Pese a que las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas han incrementado exponencialmente desde hace años, aumentando a 31 casos denunciados en el norte del país solo este año, las autoridades policiales continuar sin crear mecanismos para atender las familias afectadas y buscar a las víctimas, indica «Martha», defensora de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, que solicitó el anonimato.
«En los últimos años hemos ido nombrando y registrando la situación de la desapariciones, pero es una situación que desde hace muchos años se vive y no se le ha dado el nivel de dimensión que tiene, ni se ha visibilizado esta problemática. La Policía tampoco hace las investigaciones que ameritan y no da respuestas institucionales a las familias, así que ellas tienen que buscar sus propios mecanismos», expresa.
La Red de Mujeres del Norte inició el conteo de las desapariciones hace dos años con base en las denuncias que llegaban a la organización, debido a que las defensoras notaron un incremento de las familias que les solicitaban ayuda. No obstante, Martha señala que hay un “subregistro brutal”, pues el conteo se limita a los departamentos del norte como Matagalpa, Estelí y Nueva Segovia por la ubicación geográfica en la que se encuentran.
Así que advierte que el número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas podría ser mayor si se toma en cuenta las desapariciones de otros departamentos del país, situación que asegura que sucede a menudo, ya que a veces llegan denuncias de otros territorios.
«Nosotras hemos denunciado en varias ocasiones que esta es una problemática que tiene años, pero que ha aumentado. A pesar de eso, todavía las instituciones no hacen nada para atender esas demandas. Nosotras como una acción comunitaria llevamos el registro desde hace dos años, pero este año se ha hecho más difícil por las dificultades que estamos enfrentando las organizaciones», indica.
Pues, aunque las redes sociales han sido el espacio principal de denuncia y conteo de desapariciones, la Policía no lleva un registro público de las desapariciones de mujeres y menores de edad, quienes son las principales víctimas según la organización, así que no se sabe con certeza la gravedad de la problemática.
En la mayoría de los casos, las desapariciones se tratan de hombres adultos cercanos a la familia que se llevaron a menores con engaños y manipulación, donde las convencen de salir de su hogar con la promesa que ellos van a cambiar sus condiciones de vida.
Y al menos 5 casos están vinculados a la trata de personas, sin embargo, en estos casos las familias no proceden o no continúan con la denuncia por temor a sufrir represalias. Según la defensora, la trata es un delito del que casi no se habla y del que las personas tienen mucho miedo, lo que dificulta su visibilidad.
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Los últimos datos oficiales sobre trata reflejan que entre el 2019 y 2020, se investigaron 30 casos por delito de trata, de los cuales el 70% correspondía a mujeres y niñas y el 30% de las víctimas correspondían a niños, de acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
«Como resultado de dichos procesos judiciales, se ha logrado detener y procesar a 20 personas que resultaron culpables del delito; se rescataron 73 víctimas (13 hombres y 60 mujeres, 10 infantes, 28 adolescentes y 35 adultos)», indica una nota del Poder Judicial.
Otra razón por la cual no se denuncian las desapariciones es por la atención ineficiente de las instituciones, las cuales muchas veces revictimizan a las familias y las culpabilizan.
Martha ejemplifica que en la Policía, las respuestas más comunes a las personas que acuden es que deben esperar 72 horas, y después de esperar dicho tiempo, les hacen preguntas como “si la joven se fue con un hombre”, o comienzan a juzgarlos con frases como “ustedes no cuidan y no protegen”.
Así que en vez de sentirse protegidas, las familias se sienten cuestionadas y no proceden con la denuncia, quedando la mayoría de los perpetradores en la impunidad.
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Las instituciones tampoco brindan recursos económicos y humanos para las investigaciones y para que las propias familias se puedan movilizar para buscar a las menores. Así como la Policía tampoco realiza investigaciones propias de los casos que llegan.
“La semana pasada publicamos el caso de una desaparición de una mujer cuya familia tiene cuatro años de no saber sobre ella, hicieron la denuncia en la Policía y todavía no dan respuesta, a pesar que dieron a conocer el caso y dieron la información de su última ubicación, y no hay ningún proceso de investigación de este caso”, cuenta Martha.
Y en el caso que las menores aparezcan, no les dan seguimiento para evaluar los daños físicos y emocionales que pueden tener, ni para buscar a la persona que se las llevó.
Según la defensora, son las organizaciones quienes brindan el acompañamiento psicoemocional a las víctimas luego de vivir la desaparición, ya que muchas presentan trastornos de ansiedad, depresión e incluso intentos de suicidio.
Mientras que las familias cuyas parientes no aparecen quedan en el total olvido y abandono estatal, pues la única respuesta que les dan es el cierre o el archivo del caso, y no hay un tratamiento psicológico ante la secuela de la desaparición.
“¿Qué pasó con ella? ¿Está viva? ¿La mataron? ¿Dónde estará? Las familias solo quieren saber de su situación, porque definitivamente las desapariciones son un duelo muy complejo puesto que no hay información, pero las instituciones solo cierran el proceso”, señala la activista.
