Los reportes oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) en Nicaragua son poco transparentes y no incluyen información consistente para valorar qué estrategia se debe seguir frente a la pandemia del COVID-19, valora epidemiólogo.

Desde que se confirmó el primer caso, el pasado 18 de marzo, las autoridades sanitarias no informan con claridad en sus informes la cantidad de exámenes diarios que realizan, ni se da información concreta sobre los casos positivos, como ocurre en el resto de países de la región.

El epidemiólogo, Rafael Amador, explicó que los informes del Minsa deberían contener como mínimo una “clara definición del caso”. No obstante, las comunicaciones emitidas por las autoridades sanitarias no explican cuántos casos se han diagnosticado con la enfermedad, cuántos se mantienen como casos activos, los grupos de edades y localizaciones, por ejemplo.

“Cuándo vamos a entender que un caso es confirmado, cuándo vamos a entender que un caso es sospechoso o presuntivo, tener muy claro esto y que no sea solamente de manejo de las autoridades sanitarias, sino que toda la población entienda qué significa eso, es decir la definición de esta nomenclatura, pero además compartir esta información con la población porque todo el mundo está involucrado”, dijo el especialista.

A diferencia de Nicaragua, el Gobierno de Costa Rica incluye todos esos parámetros que son necesarios para evaluar la situación general de casos y brindar las recomendaciones necesarias a la población.

Al 30 de abril, las autoridades sanitarias costarricenses presentaron su informe especificando con exactitud los casos confirmados, el rango de edad, cuántos son hombres y mujeres, si son costarricenses o extranjeros, los cantones o las localizaciones donde se registran los casos, cuántos se han recuperado, el número de hospitalizados y su condición, en fin un sinnúmero de datos que muestran el panorama de la situación del COVID-19 en ese país.

“Se registran 719 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad de uno a 87 años. Se trata de 341 mujeres y 378 hombres, de los cuales 647 son costarricenses y 72 extranjeros”, dice parte del informe del gobierno costarricense al 30 de abril.

Otro ejemplo de la transparencia con la que actúan frente a la pandemia es El Salvador, que ofrece en sus informes dos aspectos, uno que se refiere a los “destacados” en el que incluye los casos confirmados, activos, fallecidos y recuperados; cuáles de estos son importados o locales; el estado de salud de cada uno y el total de pruebas realizadas.

El régimen comenzó esta semana a promover acciones de desinfección a medios de transporte.

En el otro aspecto detalla un “resumen de la situación”, es decir acciones y acontecimientos dentro del marco de la respuesta a la emergencia COVID 19 que el Gobierno de El Salvador ha continuado ejecutando desde el 10 de abril a la fecha.

NI CLAROS, NI DIRECTOS

En los primeros comunicados, que no son amplios ni directos, el Minsa solamente se refirió a los primeros diagnósticos como “caso importado”, término definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a las personas que se contagiaron en otro país distinto al que pertenece.

Posteriormente el Minsa empezó a referirse a los otros pacientes como “contacto con caso importado”, “contacto con otras nacionalidades, y en algunos casos hasta ocultó información, pues no señalaban la forma en que la persona resultó contagiada.

Cuando se refieren a la condición del paciente indican que está “delicado pero estable”, “estable y atendido”, “en seguimiento responsable y cuidadoso” o “en cuido y monitoreo responsable y permanente”.

Durante la comparecencia de este jueves, el dictador Daniel Ortega por primera vez reconoció que hay 14 casos confirmados de COVID-19 en el país y que unas 162 personas han estado en “seguimiento”. Además manifestó que se han realizado 18 mil 891 charlas sobre medidas preventivas y se han fumigado 29 mercados y 31 terminales de buses. También señaló que se desinfectaron 427 escuelas y 187 unidades de salud de todo el país.

El Minsa es algunos de sus comunicados solo refiere que tenemos “tres personas con COVID-19 delicados, pero estables ”, tal y como informó este viernes. En el más reciente informe correspondiente al 1 de mayo, el secretario general , Carlos Sáenz, señaló que permanecen 15 personas en «cuido y monitoreo» y puntualizó diciendo que en Nicaragua «no tenemos transmisión local comunitaria».

PRUEBAS BCIE

Según Amador, con la existencia en el país de 26 mil pruebas que fueron donadas el pasado seis de abril por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las autoridades sanitarias debieron empezar a utilizar los kit de forma “correcta” y “reportar los resultados” a la población.

“Cuál fue la situación al utilizar esos exámenes, pero por el momento el Ministerio solamente dijo que iba a hacer 50 pruebas al día a nivel nacional, lo cual estadísticamente no aporta ninguna información”, mencionó el epidemiólogo.

Por último, el Minsa debería aprovechar el modelo  “comunitario y familiar” de salud, del que tanto presume el régimen, para detectar casos más tempranamente, señaló Amador.

“Apoyarse en todas las informaciones, formales e informales, que se estuviera generando en todos lados, aprovechando que existe un modelo de salud comunitario y familiar para que las personas que tuvieran en su conocimiento gente que está presentando alguna sintomatología, como se ha estado reportando, lo informen a las autoridades sanitarias para que ellos vayan a hacer los estudios en base a la nomenclatura definida previamente y luego informen a la población de cuál fue el resultado”, puntualizó Amador.

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