La familia de las personas presas políticas viven en incertidumbre y con miedo por la falta de información, situación que fue denunciada por organizaciones de la sociedad civil en Ginebra tras conocer el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU.  

Thelma Brenes Muñoz lleva siete meses sin saber del paradero de su padre, el coronel en retiro del Ejército Carlos Brenes Sánchez, y de la esposa de este, Salvadora Martínez Aburto, detenidos en agosto de 2025. 

“No hay fotos, no hay llamadas, no hay visitas”, relató Brenes durante el evento “Nicaragua: Impacto de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en los derechos humanos”, celebrado paralelamente en el marco del 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el miércoles 18 de marzo de 2026. 

Brenes Muñoz denunció la falta de información oficial sobre la situación de sus familiares. “Desde su captura no hemos tenido ningún contacto con ninguno de los dos”, añadió.

Según su testimonio, en Nicaragua se ha extendido una práctica en la que no solo se detiene a opositores, sino también a sus familiares, sin base legal ni información sobre su paradero.

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“Hoy la situación ha empeorado. El régimen detiene a familias completas y las desaparece”, afirmó, al señalar que la detención de ambos ocurrió pese a no existir cargos en su contra.

Brenes Muñoz también denunció que las familias enfrentan intimidación constante para evitar que hagan públicas estas situaciones. “Hay miedo, pero quienes podemos alzar la voz lo seguiremos haciendo”, dijo.

Estas denuncias coinciden con los hallazgos hechos por el GHREN en su informe del 10 de marzo de 2026, en el que  documentan un aumento de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como el impacto que estas tienen en las familias, particularmente en mujeres que asumen roles de cuidado y defensa.

IM-Defensoras advierte sobre represión en Nicaragua 

Arlen Centeno, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), alertó sobre la magnitud de la represión contra mujeres en Nicaragua. “Desde el inicio de la crisis sociopolítica hemos documentado 16,000 agresiones contra 1,702 defensoras y 398 organizaciones”, señaló.

La defensora subrayó que una parte importante de estos ataques corresponde a hostigamiento sistemático. “El 45 % de estas agresiones son hostigamientos, estigmatizaciones, vigilancias y amenazas, lo que demuestra los entornos torturantes en los que desarrollamos nuestra labor”, afirmó.

Centeno también denunció el uso de detenciones arbitrarias como mecanismo de represión. “Hemos documentado 236 casos de defensoras y activistas detenidas arbitrariamente, la mayoría en condiciones de desaparición forzada”, indicó, al agregar que varias de ellas han sido judicializadas.

Asimismo, advirtió sobre las formas de violencia específicas que enfrentan las mujeres en prisión. “Han sufrido violación sexual, desnudez forzada, amenazas con difundir imágenes íntimas e insultos con connotación sexual”, detalló, junto con agresiones psicológicas vinculadas a su maternidad y amenazas contra sus hijos.

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En relación con el exilio, explicó que las medidas adoptadas por el Estado han tenido un impacto profundo. “El destierro, la pérdida de nacionalidad y la apatridia han afectado de forma particular a las defensoras”, señaló, al indicar que muchas enfrentan dificultades para reconstruir sus vidas fuera del país.

Finalmente, alertó sobre las condiciones en las que permanecen algunas mujeres excarceladas. “No están libres. Se encuentran recluidas en sus domicilios, sometidas a nuevas formas de represión y control”, afirmó.

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La Lupa Feminista