Al menos 179 organizaciones civiles fueron despojadas de su personería jurídica entre el 31 de mayo y el 2 de junio, por la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo. Esta sería la cancelación masiva más grande que ha realizado el régimen hasta ahora, sumando a 463 las organizaciones canceladas desde 2018, según el conteo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras d Derechos Humanos (IM-Defensoras).
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Las organizaciones sociales o de carácter benéfico que trabajan con poblaciones vulnerables siguen siendo las principales afectadas. Con esta última cancelación, la IM-Defensoras contabiliza 16 organizaciones feministas o que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres perjudicadas, siendo 56 desde el inicio de la crisis sociopolítica.
Dentro de las 16 organizaciones feministas canceladas en los últimos tres días, se encuentran organizaciones que brindaban atención psicológica, legal y de salud a mujeres de escasos recursos víctimas de y violencia machista. Tal es el caso de la Asociación Pro-Defensa de la Mujer (ASONICMU), quienes atendían a mujeres de Managua a través del Centro de Mujeres ISNIN desde hace 32 años.
“A pesar de la difícil situación por la que estamos pasando, nos propusimos continuar brindando acompañamiento a las mujeres, jóvenes y adolescente de nuestro sector víctimas de violencia en el desarrollo de sus procesos, tanto jurídico como psicológicos”, manifiestan en un informe de su labor en el 2020.
Solo en 2020, el Centro de Mujeres ISNIN brindó atención a 835 mujeres, de las cuales 285 fueron atención en ginecología, 8 en medicina oriental, 283 en psicología y 259 en asesoría legal. Además de 380 intervenciones en grupos de reflexión sobre autoayuda y empoderamiento.
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La mayoría de mujeres llegan por situaciones de violencia económica relacionado a la pensión alimenticia, violencia psicológica, violencia patrimonial y violencia física. En estos casos las organizaciones brindaban asesoría, acompañaban a las mujeres a realizar los trámites de mediación, administrativo o vía penal.
Según los informes de la organización, brindarles las atenciones a las mujeres fue difícil a partir de 2018, debido a “la presión política, social y económica, lo que encarece los procesos de acompañamiento a la víctima”.
ASONICMU, además de brindar atención con el Centro de Mujeres ISNIN, también apoyaban a mujeres con la fundación de la Panadería Tonalli, la cual ofrecía puestos de trabajos a madres solteras. Según la organización actualmente trabajan una docena de mujeres, y en otros momentos hasta 22.
Otra de las organizaciones que ejercía una gran labor en el empoderamiento de mujeres y adolescentes es la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC), la cual contaba con los programas de Iniciativas Juveniles; Escuela De Formación Técnica De Mujeres; y Sostenibilidad y Desarrollo de Capacidades, que eran dirigidos 33 comunidades rurales de Condega, 8 barrios y 12 municipios del país.
La Escuela de Formación Técnica de Mujeres, por la cual la AMCC era mayormente conocida, brindaba una oferta amplia de cursos de construcción a mujeres y algunos hombres para que adquieran independencia económica. De esta escuela, egresaron 561 personas; y de los talleres “Nací Para Volar” egresaron 318 mujeres, según la información brindada por la organización en su página web.
“Las jóvenes que se vincularon a AMCC en un 88% continuaron sus estudios secundarios, ingresaron y se mantuvieron en la universidad, durante sus estudios se protegieron de embarazos tempranos y de violencias. Ejercieron su ciudadanía compartiendo sus derechos con otras chicas haciendo parte de la organización Nací Para Volar, visibilizaron demandas, establecieron diálogos con sus madres y padres acerca de límites, violencias y formas de protegerlas”, exponen.
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La AMCC, quienes empezaron su labor desde hace 35 años, también brindaba espacio a las adolescentes de Condega, Totogalpa y Ocotal para que se organizaran, crearan espacios lúdicos educativos y se formaran en torno a sus derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres víctimas de violencia machista de Matagalpa y Jinotega cuentan con un espacio menos para solicitar ayuda en sus procesos de justicia, pues el Centro Especializado en Atención a la Mujer (CEAMUJER) forma parte de las organizaciones canceladas; pese a que más de 1,500 mujeres solicitan atención en área anualmente, de acuerdo con datos de la organización.
Según CEAMUJER, los trabajos que realizaban entorno a la prevención y sanción de la violencia beneficiaba indirectamente a más de 17 mil mujeres rurales y urbanas, el cual consistía en brindar atención jurídica, psicológica y económica, realizar acciones de coordinación con instituciones estatales y desarrollar procesos de sensibilización y educación sobre la violencia machista.
El cierre de estas organizaciones no solo representa una violación al derecho a la libertad asociación, sino también afecta directamente a las personas beneficiadas por las ONG’s y las personas que contaban con un trabajo en ella, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
🇳🇮 🚨URGENTE| Con las cancelaciones masivas de las personerías jurídicas de las OSC el régimen ORMU impulsa la destrucción del tejido social en #Nicaragua.
— Cenidh (@cenidh) June 1, 2022
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«¿Cuántos niños, niñas, adolescentes se quedaron sin educación, sin la posibilidad de recibir atención médica, alimento, sin derecho a recrearse? ¿Quiénes les devolverá la sonrisa? ¿Cuántos ya no van a conocer ni desarrollar sus capacidades intelectuales, a través del arte, la cultura, la lengua? ¿Cuántos jóvenes en riesgo volverán al desamparo y a la calle?», manifiestan en un comunicado.
De acuerdo con el CENIDH, el objeto del régimen Ortega-Murillo es desarticular y provocar la destrucción del tejido social de Nicaragua, para fortalecer su gobierno, acaparar la cooperación internacional y usarla para reprimir.
