La especialista Luz Indiana Talavera,  ahora exjefa del área de oncología del Hospital Bertha Carderón, confirmó a La Lupa el despido arbitrario del que fue víctima,el pasado 22 de abril, por parte de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), que le entregaron una carta haciéndole saber que era despedida por supuestamente haber cometido una falta «grave».

La verdadera causa por la que Talavera fue despedida se debe a que, a través de un video publicado en las redes sociales, insta a sus pacientes que vencieron el cáncer a quedarse en casa ante la pandemia del COVID-19, contrario a las políticas del Minsa, que apoya visitas casa a casa y actos donde se provoca aglomeraciones, pese a que esto no es acorde a lo que dictan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La doctora Talavera tenía 28 años de laborar par el Bertha Calderón, 18 de estos fueron dedicados a la jefatura del área de oncología, por lo que apuntó que el despido en su contra es «político», ya que solo le dijeron que cometió una falta «grave» sin darle mayores detalles.

El puesto de Talavera se conoció quedó asumido por el oncólogo Wagner Espinoza,reconocido entre sus colegas como una ficha leal al régimen orteguista en el Bertha Calderón.

Le montaron una trampa

La especialista explicó que le montaron una trampa, la subdirectora Ana Ortiz Zavala y con el nuevo jefe de oncología, quien dio órdenes de que las pacientes de León y Chinandega fueran atendidas en León, por lo que esto generó el descontento de una de las pacientes que rechazaba el traslado.

Posteriormente, Espinoza negó haber dado dicha orden ejecutada por Talavera y la señaló de negar atención médica.

“Lo catalogaron como una falta extremadamente grave. Fue un invento. La paciente fue atendida y operada”, aseguró Talavera en una entrevista con Confidencial.

Además, sentenció que su despido arbitrario será llevado ante todas las instancias nacionales correspondientes, entre estas la Corte Suprema de Justicia y a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El último reporte de la CIDH, publicado en su boletín mensual del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), refiere que en los últimos dos años de represión en Nicaragua se ha registrado: 328 asesinatos, 70 manifestantes continúan encarcelados, más de 405 profesionales de la salud fueron despedidos como represalia, más de 150 universitarios fueron expulsados por protestar y más de 100,000 están en el exilio.

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