#25N | Estas son las 5 políticas de la dictadura Ortega-Murillo que perpetúan la violencia contra las mujeres en Nicaragua

El femicidio es la forma más extrema de la violencia machista.

Jissel del Carmen Carbajal Guatemala, de 38 años, fue asesinada frente a sus hijos e hijas de 13, 10, 9, 7, 6, 2 y 1 años. Sin importar sus gritos, la mujer de 38 años fue atacada por su cónyuge, Oscar Danilo Granados Herrera, de 47 años, quien la golpeó en reiteradas ocasiones provocando su muerte. 

“Es una situación insostenible. Con los crímenes, los asesinatos, se demuestra el odio hacia las mujeres y desde hace mucho que vienen minimizando esta situación (…) En este sistema machista no tienen aprecio por la vida de las mujeres”, dijo una feminista que defiende derechos de las mujeres y que habló bajo anonimato con La Lupa. 

La violencia se manifiesta de diversas formas tanto en el ámbito público como privado: puede ser física y psicológica, económica, sexual y hasta digital. 

En Nicaragua vivir una vida libre de violencia es cada vez más difícil. La violencia contra las mujeres no solo es resultado del machismo interiorizado sino también de las políticas que garantizan impunidad para los agresores y desprotegen a las víctimas.

Desde su retorno al poder, en 2007, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha consolidado una política que no solo “minimiza” la violencia machista, sino que además desmantela cualquier mecanismo que podría prevenirla, investigarla o sancionarla.

A continuación analizamos las cinco políticas que perpetúan la violencia contra las mujeres en el país.

1. No “nombrar” el femicidio

Una de las señales más claras de la política estatal que ayuda a invisibilizar la violencia contra las mujeres es la eliminación deliberada del término femicidio del discurso institucional.

Las autoridades policiales, fiscales y judiciales han dejado de utilizarlo y lo sustituyen frecuentemente por expresiones que invisibilzan esta realidad como “muerte homicida”, “crimen pasional” o “fallecimiento”.

La consecuencia es el borrado automático de la “violencia de género”. “La vida de las mujeres no vale nada y este sistema nos está matando (…) No nos permiten vivir libremente”, señaló la defensora de derechos de las mujeres que habló con La Lupa. 

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Para la defensora, hablar de femicidio frente a un Estado “machista y misógino” no es aceptable. “Es un concepto que no les gusta, porque el Estado es responsable cuando no nos protege, no previene y no investiga”, agregó.

El silenciamiento del régimen frente a estos actos extremos de la violencia machista representa un retroceso profundo.

“Cuando las autoridades dejan de nombrar la violencia de género se convierten en cómplices y hacen que un caso de esa magnitud no sea investigado (…) Hay mucha impunidad”, señaló. 

2. Ausencia de estadísticas oficiales

En el país, frente a la ausencia de estadísticas oficiales, las organizaciones feministas y medios de comunicación han tenido que asumir el trabajo de seguimiento de los femicidios, violaciones, abusos sexuales y otro tipo de violencia que sufren las mujeres. 

Desde hace años, el régimen dejó de publicar datos periódicos sobre femicidios, denuncias de violencia machista, condenas o reincidencia de los autores. El Estado está en silencio, porque no hay informes policiales, no hay reportes del Poder Judicial, y/o el Ministerio de la Mujer. 

El anuario estadístico de 2021 es el último publicado por la Policía orteguista. Ese año, reconocieron solamente 15 femicidios, menos que los 71 registrados —63 en territorio nacional y 8 en el extranjero—, por el Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir. 

La desaparición de datos constituye una decisión política que tiene consecuencias, porque es “negar” lo que ocurre en el país.

“En cualquier sociedad donde hay democracia, las estadísticas no se esconden, porque esos datos, esos números, sirven para planificar, para crear políticas públicas aunque después se digan cuáles sirven y cuáles no”, dijo la defensora de derechos de las mujeres. 

3. Liberación masiva de reos comunes 

Moisés Adán Cruz Cruz, alias “El Moly”, detenido tras el asesinato de una adolescente de 17 años en Carazo fue liberado antes de cumplir una condena de 12 años por el delito de abuso sexual. Debió estar en prisión hasta 2035, pero inexplicablemente recuperó su libertad. 

