¿Qué tipo de medidas adoptaron los países latinoamericanos durante la pandemia? Restricciones de circulación y ayudas sociales están entre las más comunes, aunque hubo diferencias en la articulación entre los Ejecutivos y los Legislativos en los distintos países. Acá una revisión en detalle, en base a la información recopilada en la base de Latam Chequea Coronavirus, de las medidas de gobierno de los países de la región. En términos generales, el análisis permite advertir que los gobiernos de la región han implementado un abanico de medidas de emergencia que apuntan a resguardar los derechos fundamentales de sus habitantes, dando una especial atención, en la mayoría de los casos, a los sectores más perjudicados por el contexto.

Medidas que, en su mayoría, atienden los principales lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el  20 de abril 2020, para que los Estados respondan a la emergencia respetando y garantizando los derechos humanos de todos sus habitantes.

Restricción de movilidad y medidas sanitarias: cuarentenas, suspensión de actividades y eventos y uso de mascarillas

En primer lugar, se observa que la gran mayoría  de los países de la región implementaron restricciones a la circulación de personas por sus territorios. Se prohibieron también los eventos masivos, se redujo gran parte de las actividades comerciales y se decretó la suspensión de clases.

En segundo lugar, las medidas sanitarias también fueron una constante de la región. Salvo el paradigmático caso de Nicaragua, el resto de los Estados latinoamericanos tomaron un conjunto de medidas sanitarias destinadas a atacar y reducir el impacto del virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID.19. Entre ellas, se pueden mencionar disposiciones que establecieron las características de la población de riesgo, que ordenaron el uso obligatorio de mascarillas en ciertos lugares, que mandaron a adaptar lugares para la atención médica de la población y que obligaron a instituciones públicas y privadas a recibir pacientes con coronavirus.

Ayudas sociales: bonos y subsidios, créditos blandos y derecho a la vivienda

Ahora bien, a la par que se restringieron las actividades mencionadas y que se adoptaron medidas sanitarias de distintos tipos, la mayoría de los países de América Latina dispuso la entrega  de bonos  o  subsidios destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos otros gravemente perjudicados por el contexto, como  las trabajadoras y trabajadores independientes, entre otros. La Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay son ejemplos de ello.

Asimismo, muchos Estados decidieron prorrogar o eximir a la población del pago de servicios públicos esenciales, como el agua, la electricidad, el gas y, en algunos casos, las conexiones telefónicas y el acceso a internet. Entre los países que han adoptado este tipo de medidas, se encuentran: la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay.

En algunos casos, también se destacan medidas de apoyo alimentario directo, tanto a niños, niñas y adolescentes en edad escolar, como a otros sectores en situación de pobreza. La Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay han adoptado disposiciones en ese sentido.

Sumado a este conjunto de medidas, los gobiernos de América Latina han establecido diversos canales de acceso a créditos blandos para el sector privado, como así también han dispuesto exenciones y prórrogas para el pago de impuestos vinculados a la actividad comercial y/o al consumo. En la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay se adoptaron medidas en esa línea.

Menos difundidas, pero igual de relevantes parecen ser las decisiones adoptadas por Perú en relación a las personas privadas de su libertad y a aquellas en situación de calle. Por un lado, las autoridades peruanas ordenaron asignar recursos específicos al Servicio Penitenciario para reforzar el sistema de prevención y contención frente al Covid-19 en las cárceles del país. Por el otro, también giraron recursos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar hogar temporal a las personas en situación de calle.

Por último, vale la pena destacar las políticas de resguardo del derecho a la vivienda adoptadas por la Argentina, Costa Rica y Venezuela. En el primer caso, las autoridades ordenaron congelar y prolongar los contratos de alquiler y suspender los desalojos. Asimismo, junto a Costa Rica, la Argentina fijó facilidades para el pago de créditos hipotecarios. En el caso de Venezuela, su gobierno estableció la suspensión del pago de alquileres.

El Ejecutivo y el Legislativo: una relación más fluida en algunos países que en otros

La pandemia situó a los Estados de todo el mundo frente a la necesidad de adoptar una gran cantidad de medidas en contextos de emergencia. En América Latina, dicha situación empoderó aún más a los Poderes Ejecutivos. A más de tres meses desde el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 adquiría la entidad de pandemia, en nuestra región, el rol de los otros Poderes del Estado, y especialmente de los Poderes Legislativos, se encuentra en continuo debate.

El caso de la  Argentina es una muestra de ello. Tuvo que transcurrir más de un mes y medio desde que se decretara la cuarentena obligatoria en el territorio nacional, para que el Congreso de la Nación comenzara a sesionar de forma remota. Previamente, ninguna de las dos Cámaras había tenido una sesión oficia. De hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación, promovió una acción declarativa de certeza a fin de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejara “el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos”. Fue sólo luego del pronunciamiento del máximo tribunal que ambas Cámaras decidieron retomar sus sesiones bajo la dinámica del teletrabajo.

Sin embargo, no todos los países vivieron esta demora. Las legislaturas de Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y Uruguay sancionaron leyes sumamente relevantes en los primeros momentos de la pandemia.

En Chile, por ejemplo, produjeron un conjunto de normas que pasaron a integrar el “Plan Económico de Emergencia por coronavirus”. Entre ellas, la Ley 21.225 que crea el Bono Coivd-19 destinado a fortalecer el subsidio familiar para sectores de bajos recursos. Esta regulación, establece también una serie de exenciones impositivas para micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de mitigar el impacto negativo de la pandemia.

Por su parte, el Parlamento del Uruguay creó mediante la Ley 19.874, el “Fondo Solidario COVID-19” destinado a atender en forma exclusiva las erogaciones provenientes de la protección de la población frente a la emergencia sanitaria.

En Paraguay, fue el Congreso de la Nación quien, a través de la Ley 6524, declaró el estado de emergencia y autorizó al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales a fin de mitigar las consecuencias de la pandemia, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.

Incluso en Brasil, tan cuestionada en este contexto por la actitud de su presidente, Jair Bolsonaro, que se pronunció en contra de las medidas sanitarias, la actividad parlamentaria derivó en la suspensión de los plazos para ajustar gastos fiscales y en la creación de una comisión mixta para monitorear los gastos y las medidas tomadas por el gobierno federal para enfrentar el coronavirus.

Cierto es también que, en algunos casos, la actividad parlamentaria ha virado a discusiones reñidas con los derechos fundamentales de las y los habitantes de la región. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, por ejemplo, instó recientemente a que se debatiera un marco institucional para penalizar a personas y plataformas que difundan “noticias falsas”; una propuesta conflictiva a la luz del derecho a la libertad de expresión en ese país.

Sin embargo, las experiencias comparadas que permite identificar la base Latam Chequea, muestran que el trabajo articulado entre los Poderes Ejecutivos y Legislativos es una dinámica posible en la región, que si bien presenta algunos casos problemáticos, en general ha estado produciendo resultados valiosos en términos de derechos humanos para las y los habitantes de América Latina.

La emergencia en la que nos encontramos hace que aumenten las urgencias y los márgenes de error se reduzcan. En este escenario, la actividad parlamentaria posibilita una instancia de participación y debate.

* Cinco organizaciones llevan adelante un proyecto para aclarar asuntos legales en el contexto de pandemia. Son el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UBA, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) y el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (CELE-UP).  

*Este artículo fue publicado originalmente en la plataforma Chequeado (Argentina) y es reproducido en www.lalupa.press como parte de la alianza Latam-Chequea en la que fact-checkers de 41 países nos hemos unido para luchar contra la ola de desinformación.

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La Lupa Nicaragua