Un grupo de 41 presos y presas políticas, incluidas tres mujeres, fue beneficiado con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien consideró que estas personas están en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” en siete centros penales de Nicaragua.

Los reos y reas están en riesgo debido a las condiciones de detención en las que se encuentran y la falta de atención médica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como parte de los argumentos expuestos ante la CIDH, se señala que los centros no cuentan con los requisitos mínimos para garantizar el distanciamiento social, tampoco se cumplen las medidas de higiene. Algunos familiares denunciaron que les prohibieron el ingreso de agua potable para el consumo del preso o presa política y también hubo restricciones en cuanto al ingreso del alcohol gel o líquido, cloro, y mascarillas.

La CIDH solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias identificadas; adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan acceder de manera inmediata a las valoraciones especializadas en salud que sean necesarias para determinar las condiciones médicas en las que actualmente se encuentran, y determinar las atenciones medidas que sean necesarias, así como, asegurar que efectivamente sean recibidas.

Además, tomando en cuenta el contexto de pandemia por el COVID-19 y la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad, piden se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables.

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Treinta presos políticos de los beneficiados con las medidas cautelares están detenidos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Ellos son Maycol Antonio Arce, Norlan Josué Cárdenas Ortiz, Richard Alexander Saavedra Cedeño, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Edwin Antonio Hernández Figueroa, Wilber Antonio Prado Gutiérrez, Steven Moisés Mendoza, Giovanny Jareth Guido Morales, Max Alfredo Silva Rivas, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Alexander Rafael Martínez López, Gabriel Renán Ramírez Somarriba, Víctor Manuel Díaz Pérez, Edman Jheancarlos Mora Ortiz, Edwin Javier Mora Cajina, Nilson José Membreño, Francisco Xavier Pineda Guatemala, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Luis Carlos Valle Tinoco, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, Ernesto Antonio Ramírez García, Néstor Eduardo Montealto Núñez, Michael Rodrigo Samorio Anderson, Fanor Alejandro Ramos, Justo Emilio Rodríguez López, Víctor Manuel Soza Herrera, Celia Cerda Cruz y John Christopher Cerna Zúniga. Uriel José Pérez habría estado hasta el 5 de junio en el Hospital Alemán, pero habría sido trasladado nuevamente al SPN “La Modelo”, señala la resolución de la CIDH.

En La Modelo los presos viven en un ambiente hostil “promovido por el personal de custodia en contra de los presos identificados como “políticos”. En una ocasión, la esposa de Wilber Antonio Prado Gutiérrez, uno de los reos, denunció que un custodio la amenazó, diciéndole que “no saldrá vivo del penal” y al preguntar por qué, el hombre le contestó: “porque sos puchito”. En protesta contra los abusos de los que son víctimas, a inicios de octubre, se conoció que al menos tres presos decidieron zurcirse la boca. En las cárceles del régimen orteguista permanecen un poco más de cien personas que han sido privadas de su libertad por haber alzado su voz contra el Gobierno y haber ejercido su derecho a la protesta cívica.

Cabe mencionar que la CIDH solicitó información al Estado el 24 de junio de 2020 sobre la situación de los reos, pero este no había respondido hasta la publicación de esta resolución, este 2 de noviembre.

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Presos políticos Nicaragua
En las cárceles de Nicaragua hay un poco más de cien presos políticos, que padecen violaciones a sus derechos humanos. LA LUPA

Protección para padres de exreos políticos

La CIDH también otorgó medidas cautelares para Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban, quienes son los padres de los hermanos Lesage, excarcelados políticos, en una resolución del pasado 28 de octubre.

Su situación de riesgo se debe a que constantemente padecen hostigamientos, amenazas, vigilancia y hechos de violencia por parte de agentes estatales y paraestatales, presuntamente como resultado de la participación de sus hijos en las protestas iniciadas en el país en abril de 2018. La CIDH señala que el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Desde el 2018 la fuerza policial se convirtió en un brazo del partido de Gobierno y se encarga de perseguir y acosar a los exreos políticos, así como a sus familiares. De hecho, varios de los que fueron dejados en libertad han sido recapturados, los han involucrados en hechos delictivos y condenados.

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