Las presas políticas integrantes del partido Unamos, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Maragarita Vijil y Suyen Barahona, cumplen seis meses de estar encarceladas arbitrariamente y de encontrarse en tortura permanente a través del aislamiento total y la incomunicación. A pesar que todas ellas se encuentran con medidas provisionales, es decir, con la protección más alta que puede dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el régimen Ortega Murillo no pretende liberarlas pronto, indica Vilma Núñez, defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Para la defensora, lo más preocupante no es solo la gran cantidad de tiempo que han estado aisladas, sino las condiciones en las que enfrentan dicho aislamiento. Según ella, el objetivo de Ortega y Murillo es “exterminarlas” y generar un entorno “grotesco” en la cárcel para que ellas colapsen, puesto que ninguna persona puede soportar la situación carcelaria que ellas están viviendo sin ningún daño permanente.
“No solo es que están encerradas, sino las condiciones en la que lo están, que eso es lo peor. Sin contacto con el mundo exterior, sin un ambiente natural porque no les dan sol. A Dora María la mantienen sin luz, tiene que asomarse en las rendijas de las celdas para ver un poco de luz. La pretenden dejar ciega. Mientras que la situación de Tamara es verdaderamente angustiante porque está encerrada completamente. Hay un abuso de poder y hay una intención dolosa de volverlas locas, de agredirlas psicológicamente de manera irreversible”, asegura Núñez.
A como las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado constantemente desde la detención ilegal de las activistas políticas, enfrentan cargos e imputaciones falsas, y las autoridades estatales no han justificado la gran prolongación del aislamiento, a pesar que esta sanción no puede durar más de quince días y con motivos de mala conducta, según establece el mismo Sistema Penitenciario. De acuerdo con Núñez, “estamos frente a la comisión de un delito en contra de ellas”.
Tanto Téllez como Dávila, Vijil y Barahona son acusadas de infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra la dictadura.
Por su parte, Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y acusados de supuestamente lavar dinero, cumplen este 14 de diciembre 200 días de detención arbitraria, siendo los primeros capturados de la ola de detenciones ilegales en mayo de este año, cuando Cristiana Chamorro pretendía candidatearse para la presidencia.
Actualmente hay más de 160 personas presas políticas, y la lista ha experimentado un aumento después de las fraudulentas elecciones presidenciales el pasado 7 de noviembre. La mayoría de las personas detenidas arbitrariamente están siendo procesadas por la Ley de ciberdelito y Ley de soberanía nacional. Sus audiencias preliminares fueron realizadas a escondidas de sus familias y representantes legales, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Además de contar con garantías judiciales, a dichas personas no se les permite tener visitas con sus familiares de manera regular, lo que agrava la situación de tortura que viven algunas de ellas, indica Ana Lucía Álvarez, refiriéndose a su hermanaTamara Dávila, la única presa política que se encuentra en una celda empernada con nulo acceso a luz natural.
De acuerdo con Álvarez, las torturas aumentan después de una visita, las cuales solo han tres en estos últimos seis meses. “Los interrogatorios se mantienen y aumentan con respecto a la visita anterior, en octubre. Tiene tres interrogatorios al día, todos los días, y son diferentes personas, hasta 16 personas diferentes ha contabilizado Tamara. Siguen sin dejar que se comunique con su hija, al igual que Suyen son sus niños y sus niñas, ni siquiera a través de una llamada telefónica”, explica.
Actualmente todos los juicios se mantienen en “tramitación compleja”, lo que alarga los juicios hasta medio año, es decir, todos estas personas ya tuvieron que haber sido liberadas. No obstante, Núñez señala que el régimen pretende institucionalizar las agresiones y detenciones, de manera que no se vean como ilegales.
«Si pudiera ver a Tamara le diría que cada día la admiramos nada. Hemos estado con ella todo el tiempo, que la amamos y que aquí estamos para ella siempre», expresa Álvarez.
