Discurso de unidad familiar aboga porque víctimas de femicidios «callen, no denuncien y no reclamen justicia»

En los primeros diez meses de 2019, organizaciones de mujeres y el Movimiento Feminista de Nicaragua, registran 49 femicidios, un dato nada alentador, pero menor en comparación con los 17 casos que el régimen reconoció en palabras de la dictadora, Rosario Murillo.

La feminista María Teresa Blandón, socióloga, miembro del Movimiento Feminista de Nicaragua y directora del Programa Feminista La Corriente, explica que el Estado de Nicaragua hace una omisión deliberada de los hechos para «minimizar la gravedad del problema, ocultar la gravedad de la violencia contra las mujeres y aparentar unos avances que en realidad no existen en la prevención de la violencia contra las mujeres y una supuesta reducción del femicidio».

Blandón señala que en temas de violencia contra la mujer en Nicaragua, hay muchos cambios por hacer, partiendo desde restablecer la institucionalidad en Nicaragua; derogar las reformas que se hicieron a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), así como que la sociedad asuma su responsabilidad para prevenir la violencia contra la mujer y los femicidios.

En esta entrevista con La Lupa, Blandón se refiere al discurso de unidad familiar que el orteguismo promueve desde los medios de la familia presidencial que condena al silencio y la impunidad de las víctimas de las víctimas de femicidios.

¿Cuántos femicidios han registrado las organizaciones de mujeres en lo que va del año?

Las organizaciones de mujeres han registrado al menos 49 femicidios en lo que va del año, de las cuales 7 son niñas menores de 13 años. Nos basamos para dar estos datos, tanto en la información directa que tienen las organizaciones de mujeres como en los registros que hacen los medios de comunicación. Es decir, la señora Rosario Murillo reportó 29 femicidios menos, esto ha sido una constante durante los últimos 12 años, el encubrimiento de la violencia machista contra las mujeres por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

¿A caso el régimen está tratando de invisibilizar la violencia contra las mujeres?

Se trata de minimizar la gravedad del problema, ocultar la gravedad de la violencia contra las mujeres y se trata de aparentar unos avances que en realidad no existen en la prevención de la violencia contra las mujeres y en una supuesta reducción del femicidio, es decir, forma parte de una estrategia discursiva por parte del régimen Ortega-Murillo para aparecer como un gobierno comprometido con la prevención de la violencia contra las mujeres.

¿Se puede decir que los femicidios que se han registrado en los últimos meses se han ejecutado con violencia institucional?

Lo que se puede decir es que cuando hay impunidad, cuando el Estado no ejerce la función de prevenir, de investigar y de sancionar a los responsables de esa violencia, pues el Estado se convierte en cómplice. La impunidad crea unas condiciones que propician, que alientan la violencia contra las mujeres.

Ante esta situación de impunidad ¿Han quedado las mujeres en la indefensión o hay otros mecanismos a los que puedan recurrir?

Tenemos otros mecanismos, pero el Estado tiene su responsabilidad, es decir, el Estado por ley, de acuerdo a lo que dice la Ley 779 – Ley Integral contra la violencia hacia la mujer – es el encargado de prevenir; de recibir las denuncias; de hacer las averiguaciones del caso y sancionar a los acusados, esa es función del Estado.

Al resto de la sociedad nos corresponde hacer lo que estamos haciendo; denunciar, acompañar a las víctimas, apoyar en procesos de reparación, desarrollar procesos de sensibilización, es decir, todos tenemos una responsabilidad, pero aquí el Estado en la parte que le toca ha fallado.

Ha fallado porque desapareció las Comisarias de la Mujer, porque se reformó de manera ilegal la Ley 779, porque no atiende adecuadamente a las víctimas, porque a penas interviene cuando ya estamos frente a un hecho consumado porque ya no tienen vuelta para atrás, como es con el femicidio y también el Estado desde que el régimen Ortega-Murillo regresó al poder ha desarrollado una retórica, un discurso que banaliza la violencia, que no asume, que  no quiere entender la violencia, que además ha defendido un discurso de unidad familiar que en realidad significa pedirle a las víctimas que callen, que no denuncien, que no reclamen justicia.

Lo grave es que ese discurso oficial se convierte en cómplice de los agresores, que tolera y promueve la violencia contra las mujeres, que disuade a las víctimas de reclamar justicia.

 ¿Cómo ha influido la crisis sociopolítica en la profundización de la violencia contra la mujer, que en los últimos casos registrados han mostrado la saña con la que se cometen esos delitos contra mujeres?

