El Gobierno de Nicaragua, representado por Daniel Ortega, no solo ha sumido al país en una crisis de derechos humanos desde 2018, ahora también expone la salud y la vida de miles de nicaragüenses al ignorar “flagrantemente” las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en relación con la pandemia Covid-19, denunció Amnistía Internacional.
“La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el COVID-19 pone en evidencia una vez más que el gobierno del presidente Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de las y los nicaragüenses, dejándolos en total desprotección”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El manejo de Daniel Ortega ante la emergencia sanitaria mundial ha sido criticado por diversos sectores, al no mostrar transparencia en las estadísticas, no informar sobre la cantidad de pruebas para detectar casos, y por promover acciones que favorecerían la curva de más personas infectadas, en aras de poner por encima de la salud, la economía.
La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el #COVID19 pone en evidencia una vez más que el gobierno de #Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los DDHH de las y los nicaragüenses, dejándoles en total desprotección https://t.co/hnC6QEKwIR pic.twitter.com/AiFcuOWZ6P
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) April 16, 2020
Un mes del primer caso
Este sábado se cumple un mes que se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, desde esa fecha se contabilizan nueve casos, pero el Minsa hace sumas y restas, que muestran que solo dos personas tienen el nuevo virus actualmente. Este juego de cifras lo han mantenido desde el inicio de la pandemia, lo que provoca suspicacia sobre las fases en las que se encuentra, en realidad, el virus en el país. Este primer mes de la pandemia coincide con el segundo aniversario de la crisis sociopolítica que dejó al menos 328 personas muertas, unas 2,000 heridas y más de 100 mil personas forzadas a huir del país.
“Desde el 18 de abril de 2018, el Gobierno del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento, la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que, después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a la población ante la pandemia”.
Amnistía Internacional reporta que en medio de la pandemia que ha colocado al mundo al revés, el cinco de abril instituciones estatales organizaron una misa pública para dar inicio al periodo de celebraciones religiosas. El seis de abril entidades estatales impulsaron un evento público para elegir la Reina Verano 2020 en Managua y el 12 de abril, el Instituto Nicaragüense de Turismo organizó el Summer Music Fest 2020. La organización de eventos no para, mientras, parte de la población se ha resguardado en sus casas para evitar más contagios.
“Las autoridades nicaragüenses deben garantizar que la población tenga acceso inmediato a información veraz, exacta y científica sobre la pandemia, a medida que ésta se desarrolla, y sobre las medidas de prevención de contagios”, indica Amnistía en su comunicado.
Hacinamiento y preocupación
Amnistía destacó la preocupación por los presos políticos en el contexto de la pandemia por covid-19. Recordó que cientos de personas fueron apresados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Al 26 de marzo de 2020, al menos 70 personas están en la cárcel.
“El Gobierno de Ortega no sólo ha privado arbitrariamente de la libertad a decenas de personas, sino que además pone en riesgo su salud al mantenerlos encarcelados y en condiciones precarias. Reiteramos una vez más nuestro llamado a las autoridades de liberar inmediatamente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”, dijo Erika Guevara Rosas.
También exhortó a que garanticen agua, saneamiento, productos de higiene y acceso a atención de salud a los presos en general. Los familiares de los presos están preocupados por la exposición que tienen ante el virus en condiciones poco favorables para evitar contagios masivos. Un familiar de María Esperanza Sánchez García, la única mujer, y quien padece de asma e hipertensión, dijo a Amnistía Internacional que estaba “preocupada por su estado de salud, ya que está claramente expuesta a contagiarse del virus. Las medidas de higiene no son suficientes, ya que hay poco espacio en las celdas.
Mientras el régimen de Daniel Ortega mantiene su política represiva contra la oposición y hermética por la pandemia.
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