El artículo 58 de la Constitución Política establece que «los nicaragüenses tienen derecho a la educación y la cultura», sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han negado este derecho a 147 estudiantes universitarios, que se unieron a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, a quienes expulsaron de las aulas de clases.

Las primeras expulsiones se conocieron al transcurrir siete meses de protestas, después que la policía orteguista en colaboración con grupos paramilitares desalojaran, a punta de balazos, las universidades públicas que permanecían ocupadas por universitarios no alineado a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una extensión del sandinismo a lo interno de las universidades.

El director ejecutivo del Foro Educación y Desarrollo Humano, Jorge Mendoza, explica que con la colaboración de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) han logrado identificar 147 casos de estudiantes que han sido expulsados y/o les han anulado su historial académicos de los sistemas de registros en línea de las universidades públicas.

Los estudiantes proceden de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua y León; Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM) de Matagalpa, Estelí y Juigalpa, todas de carácter público financiadas con el 6% del Presupuesto General de la República (PGR), tal como lo establece el artículo 125 de la Constitución Política, y el artículo 55 de la Ley 89, conocida como Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

DESTERRADOS DE LOS RECINTOS

Cinco días antes de ser encarcelado como supuesto ‘terrorista’, el universitario Bayron Corea, fue expulsado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de la UNAN-León, donde cursaba quinto año de odontología. Recuerda que antes de ser detenido, las autoridades de la universidad les orientaron hacer un retiro de la matrícula del 2018.

“No quise retirar matrícula porque no estaban mis notas anteriores, es decir, habían borrado todo mi historial, todos mis años de estudios. Eso lo consideré como una tortura psicológica porque después de tener una vida cotidiana en la universidad, después de atender pacientes, hoy no tenés nada, no atendes a nadie, no tenés derecho de llegar a la universidad, no podés ejercer, no podés hacer nada”, se quejó Corea.

Byron ha remitido cartas a la rectora de la UNAN-León, la doctora Flor de María Valle Espinoza, con la intención de lograr integrarse a su vida universitaria, pero hasta ahora no ha tenido más que silencio, y un portazo en la cara, debido a que tiene prohibido ingresar al recinto en el que aun se encuentran sus notas y materiales de trabajo.

«Es un atropello político que se me haya expulsado y eliminado las notas, porque como estudiante tenía más del 70% de índice académico, es decir, no hay bajo ninguna circunstancia, ningún estatuto el cual refiera que yo incumplí, no se argumentó en la carta de expulsión ninguna falta o incumplimiento de los estatutos de la universidad, no hay ningún documento en el cual se diga qué fue lo que violentamos o el por qué de la expulsión”, reclama el joven que expresa tener su ‘futuro truncado’.

Bayron Corea durante sus prácticas como estudiante de odontología de la UNAN-León.
Foto: Cortesía

ORTEGA Y MURILLO CASTIGARON LA DESOBEDIENCIA

En la UNAN-León se expulsó a 25 universitarios opositores al régimen Ortega-Murillo, que desde el 19 de abril llamaron a la «desobediencia estudiantil en las universidades públicas a modo de protesta» en contra de la repuesta violenta del Estado, desde grupos de choques, que atacaron a estudiantes, pero también a personas de la tercera edad que demandaban la anulación de una reforma al seguro social anunciada en abril de 2018.

Amaya Coppens, lideresa estudiantil de la UNAN-León y excarcelada de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cursaba quinto año de medicina cuando fue expulsada y detenida por la policía orteguista. La joven analiza que las represalias en su contra y la de sus compañeros inició cuando llamaron a protestar en León, especialmente, cuando se resistieron a llegar a clases y llamaron a desobediencia estudiantil.

“Cuando llamamos a desobediencia estudiantil las autoridades de la UNAN-León hicieron público que tuvieron una reunión con padres de los estudiantes que exigían que se nos expulsara, sin embargo, a nosotros nunca se nos hizo una notificación formal, nunca nos dieron los motivos por los cuales nos expulsaban, ni nunca se nos citó a nada, entonces, simplemente la universidad se empeñó en publicar que nos habían expulsado y borraron las notas del sistema”, denunció Coppens.

