Todavía no hay fecha para la próxima audiencia de un juicio que en seis años no ha avanzado. Se trata del caso Hogar Seguro, en el cual 56 familias exigen justicia por un incendio que mató a 41 niñas y adolescentes y dejó a 15 heridas el 8 de marzo de 2017. Todas ellas se encontraban bajo la tutela del Estado guatemalteco en un albergue público.
A pesar de que han pasado 71 meses después de la tragedia, las y los funcionarios públicos señalados como responsables no han sido juzgados por la justicia, y las familias afectadas no han sido resarcidas. Pues, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha suspendido la audiencia once veces -solo tres veces este año-, y se espera que pasen varios meses para que se programe el juicio nuevamente
Organizaciones feministas señalan que existe complicidad y corrupción entre las instituciones públicas del país para que el juicio no se realice y el caso quede en la impunidad.
“Guatemala es un país que odia a las mujeres y odia a las niñas. Hay una complicidad entre entes del Gobierno como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, Bienestar Social para poner obstáculos”, indica la defensora Rosa Gallardo, integrante de la Colectiva Plaza Las Niñas 8 de Marzo, organización que ha dado seguimiento al caso Hogar Seguro durante estos seis años.
El proceso judicial inició cinco días después del incendio, es decir el 13 de marzo de 2017 y señaló a 11 personas que trabajan en distintas instituciones encargadas del albergue responsables por la muerte de las niñas, a quienes se iban a juzgar en diferentes juicios, pero todos han tenido retrasos y complicaciones.
El primer juicio es contra los exfuncionarios de la Secretaría del Bienestar Social, Carlos Rodas, exsecretario; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar. A ellos se les acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.
Aunque el proceso legal comenzó el 13 de marzo de 2018, solo se ha avanzado una sola audiencia, que se interrumpió y no se completó. Desde entonces, las audiencias han sido pospuestas una y otra vez por distintas razones, y los jueces encargados del caso han sido cambiados en múltiples ocasiones, lo que ha atrasado todo el proceso.
Las personas implicadas han metido muchos amparos. Por tanto, el juicio no ha ocurrido porque siempre ha estado obstaculizado, incluso para decir que el micrófono no sirve, que un abogado no pudo llegar porque le dio COVID-19 o que la jueza no les gusta porque es mujer”, explica Gallardo.
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En este año, las razones de las suspensiones de las audiencias han sido esas. El 9 de enero de este año se suspendió la audiencia porque uno de los abogados de los acusados padeció de COVID-19. Se postergó para el 19 de enero, pero también se suspendió por problemas de audio. Y nuevamente se postergó para el pasado 7 de febrero, pero uno de los abogados recusó a la jueza a cargo del caso, es decir, solicitó que la jueza fuera removida. Ahora la Corte debe tomar una decisión para aceptar la recusación o no, lo que puede tardar varios meses.
El Colectivo 8 Tijax, otra organización feminista que da seguimiento a la demanda de justicia de las familias de las víctimas, denunciaron que se trata de un «uso de estrategias retorcidas» para no juzgar a los acusados.
“Consideramos que es un hecho sin precedentes en cuanto a la revictimización de las niñas sobrevivientes, que de alguna manera tuvieron una pequeña esperanza. Un pisotear a la memoria de las 41 niñas asesinadas dentro de ese mal llamado «Hogar Seguro». Es indignante, desgastante y doloroso que se siga jugando descaradamente con la memoria de ellas. Condenamos estas estrategias que la defensa usa para retrasar el juicio”, expresa el colectivo.
Rosa Gallardo, integrante de la Colectiva Plaza Las Niñas 8 de Marzo (CPN8M), denunció que ella y las mujeres que forman parte de la organización sufren violencia política por parte de operadores del Estado, por acompañar en la demanda de las víctimas y denunciar a los culpables.