Independientemente de la nacionalidad de las víctimas, que no tiene ninguna relevancia, todos los femicidios han sido actos crueles. En todos los casos el agresor le ha hablado a la sociedad a través del acto de violencia. Y cuál es el lenguaje de esa saña, de esa crueldad con la que asesinan a las niñas, es decir – yo tengo derecho sobre este cuerpo, sobre esta vida. Yo puedo disponer de la manera que a mí me plazca. Esta persona me pertenece. No tiene derechos. Yo como agresor sé que puedo disponer de su vida porque no hay leyes que se cumplan, porque no hay instituciones del estado que actúen oportunamente y porque a nivel social hay enormes niveles de tolerancia ante la violencia machista’ -.

¿Tendrían que disponerse entonces políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia contra la mujer y así disminuir los casos de femicidios?

Tiene que haber cambios en la sociedad y ahí todos tenemos una responsabilidad, además tiene que haber formas de protección a nivel de las propias familias, a nivel de las comunidades.

Tiene que haber un compromiso de los ciudadanos de a pie para proteger la integridad física de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Tiene que haber una actitud responsable de los medios de información. Tiene que haber un compromiso de las organizaciones de la sociedad civil; tiene que haber una actitud comprometida y responsable de los partidos políticos y, claro, tiene que haber una obligación de ley porque está planteado en la Constitución Política y en convenios internacionales, tales como: la Convención de Belém Do Pará por parte del Estado, entonces, se tiene que revisar la Ley 779 para regresarla a su versión original y quitar todas las reformas ilegales que hizo el régimen de Ortega-Murillo.

Además, se tiene que restablecer la ruta institucional que se había creado antes de que Ortega regresara al poder, en donde la Policía, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tenían responsabilidad especificas para prevenir la violencia machista y para lograr que las víctimas tengan acceso a la justicia.

A propósito de la prevención de los femicidios y de la violencia hacia a la mujer, en agosto pasado el caso de Seyli Parrales fue una evidencia más de la falta de atención a las denuncias de violencia, puesto que la joven denunció ante la Policía y no le prestaron atención, por lo que la violencia culminó con un femicidio frustrado ¿Son este tipo de omisiones que se deben evitar en las instituciones?

Esa y otros tipos de omisiones son las que se deben evitar. Es decir, de las 49 víctimas sabemos que al menos 20 habían interpuesto denuncia en la Policía Nacional, en donde efectivamente la Policía minimizó la gravedad de las amenazas de los femicidas o, en el peor de los casos, ni siquiera las atendieron. En ningún caso movieron un dedo para ir a investigar, entonces, son esas y otras omisiones, son también las omisiones cuando hay denuncias por violaciones, abuso sexual o son mujeres que se atreven a denunciar el acoso sexual. Es decir, es todo el conjunto de la inacción del Estado, de la indolencia del Estado, de la falta de legalidad con la que actúa el Estado frente a las víctimas de violencia machista.

¿Qué tanto afectó el cierre de las Comisarias de la mujer?

El cierre fue letal. Era la primera puerta donde las víctimas llegaban y denunciaban, era la ruta de entrada para que el Estado se hiciera cargo.

¿Realmente cumplían su función? Muchos criticaban su funcionamiento antes que fueran cerradas.

Una cosa es que se les criticara porque tuviesen deficiencias, que efectivamente las tenían, pero evidentemente la respuesta no es cerrarla. Frente a criticas por los problemas de funcionamiento, de falta de personal o de insuficiente capacitación la respuesta era fortalecerlas no cerrarlas. Cerrarlas significa haberles cerrado las puertas a las víctimas, para que el Estado pudiera prevenir actos de violencia incluyendo el femicidio.

A nivel internacional ¿Cómo queda Nicaragua con un Estado que minimiza el nivel de violencia que hay en Nicaragua contra las mujeres?

En el marco de los mecanismos internacionales que tiene planteada la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y también de la Convención de Belém Do Pará que establece obligaciones de los Estados Americanos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el régimen Ortega-Murillo queda muy mal parado, en el sentido que es un gobierno que no ha tomado en serio los acuerdos internacionales para afrontar de manera integral y de forma sostenible la violencia contra las mujeres, que como ya sabemos es uno de los indicadores más relevantes en materia de inequidad, es decir, este gobierno queda expuesto ante la comunidad internacional como un gobierno que no ha puesto en el centro de su gestión pública los derechos humanos de las mujeres y, en particular, el derecho de vivir libre de violencia.

*Foto tomada de Internet.