En Nicaragua existen 291 Comisaría de la Mujer, pero el país cerró 2023 con 74 femicidios ante los que la dictadura orteguista calla. La contradicción de cifras se explica fácil: en los edificios policiales no hay personal especializado, no aplican protocolos de actuación y tienen como estrategia principal ofrecer la mediación a las mujeres víctimas de violencia que asisten demandando justicia contra sus agresores.
“Las comisarías tienen que tener su rol. Es un centro especializado donde las mujeres llegan a interponer las denuncias, la recogen para mandarla a Fiscalía, esta pide más información, la comisaría lo facilita y luego, esa documentación va en la ruta a los juzgados especializados de violencia. Nada de eso existe”, expresó “María”, una defensora que solicitó anonimato por seguridad.
Entre siete a nueve mujeres pueden llegar a una comisaría en un día cualquiera, según registro de diversas defensoras. Al entrar encuentran a dos mujeres policías- que no necesariamente están capacitadas para atender a una víctima de violencia machista- y una persona de civil, que pareciera ser psicóloga. Una de las oficiales atiende a las mujeres, pero en vez de apoyarla, solo menciona barreras, relata “María”.
La Policía les dice que el proceso judicial “va a tardar mucho”, que requiere testigos, que debe presentar pruebas de todo lo que contó, que una de las salidas rápidas es la mediación. No les exigen que apuesten por ello, pero les remarcan que “si quiere salir del problema urgente, ella puede negociar con el agresor, y ese es el lenguaje que están usando”, indica la defensora.
“La idea es achicar los problemas, que no pasen por los procedimientos que implica la ruta: comisaría, fiscalía, juzgado”, subraya “María”. A las mujeres no les dicen que deben cumplir un protocolo para que se imparta justicia, que es a lo que aspiran las víctimas de cualquier tipo de violencia. “Hay una estrategia para que el problema se quede ahí, que pasen el expediente al área administrativa, finiquitado. Hay una insistencia que el expediente pase a esa parte de finiquito, -después- que ya la mandé a mediar”.
Sin embargo, la versión oficial de la dictadura orteguista es que cada día se abren más comisarías para proteger a más mujeres, pero en la práctica, las defensoras mantienen una denuncia constante porque las pocas mujeres que se atreven a denunciar no reciben la asistencia debida, mientras incrementa la violencia machista.
Según el comisionado general, Jaime Vanegas, en declaraciones a medios de la propaganda del régimen, el Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer- entre el 25 al 31 de enero 2024- incluyó 15 652 visitas a viviendas, además de 3,793 charlas con madres y 525 conversatorios con mujeres y jóvenes. El pasado lunes 1 de febrero se inauguró la Comisaría número 291, en Condega, Estelí.
Pero según datos de Católicas por el Derecho a Decidir, de los 74 femicidios, 23 ocurrieron en el Caribe, seguido de Managua, con diez.
Para “Carmen”, otra defensora consultada por La Lupa, la problemática de fondo es el poco acceso a la justicia y la impunidad que reina en Nicaragua. “Puede haber un edificio, pero si con poner la denuncia estoy en riesgo porque no existen los mecanismos de protección, de medidas cautelares porque la institución debe proteger a las mujeres, es muy difícil”, señaló.
Con la agudización de la crisis sociopolítica de Nicaragua, a partir de 2018, la situación de la violencia machista también ha quedado invisibilizada. El trabajo de las organizaciones y las diferentes fuentes de información independientes ya no existen en el país, por lo que muy poco se puede saber sobre las estadísticas, denuncias y seguimientos, como antes se hacía.
“Es una estrategia que se ha mantenido por invisibilizar las cifras, no atender las denuncias, llamar por otro nombre a la violencia contra las mujeres”, señala “Carmen”, quien ha sido testigo cómo las mujeres han quedado en completa desprotección. Agrega que las comisarías nacieron en 1994, precisamente, como un esfuerzo coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, pero ahora no hay nada de eso.
“-Las Comisarías- no tienen impacto en la atención, en el acceso a la justicia porque vemos que hay femicidios, no hay coordinación con todo el tejido social, no hay mujeres promotoras, no hay organizaciones involucradas. Había un tejido social, ahorita no hay nada, no hay atención, se toma la denuncia pero hasta ahí llega… Las mujeres esperan la actuación de la Policía… la ruta crítica estaba clara, la primera puerta era la Policía o Comisaría, proceso investigativo real, personal capacitado. Si la mujer necesitaba albergues se hacía esa coordinación, pero no hay albergues, nada”, lamenta.
Pero el problema inicia desde la denuncia, indica “María”. Las mujeres cuentan con su palabra, y en la mayoría de casos, tienen de testigos a sus hijos y la familia no quiere involucrarse. “Es muy difícil” para la mujer. “Como no hay un Estado, hay demasiado riesgo en la vida de las mujeres. Los presos comunes que antes cayeron preso por violencia están fuera ahora, y las mujeres corren riesgo con unos exmaridos o excompañeros que salieron de la cárcel y no cumplieron sus condenas y salieron machos, con todas las posibilidades de decirle a la víctima, ahora me la desquito”, expresó.
“Yo creo que para hablar de la violencia en términos de cómo están haciendo las mujeres para tener justicia sobre la violencia, no importa cual tipo de violencia, creo que en Nicaragua eso está muy difícil. Tiene grandes déficit de atención, de calidad, de comunicación, de seguridad. Una mujer que ha convivido con el agresor y ahora es paramilitar, esa mujer corre el riesgo de todo punto de vista, ya no solo por violencia machista, sino por violencia del Estado”, subrayó la defensora.
Ambas defensoras coinciden en que las mujeres deben contar con planes de autoresguardo y además, una red de apoyo familiar o de amistades.
