Lograr la libertad de 97 presos políticos sigue siendo uno de los objetivos primordiales de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que este miércoles denunció las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Consejo Político de la UNAB, a la fecha, identifica diferentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, que en los últimos meses ha venido cometiendo el régimen.

“Denunciamos ante los organismos internacionales que se continúa poniendo en riesgo la vida de las personas en el país, ahora con una triple crisis: la dictadura, la recesión económica y la pandemia”, señala el comunicado que fue leído por Tamara Dávila, miembro del Consejo Político.

 “Secuestrados ilegalmente”

La UNAB continúa denunciando que 97 nicaragüenses siguen “secuestrados ilegalmente”. Un total de 87 personas fueron detenidas durante la “Rebelión de Abril” por unirse a las protestas contra el régimen, y 10 fueron encarcelados antes de ese periodo.

“Vamos a tener encuentros con los familiares de presos para ver de qué manera podemos reforzar la exigencia de la liberación, (pero) depende de la correlación de fuerzas que tengamos con este régimen”, señaló Violeta Granera, miembro de la UNAB.

Por su parte, Alexa Zamora, integrante de esta organización destacó que el tema de los presos de conciencia es de “primer orden”.

“Nosotros no hemos cesado de exigir de manera permanente la libertad de los presos políticos, hemos establecido esto como una demanda permanente de primer orden”, dijo.

La UNAB, en su más reciente informe destacó que los “juicios viciados” contra los presos y presas políticas es una constante de las autoridades judiciales al servicio del régimen.

La presa política, María Esperanza Sánchez fue condenada recientemente a una pena de 10 años de prisión y una multa de 31,000 córdobas, por la única razón de protestar contra el régimen.

La pandemia

El Consejo Político de la UNAB denunció el mal manejo que ha hecho el régimen de la pandemia, lo que ha provocado el fallecimiento de 2,087, según datos del independiente Observatorio Ciudadano, aunque las cifras oficiales indican que solamente 91 personas perdieron la batalla frente al COVID-19.

En ese contexto recordaron que el régimen despidió a 22 especialistas por “criticar a las autoridades por falta de medidas efectivas para prevenir o mitigar el coronavirus”.

Recordaron que, un total de 691 trabajadores de la salud se han contagiado y otros 76 fallecieron.

“Responsabilizamos a la dictadura por este crimen sanitario”, reza parte del informe que presentó el Consejo Político de esta organización.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su más reciente informe ante el Consejo de esa organización, denunció que la crisis sanitaria causada por la COVID-19 en Nicaragua ha provocado mayores “restricciones del espacio cívico y democrático”.

Desde marzo pasado, cuando el régimen informó sobre el primer caso positivo de coronavirus, también 30 profesores han muerto en todo el país, denunciaron.

“La dictadura no ha implementado la medida de suspender o cancelar las clases”, señaló Dávila.

Asedio contra opositores

Por otro lado, otra medida de represión del régimen es el asedio constante en las casas de los opositores.

Solo el fin de semana, 30 casas de opositores fueron asediadas en los departamentos de León, Masaya, Jinotega, y Managua.

“Desde hace cuatro semanas nos han reportado la reactivación de asedios, secuestros y persecución por parte de policías y paramilitares en algunas ciudades como Wiwilí, en Jinotega”, afirmaron.

“Todos los nicaragüenses debemos estar claro que esta es una lucha de persistencia que va a seguir siendo dura, pero debemos mantenernos en pie, porque ya está cerca el cambio”, aseguró Granera.

Asesinato de campesinos

El asesinato de campesinos en las zonas rurales del país “continúan en aumento”, pero aún, nadie las esclarece, denunció la UNAB.

El más reciente caso de la ejecución a campesinos ocurrió el pasado 23 de junio en la comarca Las Vallas Abajo, en el municipio de Waslala, donde fueron asesinados los campesinos identificados como Lucio Granados Muñoz, Odorico de Jesús Ortega González y Ramón Pérez Granados.

“Las muertes selectivas siguen, los secuestros en el campo, la estrategia del régimen no ha cambiado su manera de oprimir”, dijo Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político.

El incremento de femicidios (36 en lo que va del año) y los nicaragüenses que se encuentran varados en el extranjero son otra forma de violar los derechos humanos, denunciaron.

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La Lupa Nicaragua