La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) envió una carta al presidente el Grupo Banco Mundial, David Malpass, para solicitar que pongan «condicionalidades» a los posibles desembolsos que se entregarían a Nicaragua, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitaran fondos para la primera fase de proyectos del Programa Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19.

Los opositores explicaron en la misiva que su preocupación por esos desembolsos radica en la «forma que hasta hoy este Gobierno ha manejado la emergencia sanitaria en nuestro país, y por nuestros fundados temores de que fondos provenientes de la cooperación internacional puedan no ser, nuevamente, utilizados adecuadamente».

Además, señalaron que el régimen orteguista en ya más de un mes desde el primer caso de contagio mantiene secretismo entorno al avance de la pandemia en el país, no permite que medios independientes ingresen a las conferencias del Ministerio de Salud y «no ha seguido en forma apropiada» las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en cuanto a la prevención del contagio, ni para desarrollar un enfoque multisectorial, que incluya a la sociedad civil.

Los opositores enfatizaron que, ante la también crisis sociopolítica que impera en Nicaragua desde abril 2018, los «recursos externos son indispensables para enfrentarla, y pueden hacer la diferencia entre vida y muerte para miles de ciudadanos especialmente vulnerables».

Las condicionalidades

Es por ello que el Consejo Político de la UNAB recomendó, en su misiva, al Banco Mundial que haga énfasis en todas las condicionalidades previstas en sus políticas de asistencia financiera, con el fin de «asegurar que la ayuda que se otorgue se use con transparencia, con todas las previsiones contra su desvío hacia otros fines, en forma disimulada o bajo subterfugios, o para ser usad con criterios políticos o con fines de premiar o castigar a sus clientelas según sus lealtades al Gobierno».

Asimismo, apuntaron que las condicionalidades enfocadas en el respeto de los derechos humanos, gobernabilidad y prevención del lavado de activos «deben ser reforzadas para el caso de Nicaragua, dada la particular intransparencia, secretismo y absoluta exclusión de actores de la sociedad civil en las políticas con que el Gobierno aborda la pandemia, tal como arriba referido».

La propuesta de la UNAB es que el BM le ponga al régimen condiciones básicas de respeto a los derechos humanos, liberando de inmediato a los presos políticos, cese el acoso y la represión a la ciudadanía y el restablezca las libertades públicas consagradas en nuestra Constitución, además de la reafirmación del derecho al acceso a la salud sin discriminación de ninguna índole.

Además, le proponen que se le indique al régimen orteguista, en cualquier contrato de asistencia financiera, una condición en la que el Banco deberá asegurarse del uso transparente de la misma, realzando su derecho de llevar la debida diligencia en la supervisión de su ejecución, dejando la información del supervisor fluir con detalles en un sitio web público «para contrarrestar temores de desvío de fondos hacia el financiamiento de actividades represivas o de programas sociales politizados».

El Consejo Político de la UNAB también recomendó que, previo al primer desembolso, el régimen orteguista debería hacer pública su estrategia para enfrentar al COVID-19, donde  que incluya las principales recomendaciones de la OMS y OPS para la detección temprana de contagios, reducción de la tasa de trasmisión, disposición de sus mejores capacidades para el tratamiento de casos confirmados y la protección del personal sanitario.

+ posts

La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.