Aprovechándose del contexto social, después del atroz crimen en en Mulukukú, donde dos niñas de 10 y 12 años fueron asesinadas, y una de ellas violada, el régimen propuso aplicar la pena de cadena perpetua contra aquellas personas que cometan “crímenes de odio”.
La activista María Teresa Blandón, directora del movimiento feminista La Corriente, considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de una manera “ruin” pretende aprovechar el asesinato de las dos niñas y la condena generalizada para realizar cambios a su conveniencia.
«Eso nada más es una condena ruin de instalarse y de aprovechar una situación para reforzar su estrategia de amenaza, de censura, de cierre total, lo cual es su pretensión de la libertad de expresión, de movilización y de protesta”, manifestó la directora de La Corriente.
Las pretensiones del régimen fueron a dadas a conocer el pasado 14 de septiembre. Murillo anunció que Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacer una reforma a las leyes y propone penalizar con esta medida a quienes cometan delitos tipificados como “crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes”.
Al día siguiente, el 15 de septiembre, en el acto del Día de la Independencia, Ortega exclamó que, aquellos que quieren seguir “cometiendo asesinatos, colocar bombas, colocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018” están “llenos de odio”.
- Además: Tribunal establece que régimen cometió crímenes de tortura a través del abuso y violación sexual
“Son criminales, cobardes y se sienten, se sienten intocables porque se les dio una amnistía”, fustigó Ortega.
Castigar a opositores
La feminista y directora de La Corriente agregó que a través de su discurso está claro que el régimen pretende castigar a los opositores.
La intención, según la activista feminista, está lejos de imponer duras condenas a los autores que cometen delitos como el ocurrido en esa zona rural del Caribe Norte nicaragüense.
“Lo que está buscando es amenazar a los opositores. Eso no tiene nada que ver con el tema de la violencia machista, nada tiene que ver, porque (Ortega) dejó claramente establecido en su discurso, pero también la señora Murillo, en sus declaraciones posteriores que están hablando de catalogar como crímenes de odio todos los actos de protestas, de denuncia, de resistencia que pueda seguir llevando a cabo la oposición nicaragüense”, dijo Blandón.
La activista feminista explicó que también hay una “amenaza explicita” en contra de los expresos políticos y los nicaragüenses exiliados que eventualmente pueden regresar al país.
⚠️ CADENA PERPETUA ES PARA OPOSITORES ⚠️#SOSNicaragua
El violador y criminal internacional Daniel Ortega, confirmó ayer que su propuesta de cadena perpetua bajo la figura de "crímenes de odio", será usada contra los opositores que se atrevan a protestar.#NoMasSandinismo https://t.co/q5EqnYi7vV— Resistencia Nacional Nicaragüa ● (@Templar19AB) September 16, 2020
“Creo que todo eso junto está contenido en esa amenaza. Lo mismo hizo Nicolás Maduro en Venezuela, con su famosa Ley contra el odio, ellos son los que van a tipificar cuáles serían delitos de odio”, manifestó Blandón.
Requiere cambiar Constitución
La abogada y coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, explicó que, para transformar las penas en el país, de 30 años a cadena perpetua, se debe reformar la Constitución Política de Nicaragua.
“Hay que preguntarse realmente cuál es la intención de cambiar estas penas, o qué se pretende con una reforma constitucional (…) Se deja en evidencia la subordinación del Poder Judicial”, menciona la abogada del colectivo.
Para Flores, el mensaje está dirigido a quienes se “opongan o critiquen” al régimen de Ortega y Murillo.
“Es una clara intención de persecución política por la vía penal, un mensaje de amenaza y esta normativa, regulación o propuesta de reforma penal en realidad tiene otras intenciones y ahí hay que preguntarse cuáles son”, señaló.
Ortega y Murillo han evitado una salida pacífica a la crisis sociopolítica 2018 para perpetuarse en el poder.
La semana pasada, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que, en Nicaragua el régimen sigue vulnerando los derechos de los opositores.
“No se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”, mencionó.
Reacción tardía
Desde el análisis feminista de Halima Hernández, miembro de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila en el municipio de Waslala, este tipo de delitos, como el ocurrido a las dos niñas en Mulukukú, siempre han estado presente en la sociedad nicaragüense, pero el Estado de nunca ha prestado atención, principalmente en las zonas rurales.
“Son delitos que se han naturalizado en nuestra sociedad nicaragüense, por ende, deberían de nombrarse con nombre y apellido, como femicidio, abuso sexual, violaciones y violencia (…) Hasta ahora, con el asesinato de las niñas de Mulukukú ha habido una reacción, sin embargo, en años anteriores vemos las estadísticas de abuso, violencia y femicidio que van en aumento”, dijo Hernández.
Para Karla Rivas, también del colectivo feminista, el régimen está “lavándose la cara” al pretender cambiar las leyes del país a partir de este caso que conmocionó al país entero y causó una condena generalizada en las redes sociales.
“Yo siento que, por ejemplo, en estos años ha habido muchos crímenes de odio por parte de la policía y de los agentes estatales. En todo caso, quizá están pensando en aplicársela (la ley) a otra gente y no a los femicidas, están sacando al montón de gente de la cárcel sin cumplir condena y ahora hablan que van a hacer una ley más dura, si no se cumple”, señaló Rivas.
En Nicaragua, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, registra un total de 50 femicidios en el país ocurridos entre enero y agosto de este año, además 68 femicidios en grado de frustración.
Belky Reyes Ríos, representante de la Red de Mujeres del Norte en Estelí, recordó a Ortega y Murillo que, Nicaragua ya cuenta con una ley para castigar este tipo de crímenes como el de las niñas, es decir la Ley 779.
“No habría necesidad de hacer una cadena perpetua que ni siquiera especifica que es para los casos de violencia, abuso sexual o violaciones, solo habla en términos generales que no sabemos a qué se refiere cuando dice que va en contra de la cultura de Nicaragua, entonces, no sabemos si es la cultura que ellos pregonan que es la cultura de paz, eso no queda claro para nada, es una burla total”, mencionó Reyes Ríos.