Para feministas, activistas y defensoras de derechos humanos, el nombramiento del Papa León XIV representa una señal de «impunidad», luego que el nuevo pontífice fuera señalado por organizaciones civiles de encubrir casos de abuso sexual durante su periodo como obispo en Perú.

El nombramiento del Papa León XIV generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, que lo señalan por presuntamente encubrir casos de abuso sexual durante su periodo como obispo en Perú.

El silencio y la naturalización de estas violencias, aseguran, no solo perpetúan el daño, sino que refuerzan un sistema donde los agresores siguen protegidos y las víctimas, desamparadas, consideran.

Esta situación refleja una vez más la “doble moral” de la Iglesia Católica, que condena los abusos en el discurso, pero protege a quienes ostentan poder dentro de su estructura, enfatizan las activistas, feministas y defensoras.

La activista, feminista y defensora de derechos humanos salvadoreña, Sara García, dijo a La Lupa que, que es necesario denunciar las situaciones de «abuso de poder» que ocurren en una de las «instituciones más patriarcales» que existen como es la «jerarquía de la Iglesia católica».

Para García, ocultar esta violencia dentro de la Iglesia es un hecho «grave» que reproduce la «cultura de la violación» y vulnera los derechos humanos.

«Este tipo de hechos cuando son encubiertos, cuando son silenciados, cuando un abuso sexual o una violencia de esa magnitud es naturalizada, silenciada, ocultada…pues, es un mensaje que se envía a la población de la impunidad y cómo se perpetúan estas violencias que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas», mencionó García.

Las organizaciones Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), dedicada a recopilar casos de abusos sexuales y apoyar a las víctimas, y Bishop Accountability, denunciaron al líder de la Iglesia católica de encubrir casos de abuso mientras fue obispo en Perú. 

El actual pontífice, según las organizaciones, habría tenido conocimiento de casos de agresión sexual en la Iglesia y no actuó para proteger a las víctimas. 

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SNAP y  Bishop Accountability aseguran que el nuevo representante de la Iglesia católica habría ignorado las denuncias de abuso sexual y no actuó adecuadamente para enfrentarlos, primero como provincial de los agustinos y luego como obispo de Chiclayo en Perú. 

«Históricamente (la Iglesia católica) se ha caracterizado por encubrir los abusos sexuales. Esto no sorprende esa acusación que aparece, porque ha sido la práctica sistemática por parte de la jerarquía de la Iglesia católica», señaló García.

“No es ninguna sorpresa”

“Eso es parte de la doble moral que tenemos desde la parte religiosa”, agregó la activista trans hondureña, Grecia O’Hara.

Robert Prevost fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, adoptando el nombre de León XIV. Nacido en Chicago, Estados Unidos, y de formación agustina, Prevost fue obispo en Perú durante más de una década, donde también presidió la Conferencia Episcopal peruana.

Antes de su elección como pontífice, ocupaba un cargo clave en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los puestos más influyentes en la estructura de la Iglesia. 

En la época que el estadounidense fue obispo de Chiclayo, en Perú, tres víctimas de abuso sexual presentaron denuncias ante las autoridades civiles en 2022 asegurando que Prevost los había ignorado. 

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“Desde la perspectiva de estos grupos religiosos tanto católicos como evangélicos que son los que tienen más injerencia política y social en un país, son personas que abogan desde la moralidad (…) No es ninguna sorpresa”, señaló O’Hara.

Para O’Hara estas acusaciones contra líderes de la Iglesia católica son una “realidad” y situaciones que no pueden ocultarse. 

Décadas de acusaciones contra líderes católicos 

Desde siempre, la Iglesia católica se ha visto sacudida repetidamente por escándalos de abuso sexual infantil, pero pocos han obtenido la justicia que desean. 

«Este silencio institucional, social, alrededor de los casos de abuso y violencias sexuales tiene que ver con una cultura de la violación, con un Estado y una sociedad que es patriarcal y que reproduce estas lógicas de abuso», dijo García.

«Que siga existiendo el silencio dentro de estas instituciones —agrega la activista y feminista salvadoreña—, solo da cuenta de la violencia estructural que se vive y a la que nos enfrentamos. Esto solo profundiza las desigualdades que genera la impunidad».

Una defensora de derechos humanos nicaragüense, que prefiere hablar bajo anonimato para evitar represalias, explica que el hecho que las acusaciones recaigan sobre el líder máximo de la Iglesia Católica “pone a prueba” la verdadera voluntad del Vaticano para romper con décadas de impunidad. 

“No esperamos nada, porque es un poderío enorme que sigue los pasos antiguos. Ellos prefieren encubrir todos esos delitos, desde que ellos encubren los delitos no hay ninguna esperanza de cambio. La Iglesia católica y su jerarquía está en manos de personas antiguas, es una mafia”, señala la defensora de derechos humanos. 

¿Tener acceso a la verdad?

En octubre de 2024, diez años después de su creación, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, instituida por el papa Francisco el 22 de marzo de 2014, presentó su primer informe sobre abusos sexuales cometidos por clérigos

La Comisión reconoció que, “una de las prioridades de quienes han sido afectados por el abuso sexual es tener acceso a la verdad que, en el caso de las víctimas/sobrevivientes, tiene que ver con la posibilidad de seguir los procesos penales relacionados con la violación de sus derechos humanos”. 

“Para nosotros es algo común que siempre se espera de los grupos religiosos. Entre más ese grupo religioso se opone y hace comentarios, incidencia para que no se llevan a cabo los procesos de derechos humanos para personas LGBTIQ+ es cuando ellos encubren situaciones que se dan en sus propios grupos”, puntualizó O´Hara. 

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. Sin embargo, los defensores insisten en que esta denuncia no puede ser tratada como un ataque a la fe, sino como una exigencia legítima de justicia. 

Según García, es «grave cómo esa impunidad se sigue reproduciendo», y como movimiento feminista, más allá de retomar y disputar ese espacio dentro de las iglesias, «se trata de disputar, dentro de la sociedad, los mundos que queremos construir para todas y todos».

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La Lupa Nicaragua