Centroamérica es la zona más restrictiva de América en materia de derechos sexuales y reproductivos. Nicaragua, Honduras y El Salvador son los únicos países del continente que penalizan de manera absoluta el aborto, incluso cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, sea producto de una violación o el feto no tenga posibilidad de vida extrauterina.
Sin embargo, hay mujeres e incluso niñas de estos países que han desafiado las legislaciones restrictivas, y han mostrado al mundo la importancia de la interrupción voluntaria del embarazo para guardar su salud y salvar su vida.
Estos son tres casos que sacudieron a Centroamérica y al resto del mundo, que posicionaron el aborto como un derecho humano.
A inicios del 2003 Nicaragua y Costa Rica fueron sacudidas con una terrible noticia, que solo reflejaba una problemática que existe desde décadas: la violencia sexual contra niñas.
En enero de ese año se conoció el caso «Rosita», una niña nicaragüense de 9 años que estaba embarazada y necesitaba un aborto para salvar su vida, ya que los médicos decían que su cuerpo no estaba listo para enfrentar todo un embarazo y menos un parto.
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Rosita y sus padres eran de origen nicaragüense, pero vivían en Costa Rica por las mayores oportunidades de empleo y mayores oportunidades de vida para la menor. Francisco y María, padres de Rosita, también eran campesinos y trabajaban cortando café. Según la versión de ellos, uno de los trabajadores de los cafetales fue el responsable de la violación.
Cuando los padres descubrieron el embarazo solicitaron a las autoridades costarricenses la interrupción del embarazo, sin embargo no lo permitieron porque la legislación solo lo contempla hasta las 12 semanas de gestación y Rosita tenía 15.
Una comisión nicaragüense formada por la Procuraduría de Derechos Humanos y la Red de Mujeres Contra la Violencia llegaron a Costa Rica a interceder ante las autoridades, pero la Iglesia Católica tanto de Costa Rica como de Nicaragua ejercieron fuertes campañas ante las instituciones para evitar que el aborto se realizara. De acuerdo con ellos, Rosita debía continuar con su embarazo, aunque eso pusiera su vida en riesgo.
La comisión decidió trasladar a Rosita a Nicaragua, su país de origen, en medio de críticas, señalamientos y amenazas de judicialización. Pero en Nicaragua la obstaculización fue peor.
Una vez en territorio nacional, las autoridades nicaragüenses entre ellas el Ministerio de la Familia, prohibieron trasladar a la menor fuera del país para hacerse el procedimiento en otro lugar, y tampoco permitieron que el Ministerio de Salud interviniera para realizarle la interrupción del embarazo.
Esto contradecía la legislación de ese momento que contemplaba el aborto terapéutico sin límetes de gestación, pero con fuertes restricciones, ya que se necesitaba el permiso de tres médicos facultativos y del pariente más cercano de la mujer.
Finalmente, en febrero la comisión logró que a Rosita se le realizara la interrupción del embarazo en una clínica privada en Managua, y Rosita salvó su vida.
El caso de «Victoria» representa a las docenas de mujeres en Centroamérica que son criminalizadas por tener complicaciones médicas en sus embarazos bajo leyes que penalizan de manera absoluta el aborto, especialmente en Honduras.
Victoria tuvo una emergencia obstétrica en 2010. No sabía que estaba embarazada y se dirigió con su hija menor de edad al hospital para ser atendida, sin embargo, cuando llegó al hospital en lugar de ser atendida, fue esposada a la camilla donde se encontraba y fue acusada «en perjuicio de un no nacido de veinte semanas».
“La liberación del anticonceptivo de emergencia es la restitución de un derecho, no un regalo”
En Honduras el aborto está penalizado totalmente desde 1985, pero esta penalización afecta a las mujeres que tienen complicaciones en sus embarazos y a las mujeres en situación de pobreza o condiciones vulnerables, de acuerdo a investigaciones de la plataforma Somos Muchas.
Según Victoria, el personal médico que la acusó, era el mismo que la insultaba y evitaba brindarle cuidados, a pesar que su vida corría riesgo por la hemorragia que tenía.
Desde el 2010 hasta el 2021 se enfrentó a un proceso judicial imparcial, cargado de sesgos machistas y con ausencia de garantías al debido proceso.
En 2015 Victoria fue detenida por supuestamente querer huir del país y fue expuesta en medios de comunicación con versiones que la acusaban de «matar al feto». Esto hizo que se le dificultara encontrar y que fuera violentada, confrontada y acosada por sus mismos vecinos.
Durante los 11 años que duró el proceso judicial, Victoria fue insultada y maltratada por funcionarios del Ministerio Público y el personal de justicia. En 2021 finalmente fue absuelta por falta de pruebas y ella tuvo que mudarse y utilizar el anonimato para no ser agredida de nuevo.
Beatriz es la única mujer que ha logrado acceder a un aborto de manera no clandestina en El Salvador desde que la práctica está penalizada en 1998. Beatriz es conocida como “la mujer que desafió al Estado” y la mujer que mostró la necesidad del acceso al aborto terapéutico en El Salvador.
En 2013 Beatriz, una mujer enferma de lupus y proveniente de la zona rural y de pobreza extrema, tuvo un embarazo de alto riesgo, en el cual el feto tampoco tenía posibilidades de vida extrauterina.
El grito de las mujeres latinoamericanas: ¡Justicia por Beatriz!
Los médicos determinaron que el aborto era el procedimiento indicado para no poner mayor en riesgo su vida, pero como la legislación salvadoreña lo prohíbe, le negaron realizarlo.
Beatriz, acompañada de organizaciones de derechos humanos, hicieron múltiples demandas a las instituciones salvadoreñas para que realizara el aborto y la joven pudiera salvarse. Sin embargo, el Estado de El Salvador mantuvo que Beatriz debía continuar gestando, violentando el derecho a la vida y a la salud de Beatriz.
La demanda de Beatriz continuó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ordenó a El Salvador realizarse la interrupción del embarazo. Aunque el procedimiento se hizo, no se realizó en el tiempo oportuno para que su salud no se viera tan afectada.
Beatriz falleció en 2017 luego de sufrir un accidente de tránsito y organizaciones de derechos humanos ahora demandan al El Salvador ante la Corte IDH para exigir medidas de reparación a la familia afectada y medidas de no repetición, además para que el aborto terapéutico sea legalizado en ese país.
