A dos años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), “recuerda al Estado de Nicaragua sus obligaciones para la superación de la crisis de derechos humanos que persiste hasta la fecha”, de acuerdo con la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua y presidenta de la CIDH.

Es evidente que ninguna de las recomendaciones contenidas en los informes por parte de organismos de Derechos Humanos, se han cumplido por parte del Estado de Nicaragua, luego de la crisis de derechos humanos a raíz de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018.

A pesar que el MESENI, fue expulsado del país, ha continuado las labores de monitoreo y seguimiento de las recomendaciones realizadas al Estado, desde la sede de la Comisión, en Washington D.C., para lo cual ha mantenido contacto cotidiano con las organizaciones de la sociedad civil que están en Nicaragua, las que se encuentran en el exilio, con las víctimas y con sus familiares.

La Comisión reitera que la apertura al escrutinio internacional es una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. En este sentido, exhorta al Estado a facilitar las visitas al país de la CIDH y su MESENI así como de otros organismos internacionales.

Obligaciones de Derechos Humanos pendientes

Según los datos del MESENI, la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; más de 770 personas fueron privadas de la libertad; y cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud que aún persisten, indica el documento.

Datos registrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), indica que más de 100 mil personas se han visto obligadas a huir de Nicaragua; más de 90 periodistas y personas trabajadoras de medios forzadas al exilio.

Desde hace dos años, la CIDH ha solicitado al Gobierno de Nicaragua la adopción de 85 medidas cautelares para la protección de más de doscientas personas y sus círculos familiares frente al inminente riesgo de daños irreparables a su integridad y vida.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado con el fin de coadyuvar en las investigaciones de las muertes ocurridas en el contexto de los hechos violentos en el país, concluyó la realización de conductas de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, tales como la encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución, violación y tortura.

Bajo este contexto, la CIDH ha denunciado, en los últimos meses, la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país ( CP. 80/2020), caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.

A través del MESENI, la Comisión ha denunciado la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Otra de las preocupaciones para la CIDH es por la falta de independencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; asimismo por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, en particular, debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía.

Respecto la represión y la violencia contra los medios de comunicación, a la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, les preocupa la escalada de ataques a la prensa y la represión sistemática de los medios de comunicación, con periodistas silenciados, agredidos y amenazados de muerte.

La pandemia

En el contexto de la pandemia del COVID-19, para el organismo de derechos humanos es preocupaante la situación de las personas privadas de libertad en el país debido al riesgo de contagio en que se encuentran, así como por la ausencia de información sobre protocolos y medidas de contención y prevención adoptadas por el Estado en los centros de detención.

Al respecto, la CIDH reitera su llamado para garantizar la pronta excarcelación de las personas que permanecen detenidas arbitrariamente como represalia por su participación en las protestas sociales o por ser identificadas como opositoras.

Dos años del MESENI Gobierno no responde

En estos dos años de funcionamiento, la CIDH, a través de su MESENI, ha recabado más de 1,621 testimonios de víctimas de la represión en Nicaragua. Estos testimonios aportarán en la construcción y registro de la memoria histórica sobre lo ocurrido, lo que resultará esencial en el desarrollo de los procesos de verdad, justicia y reparación, demandados por la población nicaragüense.

En septiembre de 2019, la Comisión presentó su Informe sobre “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica” en el que documenta la situación de miles de personas que han sido víctimas de migración forzada.

La CIDH, ha enviado al Estado de Nicaragua solicitudes de información sobre la situación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis. Hasta la fecha, las respuestas del Estado han sido selectivas en tanto presenta observaciones e información respecto de informes temáticos y audiencias públicas, omitiendo responder las solicitudes expresas del organismo sobre asuntos o situaciones específicas.

Desde abril de 2018, la Comisión ha solicitado al Gobierno de Nicaragua la adopción de 85 medidas cautelares para la protección de más de doscientas personas y sus círculos familiares frente al inminente riesgo de daños irreparables a su integridad y vida. Actualmente se analizan 152 peticiones en las que se alega la violación de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua, en el contexto de la crisis; 33 de ellas están siendo objeto de examen de admisibilidad.

A dos años de la instalación del MESENI, la CIDH destaca esta contribución histórica del pueblo nicaragüense que viene documentando, sin la cual, el ejercicio del mandato que los instrumentos interamericanos le confían, no sería posible.

La Comisión reconoce que, en el contexto de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, los efectos de la pandemia por COVID-19 podrían resultar aún más gravosos para los derechos de la población nicaragüense.

Por ello, reitera su compromiso para mantener el monitoreo, así como el seguimiento de las recomendaciones realizadas al Estado, y las acciones de protección, a través de las herramientas desplegadas y articuladas por el MESENI.

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La Lupa Nicaragua