(EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este viernes a Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida de los integrantes de dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa ese país.
La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, ordena la protección a los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Estas organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Daniel Ortega en contra de los manifestantes que desde abril de 2018 piden la salida del mandatario y nuevas elecciones.
«Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los integrantes del CENIDH y de la CPDH, y asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones», indica la resolución de medidas provisionales.
El documento también requiere al Estado nicaragüense que «garantice que las medidas específicas de protección se establezcan con la participación de los beneficiarios y se evite, en la medida de lo posible, que sean brindadas por los funcionarios de seguridad, que según los beneficiarios están involucrados en los hechos».
El Estado nicaragüense deberá informar a la Corte Interamericana, a más tardar el 31 de julio próximo, sobre las medidas urgentes adoptadas.
El pasado 27 de junio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la CorteIDH una solicitud de medidas provisionales, ante las amenazas recibidas por los defensores.
El presidente de la CorteIDH consideró en su decisión que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de «una situación de extrema gravedad».
«El presidente (de la CorteIDH) aprecia la existencia de una situación grave de hostigamiento, estigmatización y amenazas, así como seguimientos y agresiones dirigidas a los miembros del CENIDH y de la CPDH», establece la resolución.
El texto detalla que «todas las personas que forman parte de las organizaciones identificadas comporten los mismos factores de riesgo por el solo hecho de pertenecer a las mismas y desempeñarse como defensoras de derechos humanos».
El pasado 12 de diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua retiró la personalidad jurídica del CENIDH y, actualmente, algunos de sus integrantes siguen trabajando en la clandestinidad o desde fuera del país.
La resolución del presidente de la Corte Interamericana señala la existencia de «publicaciones amedrentadoras en redes sociales, junto con las alegadas declaraciones públicas por parte de funcionarios de gobierno llamando a desacreditar el trabajo de los defensores de derechos humanos».
Esto, según el documento, «puede poner en una situación de grave riesgo» a los activistas respecto de su vida o integridad personal, a lo que se suman campañas de descrédito.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes «de lesa humanidad», debido a la muerte de al menos 326 personas en los últimos 15 meses. Organismos locales suman 594, y el Gobierno admite 200.