En una conferencia de prensa la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) demandó al régimen Ortega-Murillo el cierre de las causas judiciales contra los excarcelados políticos que la dictadura envió a sus casas bajo el régimen de convivencia familiar limitando sus derechos constitucionales.

«La convivencia familiar, para mucho de ellos, que enfrentan un proceso es inprocedente. Hay una manipulación al sistema de justicia y no podemos permitir que eso se haga porque no van a tener una seguridad jurídica, porque no se conoce su estatus legal ni van a poder disfrutar de sus derechos constitucionales», explicó la abogada María Oviedo de la CPDH.

La experta en derecho penal expresó que dicha figura legal solo aplica para sentencias firme condenatoria, según la Ley de ejecución, beneficio y control jurisdiccional de la sanción penal (Ley 745), por lo que en el caso de los excarcelados políticos de este grupo, como el que salió de las cárceles del régimen desde junio de 2019, quedan en «el limbo jurídico» porque no les aplicaron la Ley de Amnistía.

Limita derechos constitucionales

El régimen de convicencia familiar contempla según el Codigo Procesal Penal
la presentación periódica a los juzgados, la nula circulación en actividades de
recreación, así como la imposibilidad de viajar fuera de Nicaragua.

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El estatus judicial limira los derechos constitucionales, pues prohibe la
participación de los excarcelados políticos en protestas, movilizaciones y en
hacer cualquier tipo de expresión de activismo político.

«Los derechos constitucionales solo pueden ser limitados por una
sentencia que declare la culpabilidad sobre algún delito. En este caso no hay
ninguna autoridad que tenga esa capacidad, que la ley no le da ninguna función
a la Policía, al Penal para limitar los derechos constitucionales. Cada órgano
actúa en función de cumplir un mandato personal o partidario que es en algún
tipo de situación que las personas puedan manifestarse y opinar contra el
gobierno», dijeron.

La Ley 745 en su artículo 19 establece la libertad condicional para el regimen de convicencia familiar, la cual tiene una serie de prohibiciones y condiciones. En este caso como existen excarcelados con acusaciones por el delito de narcotráfico por lo que deberán además: ingresar a un centro para tratamiento adicionales o sometimiento a tratamiento médico externo.

Los excarcelados celebraron poder estar en casa con sus familiares.
sentenciados antes de ser excarcelados

Los defensores de derechos humanos, expresaron que han realizado, al menos cinco visitas a los excarcelados políticos para realizar entrevistas y poder documentar los casos, por lo que hasta ahora, no hay un dato preciso de cuantos fueron excarcelados más allá del dato ofrecido por la dictadura de 91 presos políticos.

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De igual forma, expresaron que en la visita los excarcelados mencionaron que fueron amenazados, mediante una videoconferencia con funcionarios orteguistas del Penal La Modelo y la Policía, en la que se les advirtió de sus movimientos en los sitios donde ocurrieron los hechos, por los cuales eran acusados.

«Hasta el momento la narrativa de ellos, es que a las 3 de la mañana fueron reunidos en un salón en el Penal y en El Chipote donde se les realizó una videoconferencia … se hizo una conexión con el Nuncio, la Cruz Roja y se les manifestó que iban en libertad, que se les iba a dar la convivencia familiar, que se les prohibía salir del país o regresar a los lugares donde se cometió los ilícitos», revelaron.

Además, les expresaron que al momento de ser entregados a sus familiares, solo se les entregó «una hoja común», ningún tipo de resolución ni copia ni siquiera permitieron que se le tomaran fotos a los documentos que fueron obligados a firmar

Casos DE INOCENTES

Oviedo mencionó casos como el del excarcelado, Pedro Gutiérrez a quien consideran debería declarsele inocente; y otros como el de Jaime Navarrete, Gerardo Mejía, Edward Lacayo, conocido como La Loba, quienes permanecen aun en las cárceles del régimen orteguista.

«Pedro no tuvo ninguna participación en los hechos que se le estan imputando, por ende Pedro no tiene porque ser excarcelado tiene que ser declarado inocente porque es inocente, por lo tanto, nosotros al iniciar las operaciones, lo primero que vamos a exigir en el estatus legal es que sean liberados», expresó.

Texto de Maryórit Guevara y Ernesto García.

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