La liberación masiva de reos comunes es otra política implementada que pone en peligro a las mujeres, promueve la impunidad, debilita el Estado de derecho y fortalece el aparato de control social de la dictadura.

Según, la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, la liberación es “por orientaciones” de Ortega y Murillo con el objetivo de seguir “promoviendo y garantizando la unión familiar”. 

Bajo el argumento de que “existen segundas oportunidades”, desde 2014 el régimen habría liberado más de 60,000 presos comunes. Lo cierto es que entre los beneficiados se encuentran cientos de agresores, violadores y femicidas condenados por delitos contra mujeres, niñas y adolescentes. 

En 2021, La Lupa confirmó, con sentencia en mano y órdenes de libertad, cuatro casos de reos comunes beneficiados, entre 2019 y 2020, con el régimen de Convivencia Familiar Ordinaria, entre ellos el caso de un hombre quien apenas cumplió cinco años, tres meses y cinco días de una pena de 35 años de presidio —25  por asesinato y 10 por femicidio frustrado—, así como otros dos reos comunes autores del delito de violación agravada en contra de niñas y adolescentes.

Con esta política, el régimen optó por dejar en libertad a individuos que representaban una amenaza comprobada. 

4. Mujeres obligadas a “mediar” con su agresor 

La aplicación de la mediación en casos de violencia es una práctica que el régimen ha normalizado. 

Mientras las mujeres continúan siendo víctimas de la violencia machista y los casos de femicidio se incrementan, el modelo de mediación promovido por las instituciones gubernamentales se convierte en una estrategia fallida que, lejos de proteger a las víctimas, reduce denuncias, cierra expedientes y desincentiva el avance de los procesos judiciales.

En junio de 2025, Julissa Asunción Montoya Chavarría, de 46 años, fue víctima de femicidio a manos de su expareja, Bayardo Morales Osorio, en el barrio Villa Reconciliación Sur, en Managua. El hombre también asesinó a la hija de ambos y luego se suicidó. 

El crimen de Montoya Chavarría pudo evitarse. Pero en enero de 2025, un juez autorizó la suspensión condicional de la persecución penal contra Morales Osorio —procesado por intimidación o amenazas en perjuicio de su exesposa—, luego que la Fiscalía argumentó que el acusado no tenía antecedentes penales. 

5. Comisarías promueven silencio ante violencia

Aunque la dictadura Ortega-Murillo inaugure Comisarías de la Mujer cada semana, alcanzando según datos de la Policía orteguista más de 421 sedes en territorio nacional, lo que significaría 2,7 por municipio, la realidad es que además de ser «meras fachadas» como denuncian feministas, también se promueve un discurso de «unidad familiar» por encima de la vida de las mujeres.

«No cumplen con su papel de atención integral a las víctimas, más bien responden al interés político de la dictadura por querer mostrar que todo está bien. Lo que se traduce en una promoción a la mediación incluso en casos no estipulados, pero además en un subregistro de los casos reales», indicó otra activista de derechos humanos.

En Nicaragua, en lo que va del año, según registro verificado de La Lupa, 51 mujeres han sido víctimas de femicidio. Un dato doloroso que no suele disminuir con los años sino incrementarse.

Pero, «la dictadura prefiere no nombrarla, no registrarla y no investigarla”. Desde su regreso al poder, el régimen ha desmantelado las instituciones que deberían estar en función de proteger a las mujeres. Y con la Rebelión de Abril aniquiló a las organizaciones feministas, encarceló y obligó al exilio a las defensoras y feministas. 

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Prácticas como las que persisten en Nicaragua bajo la dictadura orteguista —donde las mujeres siguen desprotegidas y prevalece la impunidad—, deben ser eliminadas, y por eso cada #25Noviembre se recuerda la urgencia de enfrentar todas las formas de violencia. 

En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destinada a visibilizar y denunciar la violencia que sufren niñas, adolescentes y mujeres en todo el mundo.