Violencia contra personas LGBTIQ+ persiste en Nicaragua
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Discriminación en espacios públicos, violencia psicológica en centros de trabajo, hostigamiento institucional en escuelas y hospitales, agresiones físicas en el ámbito familiar y en el extremo hasta asesinatos son parte del conjunto de situaciones que siguen viviendo las personas LGBTIQ+ en Nicaragua en un contexto donde el régimen ha convertido el silencio en política de Estado.
Entre enero y julio de 2025, el Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ de la Asociación Feminista La Corriente documentó 14 casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en Nicaragua.
El caso de un profesor gay de 36 años en Jinotega, atacado brutalmente con machete dentro de una capilla y que murió producto de las “mutilaciones y múltiples heridas”, expone la violencia extrema documentados por el Observatorio.
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“Los casos documentados ponen en evidencia que la violencia ejercida hacia personas LGBTIQ+ en Nicaragua persiste y se agrava en determinados cuerpos que encarnan otras formas de discriminación como el racismo y la xenofobia”, agregó el Observatorio en su más reciente informe.
Otras formas de violencia contra personas LGBTIQ+
Los 13 casos restantes documentados en 2025 —subraya el informe—, revelan un ecosistema de agresiones cotidianas que degradan, excluyen y aterrorizan a personas de la diversidad.
La violencia psicológica y emocional estuvo presente en casi todos los casos registrados y se incluyen comentarios homo-lesbofóbicos, transfóbicos y xenófobos en calles, supermercados, centros de trabajo y hasta en el transporte público.
En Managua, dos jóvenes gays de 21 y 23 años fueron expulsados del Parque Japonés por un guardia de seguridad, quien les dijo que “no debían estar sentados como novios porque habían niños en el parque, esto a pesar de que habían parejas heterosexuales que incluso demostraban más cercanía”.
Pese a que mostraron su inconformidad con el guarda, éste les respondió que “solo de ellos hubo quejas por parte de las familias”, por lo que decidieron abandonar el parque.
En Dolores, Carazo, un joven de 25 años fue expulsado de su casa después de publicar una foto con su novio en redes sociales, por lo que tuvo que refugiarse en casa de una amiga.
Mientras que, en León, un padre agredió físicamente a su hijo bisexual de 21 años tras enterarse de su relación con otro hombre, “expresando rechazo homofóbico”, añade el informe.
La violencia en el trabajo y las instituciones
Otro de los casos documentados es el de un hombre gay de 37 años “hostigado sexualmente” por su jefe, quien le ofreció beneficios laborales a cambio de sexo. Al negarse, fue perjudicado en el trabajo y no denunció por miedo.
Una mujer trans de 36 años enfrentó discriminación laboral que la dejó sin empleo, viéndose “obligada a recurrir al trabajo sexual”.
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“No denunciar una agresión o violación de derechos no equivale a resignarse ante la violencia imperante, sino que refleja el temor a sufrir represalias tales como la revictimización por parte de los servidores públicos que no garantizan respuestas efectivas, pérdida de empleo o el incremento de acciones hostiles por parte de los perpetradores que saben que no habrá consecuencias”, señaló el Observatorio.
“El silencio institucional —agrega— se convierte en un mensaje de tolerancia hacia los discursos de odio que con frecuencia se traducen en actos materiales de violencia”.
Las personas LBTIQ+ también sufren violencia institucional en centros educativos y de salud.
Dos estudiantes homosexuales de 16 y 17 años sufrieron discriminación de su docente en la ciudad de León, “señalando su parentesco y cuestionando su género”. Ante esta violencia psicológica e institucional, sus familiares intervinieron para detener la situación.
Por otro lado, un estudiante gay de 30 años sufrió “abuso de autoridad” cuando le bloquearon su proceso de graduación en Medicina. Según el informe, no le aceptaron la defensa de tesis sin explicación y le “exigieron elaborar otra”.
“El período que abarca este informe estuvo marcado por la profunda restricción de libertades ciudadanas en Nicaragua, el desmantelamiento de la totalidad de organizaciones de sociedad civil y la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos”, destacó el informe.
El informe señala que un doctor en el HEODRA “discriminó a un interno bisexual” de 22 años frente a un paciente, insinuando “conductas inapropiadas y reforzando prejuicios”.
En Bilwi, un hombre de 66 años fue discriminado en un centro de salud por ser gay y vivir con VIH, evidenciando cómo se entrelazan “homofobia, edadismo y estigma serológico”.
De los 14 casos de 2025, solo cuatro fueron denunciados formalmente.
Las razones para no denunciar se deben al miedo a represalias, pérdida de empleo, desconfianza absoluta en la justicia.
La doble discriminación del exilio
Entre los casos de 2025 figuran nicaragüenses en Costa Rica enfrentando doble discriminación.
Un joven trabajador de 31 años sufrió hostigamiento homofóbico y xenófobo por compañeros en una bodega de San José; tras denunciar, la dueña despidió al supervisor y obligó a los agresores a detenerse.
Por otro lado, una mujer trans de 29 años fue hostigada por su casera en San Carlos, quien le exigió “comportarse mejor” o dejar el apartamento, aplicando trato desigual frente a otros inquilinos.
“La intersección entre homofobia y xenofobia expone a estas personas a exclusiones múltiples (…) Al desarraigo y la precariedad laboral se suma la homofobia, la transfobia y los prejuicios hacia migrantes nicaragüenses”, puntualiza el Observatorio.
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