«Mercenarios del micrófono», «traidores» y «vendepatrias». Estas son algunas de las expresiones que resuenan en programas oficialistas como La Verdad Verdadera o El Búnker de Stalin, donde la agresión verbal se convierte en una herramienta que busca “deslegitimar” la función del periodismo y forma parte de una «estrategia de comunicación definida desde la vocería gubernamental, encabezada por Rosario Murillo». 

En estos espacios, la violencia contra las y los periodistas no se limita a criticar su trabajo. Son «ataques digitales, cada vez más violentos, misóginos y burlescos desde voceros oficialistas y cuentas de fanáticos sandinistas; quienes utilizan un lenguaje ordinario, inadmisible a republicar», señaló la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), en su primer informe 2026. 

Entre enero y marzo de 2026, la FLED documenta 44 casos de agresiones concentradas en el entorno digital. 

En el caso de las mujeres, estas violencias “adquieren formas específicas, con descalificaciones cargadas de violencia de género que agravan el impacto de los ataques”. 

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La periodista Lucía Pineda, directora de 100% Noticias, ha sido “objeto de ataques constantes centrados en un discurso estigmatizante, cargado de odio, desprestigios desplazando el foco de su trabajo periodístico hacia la descalificación personal”. 

Las periodistas señaladas públicamente en estos espacios —subraya la FLED—, “enfrentan un mayor nivel de riesgo, lo que las ha llevado a buscar alternativas de reasentamiento a terceros países”. 

Las redes sociales para descalificar

En redes sociales, según la FLED, simpatizantes sandinistas, “amparados en cuentas falsas, arremeten contra las páginas de medios independientes, replicando estas narrativas y reforzando campañas de hostigamiento que operan de forma coordinada para intimidar, desgastar y desacreditar el trabajo informativo.

Durante el trimestre, la FLED analizó las publicaciones de tres medios de comunicación independientes e identificó cerca de mil comentarios para descalificar la labor. 

Frecuentemente, desde esas cuentas usan “expresiones de burla, uso de términos obscenos y mensajes orientados a menospreciar tanto el trabajo informativo como a quienes lo ejercen”. 

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Ante el incremento de esta violencia, algunos periodistas han optado por reducir su exposición pública como medida de protección para resguardar su seguridad y la de sus familias. 

El “desgaste del exilio” y la precariedad económica

La represión ha obligado a la mayoría del gremio al desplazamiento forzado, pero el exilio no ha garantizado la estabilidad. En países como Costa Rica, las y los comunicadores enfrentan desempleo, xenofobia y la falta de resolución de sus solicitudes de refugio.

“Una comunicadora reportó haber sido víctima de actos de xenofobia que incluyeron amenazas de muerte, lo que reduce aún más sus oportunidades de encontrar un empleo digno”, señala el informe.

La situación es especialmente precaria para las mujeres periodistas mayores. 

“Ya en un supermercado no me aceptan por la edad. Ser adulta mayor hace que la situación sea más difícil”, relató una comunicadora que ya no es aceptada en empleos básicos por su edad. 

A esto se suma la suspensión de seguros médicos, que deja a periodistas con enfermedades crónicas en una situación de vulnerabilidad extrema al perder el acceso a sus tratamientos.

“Fui al EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) y me dijeron que mi seguro médico de ACNUR está inactivo; corroboré con ACNUR y era verdad, los seguros médicos están siendo suspendidos”, señala un periodista.

Prohíben contenidos 

El informe también identifica mecanismos de control informal dentro de Nicaragua. Grupos como «Alianzas de Páginas Unidas» imponen reglas estrictas que prohíben contenidos críticos hacia el gobierno y exigen alineación editorial a cambio de permitir la monetización de contenidos de sucesos.

«Consideramos que las condiciones en las que opera este espacio, así como otros similares, orientan la cobertura hacia contenidos que refuerzan una narrativa oficialista, reducen la diversidad informativa y limitan el ejercicio del periodismo independiente», puntualiza el informe.

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La Lupa Feminista