137 mujeres LBQ+ asesinadas en tres años en América Latina: el 98.5% de los casos sigue impune
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Un total de 137 mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ+) fueron asesinadas en América Latina y el Caribe entre 2022 y el primer semestre de 2025 en crímenes vinculados a su “orientación sexual o expresión de género”. Tres de estos casos ocurrieron en Nicaragua, según un informe de la Red Sin Violencia LGBTIQ+.
De los 137 casos documentados, 111 víctimas —más del 80%— eran mujeres cis lesbianas. Otras 21 se reconocían como mujeres cis bisexuales y en cinco casos se identificó a mujeres cis no heterosexuales. En estos últimos, la información disponible fue limitada y solo pudieron ser incluidas porque las fuentes las nombraron de manera general como parte de la diversidad sexual.
En Nicaragua, las víctimas fueron dos mujeres cis lesbianas —una hallada muerta en un lote baldío y otra en su domicilio— y una mujer trans, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de un río.
Uno de los casos ocurrió en Chinandega en noviembre de 2024. Una adolescente cis lesbiana de 14 años fue asesinada por su tío, quien, según reportes, “no aceptaba que fuera lesbiana” y decía que “la quería hacer mujercita”. El agresor la descuartizó, quemó sus restos y los enterró dentro de la finca donde ambos trabajaban.
Imara Largaespada, mujer lesbiana y activista del grupo Artemisa, explicó en entrevista con La Lupa Feminista que desde 2018 se ha registrado un incremento de muertes violentas contra mujeres y personas trans en Nicaragua. “Una de las problemáticas que hay en Nicaragua es que el Código Penal no reconoce a la comunidad LGBTI y no tipifica como crimen de odio estos casos”, señaló.
En el país, las restricciones a la libertad de expresión y la persecución política contra organizaciones de la sociedad civil limitan aún más la posibilidad de documentar y denunciar violaciones de derechos humanos.
Impunidad como norma
El informe abarca nueve países de la región y revela que el 98.5% de estos crímenes permanece impune.
“La respuesta del sistema de justicia muestra mínimos niveles de esclarecimiento y sanción: de los 137 casos documentados, solo se registraron dos sentencias condenatorias”, señala el informe.
La mitad de los asesinatos (68) ocurrió en Colombia; 30 en Honduras; y 16 en México. También se registraron casos en Guatemala (12), República Dominicana (4), Nicaragua (3), Ecuador (2), Bolivia (1) y Perú (1).
Según la Red Sin Violencia LGBTIQ+, estos crímenes ocurrieron en contextos marcados por “discriminación, exclusión y falta de protección estatal” hacia mujeres de la diversidad sexual.
El 39% de los casos se perpetró en calles, espacios abiertos, transporte público, campos, lotes baldíos, ríos o playas. Para la organización, el lugar donde ocurrieron los asesinatos evidencia la “exposición a riesgos letales en el espacio público y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres LBQ+ al habitarlo”.
Víctimas jóvenes y patrones recurrentes
La mayoría de las víctimas tenía entre 21 y 25 años, lo que evidencia “cómo la violencia letal interrumpe de forma temprana la construcción de trayectorias de vida”.
El informe identifica tres patrones recurrentes:
Control afectivo y represalia. En estos casos, los homicidios fueron perpetrados por hombres que mantenían o habían mantenido relaciones con las víctimas, donde la violencia operó como forma de control o castigo. En México, Adriana fue asesinada tras rechazar a su agresor, quien le advirtió que “si no era suya, no sería de nadie”.
Sanción social por visibilidad. Los ataques ocurren cuando la orientación sexual de las víctimas se hace pública. Como ejemplo, el informe cita el asesinato de una pareja lésbica en México en 2022 al salir de su vivienda.
Crimen organizado. Al menos 20 casos presentan indicios de vínculos con economías criminalizadas, especialmente en Honduras, Guatemala y México. Según el informe, estos contextos combinan pobreza, exclusión laboral y restricción de redes de apoyo que exponen a mujeres LBQ+ a economías criminalizadas.
Uso de armas de fuego
El arma de fuego fue el método más frecuente, presente en el 43% de los homicidios. En el 40% de los casos no se logró identificar el medio utilizado, lo que, según la organización, refleja graves fallas en los procesos de investigación oficial.
La Red Sin Violencia LGBTIQ+ instó a los Estados de la región a reconocer la violencia contra mujeres LBQ+ como una forma específica de violencia de género, desarrollar registros oficiales desagregados y adoptar protocolos especializados de investigación para fuerzas de seguridad, operadores de justicia y personal forense.
Además, la organización advirtió que la falta de protocolos especializados y la “revictimización derivada de estigmas y prácticas discriminatorias arraigadas en las instituciones estatales” constituyen obstáculos estructurales que limitan la prevención y el acceso a la justicia. Estas prácticas, señala el informe, “refuerzan un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia contra mujeres LBQ+”.
Largaespada añadió: “Si los funcionarios son fundamentalistas y homofóbicos jamás van a poder implementar acciones (…) Si se reconociera a la comunidad LGBTI sería un paso para incorporar proyectos y para que estos casos se tipifiquen como lo que son”.
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