Luego de ser excarcelada en junio de 2019, al igual que Corea, Coppens envió cartas solicitando explicación sobre su situación académica a las autoridades de la UNAN-León. Y aun cuando la rectora Flor de María Valle Espinoza, tiene tiempo para comparecer en medios del gobernante Frente Sandinista, en Managua, no ha brindado explicaciones ni a estudiantes ni padres de familia sobre la expulsión de los universitarios. Al igual que los dirigentes de UNEN.

«Las expulsiones de los universitarios son totalmente ilegales y fueron producto de un revanchismo político, es una violación a los derechos humanos, una violación a la libertad de expresión y una clara violación al derecho a la educación que tienen los nicaragüenses”, sostiene el director ejecutivo del Foro Educación y Desarrollo Humano, Jorge Mendoza.

El reglamento de disciplina estudiantil establece que las faltas ‘muy graves’ se sancionaran con la ‘expulsión definitiva’, sin embargo, los afectados no tuvieron derecho a la defensa como establece la normativa del reglamento, pues en ningún momento estuvieron presente a un consejo disciplinario.

En la UNAN-Managua en cambio mediante una carta firmada por Luis Alfredo Lobato, secretario general, se ordenó la expulsión de manera definitiva por haber sido “participantes de tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico, y destrucción de las diferentes Facultades, Laboratorios”, además de acusaciones como robo y destrucción del Centro de Desarrollo Infantil “Arlen Siu” y por incitar al odio y la violencia.

Amaya Coppens (segunda de derecha a izquierda) durante una clase práctica de la carrera de medicina de la UNAN-León.
(Foto: Cortesía)

AUTONOMÍA PLEGADA AL ORTEGUISMO

El jurista, catedrático y escritor Carlos Tünnerman, considera que el movimiento estudiantil está completamente «plegado a la política Orteguista», y dejó de ser una entidad al servicio estudiantil para convertirse en «un organismo que defiende los intereses de la dictadura» por lo cual no se pronuncia sobre el castigo que Ortega-Murillo impusieron contra jóvenes disidentes.

«Aunque aquí la declaración sobre autonomía en Nicaragua se mantiene en la Ley 89, principio que está elevado a rango constitucional, sin embargo, las universidades estatales están completamente entregadas a la política del Gobierno, incluso han representado al Gobierno en el diálogo nacional», dice Tünnerman, en alusión a la presencia de Flor de María Valle Espinoza y Ramona Rodríguez Pérez, recotoras de la UNAN León y Managua, respectivamente.

Tünnerman, advirtió que las decisiones que sigue tomando el régimen de Daniel Ortega ha deteriorado la educación del país, porque el castigo no solo se extendió contra estudiantes sino también en contra de 49 catedráticos despedidos por «su postura política», a quienes les aplicaron el artículo 45 del Código Laboral, sin más explicaciones a pesar de su trayectoria y antigüedad en las aulas de las universidades.

«Las expulsiones se realizaron sin seguir los principios y reglamentos de las universidades. Simplemente se les eliminó de los sistemas informáticos, lo cual denota que las decisiones fueron políticas porque hasta les borran sus expedientes de notas, les impiden recuperar sus notas por lo que tendrían que reiniciar sus estudios en otros centros universitarios», expresó.

AUTODIDACTAS ANTE EXPULSIÓN

Al igual que Corea y Coppens, Nahiroby Olivas, otro estudiante reconocido como líder de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue expulsado de la UNAN-León, cuando cursaba el segundo año de Derecho, luego que se uniera a las protestas contra el régimen.

Olivas se dio cuenta que estaba expulsado cuando se encontraba en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, “La Modelo”, donde fue recluido por más de nueve meses.

“Arruinaron mi futuro a corto y mediano plazo, pero además de la autodidaxia, voy a encontrar la forma de seguir estudiando, ya sea en línea en cualquier otra universidad porque considero que es lo que tenemos que hacer todos los jóvenes, continuar preparándonos”, dice Olivas.

Las notas de Olivas aparecieron ‘por arte de magia’ en el sistema de la UNAN-León, sin embargo, señaló que aunque tenga su expediente académico y pueda ingresar a otra universidad, no existen garantías de poder circular en Nicaragua sin ser víctima de persecución policial.

Hasta hoy, Olivas, ni siquiera a podido regresar a su León natal y menos al que fue su centro de estudios puesto que representa un riesgo para su integridad personal.

Datos proporcionados por el Foro Educación y Desarrollo Humano. (Infografía: Yordán Somarriba)
La Lupa Nicaragua
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