Solicitó que el Comité Internacional de la Cruz Roja pida autorización para visitar a las personas que siguen "detenidas" por motivos políticos y siendo "víctimas" de violaciones a sus derechos
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El Gobierno de Colombia, dirigido por el presidente Gustavo Petro, abogó este jueves, 23 de febrero, por las 35 personas que siguen en las cárceles de Nicaragua, por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitando el actuar del Comité Internacional de la Cruz Roja y “al mundo entero a que reaccione”.
“Colombia llama al mundo entero a que reaccione. Por lo pronto, pedimos a la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos”, indicó el Gobierno colombiano a través de un comunicado publicado por la Cancillería de ese país.
Además, recordó que estas personas que siguen detenidas por motivos políticos en Nicaragua son “víctimas” de graves violaciones a sus derechos y, por ende, “el Derecho Internacional Humanitario los cobija”.
La Administración de Petro resaltó que entre las personas presas políticas se encuentra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí, quien se rehusó a salir de Nicaragua.
“Queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca. Así las cosas, el señor Obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país. Lección para el mundo y para el actual jefe de Gobierno de Nicaragua”, reza el comunicado.
También, denuncia que “la patriótica decisión” de monseñor Álvarez “fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión”.
El 10 de febrero, Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión: diez años por el supuesto delito de “conspiración”; cinco años por el supuesto de “propagación de noticias falsas”; cinco años y cuatro meses por el supuesto delito de “obstrucción de funciones agravada”; y un año por el supuesto delito de “desacato a la autoridad”; y 800 días multa, equivalentes a más de 1500 dólares, más el despojo de su nacionalidad.
El Gobierno colombiano señaló que “el autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república de Nicaragua ha infringido normas ius cogens (de obligatorio cumplimiento). Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia”.
Dichas violaciones, resaltó Colombia, es deber de la Corte Penal Internacional conocer, por lo que solicitó «al señor Fiscal de la Corte tomar cartas en tan alarmante asunto”.
Entre las 35 personas que siguen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según la lista del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, están: Jonathan Snayder López Guzmán, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Rodrigo José Navarrete Vanegas, Eliseo de Jesús Castro Baltonado, Fanor Alejandro Ramos, Bismark Antonio Sándigo Sándigo, José Manuel Urbina Lara, Maycol Jhon Herrera Gutiérrez, Misael de Jesús Escorcia Rugama, Eddy Danilo Melendez Lacayo, Kevin Emilio Castrillo, Walner Antonio Ruiz Rivera, Edder Oniel Muñoz Centeno, Carlos Alberto Vanegas Gómez, Fernando José Acevedo Herdández y Manuel Salvador García Rodríguez.
También Martha Candelaria Rivas Hernández, Rolando José Álvarez Lagos, Beyker Enrique Ferreti Hernández, Juan Ramón Mena Galarza, Jeffrey José Ortega Orozco, Axel Manuel Gonzáles Garay, Daniel Agustín Serrato, Victor Manuel Carranza Silva, Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Meza Raudez, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Leonel Antonio Póveda Palacios y Marvin Vargas Herrera.
