La Coalición Nacional, integrada por opositores al régimen de Daniel Ortega, enviaron una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que le exponen las recientes violaciones a derechos humanos que la dictadura orteguista continúa cometiendo en Nicaragua durante la conmemoración de los dos años de la Rebelión de Abril.

Los opositores alertaron sobre la represión a pobladores de Esquipulas, en la Isla de Ometepe, además de la detención ilegal de ocho personas de esa comunidad, «secuestradas arbitrariamente por protestar cívicamente».

Además, enumeraron actos que van desde: 39 detenciones ilegales de opositores por razones políticas, 132 reportes de asedio a viviendas o negocios de opositores, 25 agresiones contra ciudadanos, viviendas, templos o iglesias, 10 allanamientos extrajudiciales a viviendas de opositores al régimen, 23 citaciones a la policía para la firma de “documentos” y amenazas.

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Los opositores además le urgen a la Alta Comisionada de la ONU que se pronuncie «nuevamente exponiendo la grave violación a los derechos humanos que sigue cometiendo el régimen Ortega-Murillo, para que desde su autorizada voz la comunidad internacional esté informada de esta reiterada violación, y de su responsabilidad de proteger a los pueblos en riesgo de crímenes atroces».

Algunas de las violaciones a derechos humanos denunciadas por los opositores han ocurrido en los últimos días, en el contexto de la pandemia del COVID-19, previo, durante y después del segundo aniversario de la rebelión cívica y pacífica que inició en abril 2018.

También recordaron que en el país todavía hay más de 70 presos políticos que están en condiciones de hacinamiento, apuntando que la práctica del régimen sigue siendo el de la puerta giratoria excarcelando a un pequeño grupo de reos políticos, pero encarcelando a una mayor cantidad de personas acusándolas de delitos comunes que no han cometido.

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Las denuncias de los opositores, que resaltan las constantes violaciones a derechos humanos, concuerdan con lo expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Eexpertos Independientes (GIEI), que indicó en su informe sobre Nicaragua que las protestas no fueron producto de un acontecimiento asilado, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando las instituciones públicas y concentrando el poder en el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El GIEI constató, al menos, 109 muertes violentas, más de 1400 heridos y 690 detenidos en los 43 días investigados de los primeros meses de represión gubernamental. No obstante, en dos años de resistencia cívica y de represión de la dictadura orteguista la Comisión Interamericana ha registrado 328 asesinatos, 70 manifestantes continúan encarcelados, más de 405 profesionales de la salud fueron despedidos como represalia, más de 150 universitarios fueron expulsados por protestar y más de 100,000 están en el exilio.

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