Cierre del espacio cívico avanza y amenaza a defensoras en las Américas
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Por 0 Más de 40 organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en Bogotá en el marco del encuentro “Imaginar con otros”, un espacio de diálogo, reflexión y elaboración de estrategias frente al cierre del espacio cívico en países de América Latina, donde la criminalización de la protesta, la represión a defensores de derechos humanos y el retroceso en las libertades civiles se han vuelto cada vez más comunes en la región.
El encuentro —que se llevará a cabo entre el 3 y 5 de junio de 2025— es promovido por el programa Fortalecimiento Enlaza que ejecuta Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia y contará con la presencia de líderes del país anfitrión, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Rusia, Hungría y Estados Unidos.
En este espacio —según Dejusticia— buscan fortalecer las capacidades colectivas y las alianzas internacionales para enfrentar el avance de regímenes autoritarios y medidas represivas contra quienes defienden derechos humanos en la región.
“Solo con organizaciones sociales y un movimiento de derechos humanos fortalecido, podremos enfrentar la crisis económica, las desigualdades generalizadas, los espacios cívicos cada vez más reducidos y las diversas formas de autoritarismos que amenazan nuestra labor”, agregó Nina Chaparro, coordinadora del programa Fortalecimiento Enlaza impulsado por Dejusticia.
¿Qué está pasando en América Latina?
En aquellos países donde son evidentes las desigualdades, la crisis económica y las democracias están cada vez más debilitadas, son más frecuentes las estrategias estatales para limitar la participación ciudadana y criminalizar a las organizaciones sociales. Estas estrategias incluyen:
- Limitar la libertad de expresión y la protesta.
- Criminalizar y desprestigiar a las organizaciones sociales.
- Se restringe el financiamiento y se les prohíbe el litigio.
- Persiguen, hostigan y asesinan a líderes sociales.
La agenda, según el centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, abordará seis temas esenciales y cómo manejarlos en tiempos de crisis:
- Cierre de espacio cívico.
- Incidencia internacional.
- Comunicaciones.
- Sostenibilidad financiera.
- Supervivencia frente a leyes anti-ONG
- Alianzas estratégicas.
Algunos de los contextos más alarmantes ocurren en Nicaragua, El Salvador y Venezuela con Daniel Ortega, Nayib Bukele y Nicolás Maduro, respectivamente.
Nicaragua: represión absoluta y cierre masivo de organizaciones
El régimen de Daniel Ortega ha sido uno de los más agresivos en la región en su embestida contra la sociedad civil.
Desde 2018, la dictadura ha cancelado la personería jurídica de más de 5,000 ONG, confiscado sus bienes y perseguido a sus representantes.
En Nicaragua, prácticamente no queda margen legal para la acción cívica independiente.
Desde 2018, al menos 1,457 personas han sido reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Y se han reconocido 350 asesinados en el marco de las protestas cívicas a manos de policías y paramilitares.
Las organizaciones que aún intentan operar enfrentan persecución judicial, detenciones arbitrarias y exilio forzado.
El país se ha convertido en un ejemplo extremo de cómo los regímenes autoritarios buscan eliminar por completo la participación ciudadana y el monitoreo independiente de los derechos humanos.
El Salvador: leyes punitivas y detenciones arbitrarias
Desde 2022, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido un estado de excepción que ha derivado en detenciones masivas, restricciones a la protesta y una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% a las donaciones internacionales destinadas a organizaciones civiles.
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La ley prohíbe que las organizaciones sin fines de lucro “reciban o utilicen donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente”.
La represión se intensificó con la detención de la abogada Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos y crítica de la militarización del país, quien ha sido acusada penalmente en medio de un hermetismo total después de 15 días de permanecer detenida.
Venezuela: desapariciones forzadas y leyes para silenciar ONG
En Venezuela, la situación de las organizaciones sociales también es crítica. El 9 de mayo fue reportada la desaparición forzada del defensor Eduardo Torres, un hecho que se suma a una lista de activistas detenidos arbitrariamente por la dictadura de Nicolás Maduro.
Los activistas Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas se suman a la lista de personas presas por motivos políticos en Venezuela.
Estas detenciones están acompañadas por campañas mediáticas de desprestigio y el impulso de leyes que buscan regular y controlar las actividades de las ONG, especialmente aquellas que reciben cooperación internacional.
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En 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, que establece causales de disolución en caso de recibir fondos destinados a política.
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