La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció  que, en Nicaragua el régimen sigue vulnerando los derechos de los opositores, los presos políticos, los migrantes, la prensa independiente y obviando situaciones como los femicidios.

Durante el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet declaró que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no observa ningún avance para superar la crisis en la que se sumergió el país en abril de 2018.

“No se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”, denunció Bachelet al referirse a la situación de Nicaragua.

Por el contrario, siguió denunciando que la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 “ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

Bachelet aseveró que un claro ejemplo es el crimen que ocurrió el pasado 19 de julio en el municipio de La Trinidad, Estelí, donde un fanático del régimen asesinó al opositor Jorge Rugama Rizo, de 42 años, solo por gritar “¡Viva Nicaragua libre!”.

Según la Alta Comisionada son casos de “posibles violaciones del derecho a la vida”. «Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales”, insistió.

Ante el Consejo de Derechos Humanos que se celebra en la ciudad de Ginebra, Suiza, Bachelet mencionó que su oficina ha documentado al menos 30 casos de “amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico”, entre otras personas.

En ese contexto, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunció que en el marco de las celebraciones nacionales del mes de septiembre, solo este mes se han reportado 145 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua.

Preocupada por femicidios

Bachelet mostró preocupación por la ola de asesinatos de mujeres, donde organizaciones de mujeres reportaron a su oficina un “incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo el año pasado”.

“Se han documentado 68 tentativas de feminicidio, en comparación con 52 en el mismo periodo en 2019. Al respecto, preocupa también la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible subregistro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”, denunció.

En Nicaragua, las organizaciones de mujeres han denunciado que los femicidios en el país van en curva ascendente igual que la pandemia de coronavirus.

Sobre los presos políticos

En su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada no olvidó mencionar la precaria situación de los presos políticos del régimen.

En el país, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, señaló que un total de 94 opositores permanecen en las cárceles del país.

Igual que los organismos nacionales, Bachelet mencionó la grave situación de salud en la que se encuentran algunos presos del régimen.

«Siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, señaló.

Agregó que, en el marco de la pandemia, la respuesta estatal que ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, sigue evidenciando la “necesidad de mayor transparencia y difusión de la información”.

“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada”, dijo.

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, recordó ha tenido que recurrir a datos producidos por “fuentes no oficiales” entender la situación en la que se encuentra Nicaragua frente a la pandemia.

Migrantes y prensa independiente

Durante su presentación este 14 de septiembre, la Alta Comisionada advirtió que no deben seguir dándose ataques contra la prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, considerados por su oficina como «actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional”.

“También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos”, señaló.

El pasado fin de semana, se conoció oficialmente que el régimen ordenó el embargo de los bienes de Canal 12 debido a una deuda fiscal por 21 millones de córdobas.

Finalmente, se refirió a la situación que hace un par de meses fueron sometidos alrededor de 1,300 migrantes nicaragüenses, quienes estuvieron “bloqueados en condiciones precarias por períodos que oscilaron entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la espera de la autorización para regresar a su país de origen”.

La representante de esta oficina de la ONU acusó al régimen de no poner en práctica las recomendaciones que formuló en su informe de septiembre de 2019, dando lugar a la “perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones”.

“Insto nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021. Le insto también reanudar una cooperación efectiva con mi oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo”, finalizó.

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La Lupa Nicaragua