20 defensoras fueron asesinadas en Centroamérica y México en 2022
El año pasado fue uno de los más letales para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
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En Centroamérica y México hubo 20 defensoras de derechos humanos asesinadas durante el año 2022, refleja el registro anual de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). El 2022 corresponde a uno de los años más letales y violentos en la demanda de derechos.
El principal país con más defensoras asesinadas fue México con 14 femicidios y tres transfemicidios, seguido de un femicidio en Nicaragua, un femicidio en El Salvador y un transfemicidio en Honduras.
Las defensoras asesinadas trabajaban por los derechos a la libertad de información y expresión; verdad, justicia y reparación; una vida libre de violencia machista; la tierra y los territorios; y los derechos de las personas LGBTIQ+.
El registro de la IM-Defensoras muestran que desde 2016 hasta 2021 al menos 45 defensoras han sido asesinadas en Mesoamérica, entre ellas 21 defensoras por el derecho a la tierra y 24 defensoras trans por los derechos de las personas LGBTIQ+.
En total, en los últimos siete años se han cometido 66 asesinatos contra defensoras de derechos humanos. Los principales perpetradores son agentes del Estado como autoridades públicas, policías y fuerzas armadas, seguidos de personas desconocidas.
Agresiones contra defensoras han aumentado desde el asesinato de Berta Cáceres
La IM-Defensora denuncia que desde el asesinato de la defensora de territorios Berta Cáceres en 2016, los asesinatos y agresiones contra las mujeres activistas en Centroamérica y México han aumentado exponencialmente. De acuerdo con ellas, los asesinatos de mujeres cumplen con una función política de aterrorizar a las comunidades.
«El incremento de asesinatos posterior al asesinato de Berta es significativo. Los asesinatos no solo son actos ejemplificantes en sí mismos, sino que, además, estos sumados a procesos de impunidad establecen una carta abierta para los perpetradores, sobre lo que está permitido, además de una política de terror en las comunidades que incide en callar voces y en los desplazamientos forzados», denuncia la IM-Defensoras.
Según la Iniciativa, la vida de estas mujeres peligra solo por el hecho de defender derechos, acompañar a víctimas de violencia y denunciar a los agresores. “Hemos documentado situaciones de compañeras que viven amenazas de mierte por acompañar juicios de víctimas de agresión sexual o por hacer una denuncia pública de algún agresor”, señala una de las integrantes de la Iniciativa.
Esta problemática se profundiza porque los Estados mesoamericanos no cuentan con sistemas de protección que les asegure su trabajo, por el contrario, son los Estados los que ejercen principalmente la violencia contra ellas.
Casi 5 mil agresiones contra defensoras y organizaciones de mujeres
Los asesinatos contra las defensoras son solo la forma más extrema de violencia estatal, pero no es la única. En 2022 se registraron 4,803 agresiones contra defensoras, organizaciones y colectivas de derechos humanos.
Las principales formas de agresión son hostigamientos, violencia física, psicológica o verbal y amenazas, ejecutadas principalmente por agentes policiales, funcionarios públicos y grupos paramilitares, en el caso de Nicaragua.
Las agresiones más relevantes que se mantuvieron en el país fueron el hostigamiento y vigilancia sistemática contra defensoras de derechos humanos y sus familias, la privación de libertad a las presas políticas y el cierre ilegal de organizaciones de mujeres que se eleva a 212 organizaciones despojadas de su personería jurídica.
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