Cenidh: Dictadura de Ortega impone «estrategia de hostigamiento y terror»
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Por 230 En Nicaragua persiste una sistemática violación a las libertades individuales y públicas, particularmente de las personas que han participado en las protestas que viven un constante asedio y hostigamiento, detalla el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su más reciente informe.
En el informe bimensual de noviembre y diciembre de 2019 titulado “Nicaragua: entre la impunidad y el incremento de la represión”, este organismo de derechos humanos detalla que en el país persiste una “alarmante espiral” de detenciones arbitrarias y contabilizó un total de 92 casos en los dos últimos meses del año pasado, de los cuales solamente 18 fueron puestos en libertad el mismo día.
El Cenidh detalla que 65 presos políticos siguen en las cárceles donde reciben torturas y maltratos por parte de la dictadura de Daniel Ortega.
Las detenciones, según detalla el documento, son una estrategia para criminalizar a la disidencia para hacer ver que ellos tienen el poder. Los casos monitoreados por el organismo detallan que en noviembre las detenciones ocurrieron en Managua, León, Masaya, Carazo y Jinotega.
En diciembre, se extendieron a los departamentos de Estelí, Chinandega, Nueva Segovia, Madriz, Ocotal y Matagalpa.
“Los excarcelados temen denunciar públicamente los vejámenes que sufrieron ya sea en los distritos policiales o cárceles clandestinas, por posibles represalias en contra de ellos o sus familias”, señala el documento.
Las detenciones, según el organismo de derechos humanos, fueron “selectivas” dado que las personas arrestadas tienen un historial activo de participación en las distintas manifestaciones contra el Gobierno.
“El rasgo más característico de estos apresamientos, en su mayoría, es que fueron por corto tiempo, algunas horas o durante algunos días”, señala el informe.
Después de analizar los hechos violentos y represivos de la Policía entre noviembre y diciembre de 2019, el Cenidh advierte en su informe que Nicaragua vive una nueva fase represiva de la dictadura con el recrudecimiento y la persecución contra ciudadanos opositores y exreos políticos, con una marcada tendencia del régimen a violentar su derecho constitucional a la libre movilización.
El organismo afirma que existe “una estrategia de hostigamiento y terror por parte del régimen, en perjuicio de los nuevos excarcelados”.
«TORTURA FÍSICA»
Con base en el análisis de hechos ocurridos, al Cenidh le preocupa que el régimen de Daniel Ortega sigue empleando la “tortura física” como un medio para contrarrestar las acciones y “quebrantar la moral” de personas que no simpatizan con su gestión gubernamental.
Un ejemplo de ello, según el organismo de derechos humanos, es el caso de la familia Reyes Alonso, originarios de León, quienes el pasado 25 de noviembre fueron torturados, humillados y obligados a repetir consignas del oficialismo por agentes de la Policía al servicio de Ortega, luego que allanaron su vivienda.
INVASIONES A TEMPLOS RELIGIOSOS
Otra forma de represión, según documentó el Cenidh en este periodo, fueron las invasiones y agresiones a templos católicos, como la ocurrida en la Catedral de Managua el pasado 18 de noviembre, cuando un grupo de madres inició una huelga de hambre en solidaridad con las que estaban en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya.
Los simpatizantes del régimen llegaron al extremo de golpear al vicario Rodolfo López y a Sor Arelys Guzmán, situación que también documenta el Cenidh.
Con la situación vivida en la Iglesia San Miguel Arcángel, donde fueron detenidas 16 personas opositoras por llevar agua a las madres que ahí se encontraban, el régimen de Ortega criminalizó la solidaridad y negó la asistencia a las huelguistas, lo que repudiado incluso a nivel internacional.
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El 22 de noviembre, las madres que estaban en huelga en Masaya decidieron suspenderla, porque la vida del sacerdote, Edwin Román, quien las acompañó en todo momento, estaba en peligro.
“En este período fue persistente la persecución a las iglesias”, señaló el Cenidh en su informe.
OTRAS VIOLACIONES DE LA DICTADURA
En el período correspondiente a noviembre y diciembre, el régimen de Ortega mantuvo el hostigamiento e intimidación en contra de los excarcelados políticos, actos que fueron ejecutados por policías uniformados o vestidos de civil, paramilitares y la Juventud Sandinista.
Entre los casos que recoge el Cenidh en el informe está el de la estudiante Amaya Coppens, Byron Corea Estrada y Roberto Buschting, quienes permanecen bajo asedio y hostigamiento.
En este período el régimen continuó violentando las libertades cívicas; como el derecho a la manifestación pública. En septiembre 2018, la Policía al servicio del régimen prohibió toda manifestación opositora.
Las profanaciones de tumbas el pasado 2 de noviembre, cuando se celebró el día de los fieles difuntos también constituye otra forma de represión que puso en práctica el régimen en meses anteriores.
MÁS ASESINATOS
Asimismo, el Cenidh contabilizó nueve asesinatos, todos con “ribetes de ejecuciones extrajudiciales”.
Entre las víctimas están campesinos, un exmiembro del anterior Ejército Popular Sandinista de la ciudad de Masaya, un estudiante y dos obreros.
El caso que más llamó la atención fue el ocurrido a José Isaías Ugarte López alias “Chabelo40”, quien hasta el 18 de abril fue miembro activo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que decidió apoyar la lucha cívica de los masayas al ver las “injusticias del régimen”.
“Chabelo40” fue ultimado a balazos el 1 de diciembre en un retén policial que estaba ubicado en un camino en un camino viejo a Niquinohomo. Fue señalado de ser el cabecilla de una banda delincuencial, pero sus familiares desmintieron las acusaciones.
“Esta situación de inseguridad e impunidad que ha violentado principalmente el derecho a la vida y otras libertades de las víctimas son consecuencia de una desmedida concentración del poder”, detalla el informe.
En este periodo, el Cenidh documentó siete casos de ataque a la libertad de prensa y que parece no tener voluntad política para dar salida a la crisis iniciada en abril 2018 porque llegamos al 2020 con un gobierno «que quiere perpetuarse en el poder mediante la represión y manteniendo una situación de incertidumbre y obstaculización del desarrollo normal de la vida cotidiana de los nicaragüenses».
“El régimen junto a sus operadores de justicia; policías, fiscales y jueces, fomentan la impunidad, vulneran las garantías del debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y continúan fabricando delitos con el propósito de deslegitimar la lucha de los nicaragüenses”, puntualiza.
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