que hay un claro desinterés de las autoridades policiales por esclarecer los hechos de violencia contra las mujeres pues siete de los 12 femicidios se encuentran en total impunidad.

Pero también acusa al sistema de tener un desprecio por las mujeres debido a tres casos que no fueron incluidos en las estadísticas, ni siquiera se identificaron a la víctima e incluso las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) se extralimitaron en sus funciones al proceder a enterrarlas. En un caso tampoco revelaron la causa de la muerte.

«Ha crecido la impunidad. Es importante señalar que lo que se ha mantenido es el elemento impunidad. En los femicidios frustrados casi todos están prófugos de la justicia. La policía no esta interesada en esta problemática», reveló Quintana.

Sistema judicial débil

La aplicación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) para la activista feminista Fátima Millón, es nula en un sistema de justicia que califica como «débil que en lugar de proteger a las víctimas las expone».

«Es cierto que hay un marco jurídico, pero a la hora de la aplicación no hay celeridad, se revictimiza, no hay atención especializada. El sistema ha decaído», dice mientras recuerda que la Ley contemplaba la unificación del sistema para evitar la revictimización, pero en cambio se cerraron las Comisarías de la Niñez, Mujer y Adolescencia, que eran el primer eslabón de atención en la ruta de acceso a la justicia.

Explica que en este sentido la policía orteguista tampoco se encuentra protegiendo a las víctimas de violencia de género al no aplicar las medidas de protección que la Ley contempla para evitar un femicidio. En lugar de ello en las Estaciones de Policía se les continua recomendando a las víctimas la mediación con su agresor. Tampoco hay atención psicológica.

Millón considera que la crisis política actual y la persecución contra las defensoras de derechos humanos también ha incidido en el trabajo preventivo de la violencia en las comunidades.

«Cada día hay menos organizaciones que brindan apoyo a la víctima. En las comunidades ya no hay repuesta cercana para tomar decisiones con las víctimas y decidir cuál es la ruta a seguir para prevenir. Ese trabajo comunitario que hacían las promotoras ha disminuido por falta de recursos, pero también por el riesgo que implica hacer activismo», explica Millón.

Nuevo fenómeno de violencia

A Millón dice también preocuparle, el hecho que en Nicaragua se están registrando con más frecuencia suicidios de mujeres. Expresa que han identificado un fenómeno en el que ante la violencia psicológica y física, aunado a la crisis, las mujeres están optando por tomar «la terrible decisión de terminar con sus vidas».

«Hay un nivel de violencia que busca tener a las mujeres desestabilizadas. No hay un estudio, pero es algo que esta ocurriendo. Hay un problema con la salud mental en este contexto caótico que estamos viviendo en el que las mujeres además se enfrentan a la violencia machista física y psicológica», reflexiona.

La activista llama a la población a estar atenta a cambios y señales de alerta por parte de las mujeres en las familias. A no presionarlas para tomar decisiones, pero si crear una red de apoyo que las permita estar seguras, empoderarse y romper el ciclo de la violencia.

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Periodista Feminista
Fundadora y directora de www.lalupa.press
Fundadora y presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes (España)
Fundadora y activista en @elblogdetumadre