Las personas LGBTIQ+ siguen enfrentándose a graves dificultades para acceder al asilo en España, denunció María Pérez Lorenzo, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

“La primera gran barrera es el acceso, largo y complejo. La primera gran dificultad es simplemente poder acceder al procedimiento de protección internacional. En muchas provincias conseguir una cita para pedir asilo es extremadamente difícil o prácticamente imposible”, señaló Pérez Lorenzo. 

“Cuando hablamos del derecho de asilo —subrayó—, no estamos hablando de un acto de caridad, estamos hablando de una obligación legal de los Estados”. 

Durante el conversatorio “¿Un refugio seguro? Los retos en materia de protección internacional y social” que se llevó a cabo durante la Jornada “Exilio y visibilidad LGBTIQ+: Ni un refugio sin nosotres”, que tuvo en Bilbao, organizada por la Asociación Aldarte y el Foro Eskubidez, Pérez Lorenzo explicó que la acogida y protección que se debe brindar “no son favores”, sino que son “derechos conquistados”. 

Sin embargo, en España existe una diferencia bien marcada entre ese reconocimiento formal y la realidad a la que se enfrentan las personas diversas que solicitan protección.

“Esta situación implica de facto una vulneración de derechos fundamentales al impedir que estas personas puedan ejercer su derecho a solicitar protección. No existe una manera homogénea de poder pedir la cita en las diferentes comisarías de policía”, dijo. 

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En Vizcaya es presencial, en Guipúzcoa telefónico solo los lunes de 4 a 6 de la tarde, en Álava telemático. “Esto genera indefensión y genera incertidumbre y estrés a las personas que buscan protección”, señaló Pérez Lorenzo. 

Durante el evento se conoció que hay casos de personas que llevan entre seis y diez meses intentando conseguir una cita.

Vulneran confidencialidad de personas LGBTIQ+

Cuando finalmente llega la entrevista de formalización, los problemas se multiplican. 

Las conversaciones se realizan frecuentemente en salas compartidas, separadas solo por mamparas, vulnerando la confidencialidad que requieren relatos de violencia y persecución, generando una “sensación de inseguridad y de invasión de la intimidad”.

“En muchas ocasiones las entrevistas se realizan en una misma sala compartida por varias personas lo que afecta gravemente la privacidad”, detalló la abogada. 

Los funcionarios que recogen las solicitudes a menudo emiten “juicios” inapropiados o hacen comentarios sobre una “posible denegación”. 

“Casualidad, ayer hablando con una compañera —agregó—, me comentó que había acabado de atender a un solicitante colombiano que le había dicho que aquí en Bilbao cuando fue a formalizar, el funcionario le había dicho que él también era homosexual, que había estado en Colombia y que allí no había ningún problema con la homosexualidad”.

“La discriminación grave y reiterada a lo largo del tiempo puede considerarse persecución y puede dar lugar a que se conceda el estatuto de refugiado”, señaló la abogada de CEAR. 

Siguen negando asilo en España

Estas dificultades contribuyen a que España tenga una proporción “muy baja” de casos en los que se otorga la protección internacional, es decir, 18.5% en 2024 frente al 46.6% de media europea.

Desde su experiencia, Rodrigo Araneda, fundador de la Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes (ACATHI) en Cataluña, ha identificado otras barreras críticas. 

“La situación de las personas migrantes LGBTI forzadas a migrar es compleja (…) Hay una parte de desconocimiento del derecho al asilo. Los tiempos de espera son muy largos y la gente tiene muy poco dinero para sobrevivir durante ese tiempo”, indicó Araneda.

El protocolo de Estambul, que permite realizar peritajes psicológicos para reconocer traumas de persecución, prácticamente no se aplica.

“En el Estado en dónde se hacen esos peritajes y quién los hace porque es que casi nadie los hace. Entonces, ¿cómo reconocemos esa parte que es tan importante y que nadie conoce ese protocolo?”, denunció Araneda, quien estuvo siete años de forma irregular cuando llegó a España.

Reforma migratoria

La reforma del Reglamento de Extranjería de España, que entró en vigor en mayo de 2025, se volvió un problema emergente. 

El tiempo que una persona permanece en el país como solicitante de asilo no computará para solicitar una residencia en caso que el asilo sea denegado, dejándolos en riesgo de caer en situación irregular.

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“Si tardan dos o tres años en resolver tu solicitud de protección internacional, te deniegan y ese tiempo no te va a servir para acreditar un tiempo de estancia, un arraigo en España, pues la gente por miedo deja de pedir asilo”, apuntó Pérez Lorenzo. 

Las solicitudes de personas de Colombia y Perú han descendido hasta un 60% en lo que va del año.

“Esta disminución no necesariamente refleja una menor necesidad de protección, sino un temor creciente a que una solicitud denegada afecte negativamente a su futuro en España”, puntualizó la abogada de CEAR.

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La Lupa Nicaragua