El Tribunal de Conciencia instalado en Costa Rica concluyó que el régimen de Nicaragua cometió un «crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres” que fueron detenidos arbitrariamente durante la “Rebelión de Abril”.

La sentencia de este tribunal dada a conocer este viernes establece que los hechos ocurrieron mientras los hombres y mujeres víctimas del régimen estaban “bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales” que salieron a reprimir a la población durante las manifestaciones de Abril de 2018.

El tribunal analizó la evidencia basada en las pruebas periciales –peritaje de contexto, peritaje psicosocial, peritaje de cadena de mando y peritaje jurídico- desde donde se fundamentan los hechos.

La psicóloga colombiana Clemencia Correa, quien formó parte del jurado, señaló la tortura sexual, particularmente la violación sexual a la que fueron sometidas las víctimas, es parte de un “plan sistemático de autoridades nicaragüenses”.

Todo lo anterior, agregó, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según se desprende del peritaje jurídico que fue presentado antes este tribunal.

“Los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violación sexual como una expresión de tortura que se implementó indiscriminadamente”, señaló Correa.

El peritaje jurídico recoge el testimonio de 18 víctimas del régimen que fueron detenidas arbitrariamente entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018 en el contexto de las manifestaciones pacíficas.

El jurado de este Tribunal de Conciencia señala que los testimonios constituyen una “pequeña muestra” de eventos delictivos que merecen ser calificados como “crímenes de lesa humanidad”.

“Crímenes condenados por el mundo civilizado y que lesionan no sólo la integridad de las víctimas, sino también la conciencia y la dignidad humana en su globalidad”, dijo Correa.

A finales de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó después de una visita en el país, que en Nicaragua se cometieron crímenes de tortura y que se cometieron de “manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense”.

Más pruebas

A través del peritaje de cadena de mando, el jurado logró establecer que los captores, todos, “van armados” y algunos llevan armas de fuego como fusiles AK-47, fusiles de francotirador, Dragunov, fusiles M – 16 o armas de uso civil como escopetas calibre 12, pistolas o revólveres.

“Se identifica verticalidad de mando, una persona da la orden, el resto obedece”, refiere la sentencia.

Los torturadores, además de miembros de la misma Policía, eran personas miembros de los grupos paramilitares, de la Juventud Sandinista y algunos extranjeros, a quienes las victimas identifican por su acento.

El peritaje de contexto permitió al jurado establecer que en Nicaragua, desde el regreso de Daniel Ortega al poder se inició un “proceso progresivo de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”.

Por otro lado, el peritaje psicosocial determinó que para las víctimas, la tortura y la tortura sexual no son hechos que se encuentran en el pasado, sino que “se actualizan a través de la re experimentación traumática, produciendo un sufrimiento actual, que afecta todos los ámbitos de su vida”.

“Absoluta independencia”

El tribunal estuvo integrado, además por las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio; la defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger; la abogada española Almudena Bernabéu y el abogado español Jared Gensier.

Con el esfuerzo de la Fundación Arias y el Progreso Humano de Costa Rica, el Tribunal de Conciencia, refiere el documento de la sentencia, actuó con “absoluta independencia”, cuyo único interés era la “comprobación de los hechos”.

“Este Tribunal se enmarcó en los principios de la lógica jurídica a partir del marco jurídico de los derechos humanos, de conformidad con los hechos denunciados por las víctimas y valorando las pruebas presentadas por los peritos expertos con el debido rigor”, mencionó Bernabéu.

Reparación del daño

En un contexto donde impere la democracia en el país, el jurado propuso una serie de medidas de reparación integral del daño, que en la Nicaragua actual resultan difícil de cumplir por el “contexto de impunidad y control de las instituciones del Estado” por el régimen.

El jurado, entre otras medidas, recomienda un apoyo para el retorno digno y en condiciones de seguridad para las víctimas, establecer un programa de atención integral en salud para víctimas de tortura, incluyendo a víctimas de tortura sexual, que incluya atención en salud física y mental y a su vez garantizar la reinserción de las víctimas en el trabajo y la recuperación de su proyecto de vida, como becas de estudio o apoyos para proyectos productivos o negocios.

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