“Hemos sufrido persecución política por denunciar este crimen de Estado, porque desde la noche de la tragedia, nosotras reclamamos justicia y señalamos quiénes son los asesinos”, indica.
La noche del día del incendio, la CPN8M creó un altar permanente en la plaza central en la Ciudad de Guatemala, el cual todavía mantienen para preservar la memoría de las 41 niñas fallecidas y de las 15 sobrevivientes. Igualmente todos los 8 de marzo, protestan por las irregularidades en el proceso y por la impunidad, pero son violentadas por grupos de choque mandados por el Estado.
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“Decidimos crear un altar y desde hace seis años hemos sufrido violencia. El altar lo hemos reconstruido más de 20 veces porque lo destruyen, quiebran las cruces, las queman. También nos han disparado dentro del altar. Una vez hubo el secuestro de una compañera, nos hacen amenazas de muerte. La municipalidad de Guatemala nos manda camiones con agua y mangueras para desalojarnos”, relata Gallardo.
El Colectivo 8 Tijax también ha denunciado haber sufrido violencia por dar cobertura a los juicios. En la audiencia del 19 de enero de este año, María Laura González, defensora y comunicadora del Colectivo 8 Tijax fue perseguida en el transmetro por personas sin identificar luego que la audiencia fuera suspendida, quienes la amenazaron con arma de fuego para obligarlas a entregar su cámara y su teléfono.
Gonzáles y el colectivo denunciaron públicamente estas acciones y expusieron que desde el 2017 que acompañan el caso, han sufrido múltiples acciones de intimidación y amenazas.
La violencia y persecución no solo son para las organizaciones de mujeres. Las madres de las víctimas también han sido amenazadas, intimidadas y persuadidas por agentes del Estado para abandonar el caso.
Integrantes de la CPN8M informaron a La Lupa que Lucinda Marroquín, integrante de la Policía y acusada de tener la llave del salón que se incendió y que cobró la vida de las niñas, intentó negociar con una de las madres para retirar la denuncia en su contra y se le quitaran los cargos, pero ante su negativa, Marroquín la amenazó de muerte.
Aunque la madre denunció en la Policía las amenazas que sufrió por parte de Marroquín, no recibió ningún tipo de protección y tuvo que abandonar el país irregularmente, porque no se sentía segura.
“Hay dos casos de dos mamás que van para los Estados Unidos como mojadas por temas de persecución y también por pobreza extrema. Una de ellas ha sido vocera del caso durante seis años y ha sido amenazada por alzar la voz. No hay ninguna instancia que pueda acuerpar su economía y su integridad física, emocional y psicológica”, indica Gallardo.
Gallardo señala que las madres de las víctimas “han renunciado en silencio a perseguir el caso para exigir justicia”, debido a los múltiples obstáculos que han habido, y por las condiciones económicas que viven que no les permite demandar justicia.
“Las familias son hogares de extrema pobreza del área de casco urbano. No hay organizaciones con los suficientes recursos para integrar a las madres a perseguir un juicio de alto impacto en los tribunales de la Ciudad de Guatemala, porque muchas familias viven en otros departamentos y se les dificulta la movilización”, explica la defensora.
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Las amenazas por parte de maras y por parte de agentes del Gobierno también han hecho que las familias desistan en su búsqueda de justicia.
El 8 de marzo de 2017, niñas y adolescentes que se encontraban albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, protestaron en contra las condiciones inhumanas que vivían, la violencia física y sexual a la que eran sometidas y otros maltratos a los que eran sometidas.
Pero agentes de la Policía Nacional Civil encerró bajo llave a 56 de ellas en uno de los salones del albergue. Luego se produjo el incendió y las menores no fueron sacadas a tiempo.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala había denunciado ante la CIDH en 2013, que en el albergue Hogar Seguro existía maltrato contra los menores de edad, indicios de trata, infraestructura deficiente y otras condiciones que ponían en riesgo la integridad de quienes vivían ahí.
