120 días de multa es la condena de una jueza orteguista contra la periodista, Kalúa Salazar
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Por 150 La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, ha sido condenada por un juez orteguista a pagar un total de 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa por haber sido «encontrada culpable» por el delito de Calumnias.
Salazar explicó a La Lupa que el pago no se hará efectivo en este momento, mientras no se dé una resolución a la apelación presentada por los resultados del juicio del pasado 23 de septiembre cuando fue declarada culpable.
“El juicio ya pasó, lo que viene es la audiencia de apelación. Esperaremos salir de este proceso de apelación para poder determinar el pago de la multa o cualquier otra situación que tenga que ver con este monto a pagar”, mencionó Salazar a La Lupa.
La judicial en su sentencia establece que la periodista deberá hacer el depósito a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia, según establece una circular emitida por esa sede judicial en enero de 2009.
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El pasado 23 de septiembre de 2020, la periodista de 26 años fue declarada culpable en un juicio que por calumnias presentaron en su contra, tres colaboradoras de la Alcaldía sandinista de El Rama, luego que difundiera una información titulada “Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio El Rama”.
No hay capacidad de pago
La jefa de prensa de la radioemisora independiente en Bluefields, explicó que el monto estipulado en la sentencia se debe pagar a lo inmediato, pero en las condiciones económicas actuales del país ninguna persona tiene capacidad de pago, señaló.
“Yo pienso que ninguna persona, que es consciente de la realidad por la que pasa Nicaragua, está en la disponibilidad o en la capacidad de pagar esta cantidad”, mencionó.
Agregó que, en ese contexto, los medios de comunicación independientes están sobreviviendo solamente de la publicidad y que en este momento las pautas se han reducido hasta en un 80%.
“Hay que tratar de ponernos a imaginar cómo afecta esto económicamente o golpea a los medios de comunicación”, dijo.
La noticia que recogía la denuncia de un ciudadano, bajo anónimato, fue difundida el 4 de agosto de 2020. Inmediatamente, las querellantes Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno acusaron a Salazar por Calumnias.
“Se pudo notar la parcialización de la justicia desde que admitieron testigos que cancaneaban, que ni siquiera sabían cuál era la página de la radio o como se llamaba la denuncia”, señaló la periodista.
La jefa de prensa de la radio mencionó que muchos de las personas que comparecieron como testigos, por la parte acusadora, en el juicio son simpatizantes del partido político FSLN por el cual se rigen las autoridades municipales que gobiernan en El Rama.
“Uno de los testigos tiene afinidad por el partido político en turno y hace comentarios en contra de La Costeñísima, dentro de la página de la radio, desde ahí podemos observar la parcialización y se admitieron a esos testigos que son, podríamos decir, con vínculos muy cercanos a la alcaldía de El Rama”, mencionó Salazar.
La sentencia contra Salazar es un ejemplo de la persecución, judicialización y criminalización del régimen contra la prensa independiente del país que se mantiene en resistencia.
Salazar es la primera de cinco comunicadores independientes que fueron judicializados por el régimen. La joven periodista, además, junto a otros colaboradores de la radioemisora viven el constante asedio policial en las afueras de La Costeñísima y sus propias casas de habitación.
El periodista Jacksell Herrera de la plataforma Nicaragua News NN, el director de la plataforma digital Boletín Ecológico, David Quintana y los periodistas William Aragón y Elsa Espinoza, ambos miembros de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) enfrentan procesos similares.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están preparando una serie de combos de leyes para silenciar a la prensa independiente y todo aquél que considere opositor.
Este martes, un día después de enviar a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley especial de Ciberdelitos, publicó un decreto sobre una «Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025», una política que será ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
