Asesinatos en el campo se cometen con «saña y un alto nivel de violencia»
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Por 678 El asesinato de tres campesinos en una comunidad del municipio de Waslala, ubicado en el Caribe Norte de Nicaragua, está fuera de los “patrones” que se han venido presentando en este tipo de crímenes, afirma Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad.
“Este último asesinato sale de los patrones que se han venido presentando porque fue cometido por un grupo de hombres armados, hubo saña o un alto nivel de violencia y porque son varias víctimas”, señaló Cuadra.
El más reciente caso de la ejecución a campesinos ocurrió el pasado 23 de junio en la comarca Las Vallas Abajo, en el municipio de Waslala, los campesinos identificados como Lucio Granados Muñoz, Odorico de Jesús Ortega González y Ramón Pérez Granados, fueron asesinados a balazos por desconocidos.
“Existe mucho temor entre las comunidades y en muchas ocasiones no se atreven a denunciar por las represalias que pueden sufrir de parte de quienes cometen estos asesinatos”, explicó Cuadra.
La experta en temas de seguridad afirmó que durante el 2020 no se observan cambios importantes en estas formas de violencia en las zonas rurales.
En términos generales –agregó- el promedio de asesinatos que han ocurrido entre enero y mayo del 2020 es de 16 por mes, un poco menor que el promedio de 2019, pero todavía alto.
“Más de la mitad se localizan en las zonas rurales del país, aunque hay un incremento en zonas urbanas como Managua. Wiwilí, El Cuá, San José de Bocay y Managua son los municipios con mayor cantidad de casos. En más del 30 por ciento de los casos se utilizaron armas de fuego, aunque disminuyó la cantidad de casos en los que se utilizaron armas de guerra”, añadió Cuadra.
En zonas rurales
En lo que va de este año, el Colectivo de Derechos Humanos Nunca + registra ocho asesinatos con ribetes políticos en las zonas rurales del país, además de los seis indígenas mayagnas y cuatro miskitos ejecutados en la zona del Caribe.
“Estamos verificando datos y estamos en ese proceso, pero hay ocho líderes con perfil político opositor”, señaló Carlos Alberto Guadamuz Hernández, miembro de este colectivo de defensores de derechos humanos.
Una de las víctimas es Rommel Amed Hernández Vega, asesinado a balazos el pasado 22 de marzo en el muelle a orillas del río Coco en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega, quien trabajaba en la alcaldía de ese municipio que es gobernada por un alcalde liberal.
No obstante, para Cuadra durante este año los casos de asesinatos en zonas rurales por motivaciones políticas, disminuyó respecto a 2019. “Ahora el porcentaje más alto parece estar relacionado con asaltos o delincuencia común, pero eso es algo que se debería confirmar en las investigaciones de cada caso”, dijo.
Persiste impunidad
El año pasado el Colectivo de Derechos Humanos Nunca + documentó 71 casos con características de “ejecuciones extrajudiciales”, de los cuales 30 la víctima tenía un “perfil opositor”.
Tanto Guadamuz Hernández como Cuadra coinciden que en estos hechos persiste un alto nivel de impunidad.
“No hay investigaciones, no hay una política de Estado para sancionar a los criminales y mucho menos prevenir que estas muertes ocurran, al contrario hay un mensaje de odio constante, las amenazas son evidentes”, dijo Guadamuz Hernández.
Para Cuadra, “la policía, o no investiga, o investiga superficialmente, de manera que los responsables no son detenidos ni sancionados”.
“La inseguridad en el campo es el contexto en el que ocurren tanto las expresiones de violencia social -delincuencia y criminalidad- como las de violencia política; y ambas se relacionan con la situación de crisis que vive el país”, afirmó Cuadra.
Pero en esa violencia se conjugan, particularmente, dos factores claves: la “existencia de grupos paramilitares, que además de realizar actividades de violencia política, también cometen delitos de orden común; y la impunidad con la que actúan este tipo de grupos”, puntualizó.
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