La Oficina del Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estado de Estados Unidos emitió sanciones en contra de la fiscal general, Ana Julia Guido y el secretario privado para políticas nacionales del régimen, Paul Oquist Kelly, un ciudadano estadounidense que en el pasado fue nacionalizado nicaragüense.

La nueva orden de sanciones, además incluye a la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional (Caruna), como parte de un esfuerzo en el que Estados Unidos apunta a restaurar la democracia en el país.

«Hoy Estados Unidos sancionó a Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna. Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y restaure la democracia en Nicaragua», enfatizó Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos.

A partir de la crisis sociopolítica, Guido conformó un grupo de fiscales, según la OFAC, que trabajaron con la también sancionada Policía sandinista para «fabricar casos contra presos políticos y sus familias».

Guido, funcionaria del régimen desde 2007, después que pasó a retiro en las filas de la Policía sandinista, inicialmente se desempeñó como fiscal adjunta, pero una vez que Daniel Ortega tomó el control político de la Asamblea Nacional logró designarla como fiscal general en el año 2014.

A partir de la «Rebelión de Abril», Guido junto a esa unidad de fiscales ha llevado los casos en contra de los presos políticos, acusando a la mayoría inicialmente de terrorismo, pero posteriormente por delitos comunes.

«Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestas pacíficas, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya», señala la OFAC.

Oquist encubre crímenes

A la lista de sancionados también fue ingresado el secretario privado para políticas nacionales acusado de «encubrir los crímenes del régimen», señala la OFAC.

Oquist, según la OFAC tiene a nivel internacional una «variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos».

El secretario privado del régimen fue el encargado de vender y promover la idea del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico.

«En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y propaganda del régimen de Ortega«, señala esta oficina del Depatamento del Tesoro.

Por otro lado, el funcionario del régimen «ha defendido el caso de los Ortega a nivel internacional con flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen».

Desde la crisis de abril de 2018, según organismos de derechos humanos, unas 328 personas fueron asesinadas por manifestarse de forma pacífica, más de 2 mil fueron heridas y se rehusaron atenderlas en los hospitales, además que más ed 100 mil ciudadanos permanecen en el exilio.

Círculo se amplía

Además de los dos funcionarios, la OFAC emitió sanciones contra Caruna, una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional.

Caruna es una cooperativa creada por el régimen para canalizar los fondos del negocio petrolero con Venezuela.

Según la OFAC, Caruna ha servido como una herramienta para que el régimen de Daniel Ortega «desvíe dinero del ALBA de Nicaragua S.A, Albanisa, 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de créditos», señala.

Caruna, además fue designada por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes en servicios para apoyo del Banco Corporativo (Bancorp) que cerró operaciones tras haber sido sancionado por Estados Unidos que consideró que era «un banco utilizado por el régimen de (Daniel) Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa».

«El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de esas transferencias», menciona.

Además, los funcionarios del régimen, agrega la OFAC, se están «aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas».

Unos 23 funcionarios aliados al régimen Ortega Murillo han sido sancionados económicamente por el Gobierno de Estados Unidos, entre ellos Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; Iván Acosta, ministro de Hacienda; Roberto López, presidente ejecutivo del INSS; Lumberto Campbell, presidente interino del Consejo Supremo Electoral, entre otros.

El pasado 17 de julio, la OFAC también dictó sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo y su empresa Difuso Comunicaciones S.A. como una de las compañías que usan para “distribuir propaganda del régimen”, que pasa a formar parte de los sancionados del circulo familiar además de Rosario Murillo, Laureano y Rafael Ortega.

 

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