Los jóvenes regresaron a las calles pese al asedio de la Policía Sandinista, que persiste en oprimir a los nicaragüenses a ejercer su derecho de libre expresión.
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Jóvenes miembros de la Alianza Nicaragüense Universitaria (AUN), realizaron un piquete exprés para demostrar su rechazo a las iniciativas de Ley de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, que el régimen ha impuesto en contra de la población nicaragüense, conocidos como “Ley Mordaza”.
El plantón fue realizado este miércoles en las inmediaciones de edificio Pellas en Managua, donde los jóvenes mostraban en sus pancartas “Rachaza La Mordaza” y vestían camisetas con letreros que señalaban “No nos callarán”, rechazando la represión que el régimen orteguista ha impuesto a través de las redes sociales.
En imágenes publicadas a través de redes sociales se mostraba una fuerte presencia de antimotines de la Policía, quiénes rodeaban la entrada y salida al parqueo del edificio Pellas, donde los miembros de AUN se encontraban realizando el plantón pacífico.
Los jóvenes en sus consignas demandaban la libertad de los más de 90 presos políticos que el régimen aún mantiene tras las rejas, pese a las constantes demandas de organismos nacionales e internacionales para que se les brinde una pronta liberación.
En sus demandas además exigían la salida del líder del régimen sandinista, Daniel Ortega y demandaban elecciones 2021 libres, debido a las constantes formas de represión que la dictadura ha impuesto a casi un año de los comicios electores del año próximo.
“Fuera Ortega”, “democracia sí, dictadura no”, “el pueblo no se rinde, exige justicia”, gritaban los jóvenes a pesar del fuerte contingente de los agentes de la Policía sandinista, quiénes se encontraban también registrando a las personas que intentaban ingresar al centro de finanzas a realizar gestiones personales.
Semanas atrás los diputados del régimen sandinista presentaron en la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, que tiene como fin perseguir y sancionar a periodistas y medios de comunicación independiente y ciudadanía en general por los “delitos” realizados a través de las tecnologías y la comunicación que “perjudiquen a personas naturales o jurídicas”.
La ley Especial de Ciberdelitos en su artículo 30 señala la difusión de “noticias falsas”, término que durante los últimos meses ha sido constante en los monólogos de la vocera del régimen y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien ha acusado a los periodistas y medios independientes de ser productores y difudores de noticias falsas.
“Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión, y trescientos a quinientos días multas. Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multas”, detalla el anteproyecto de ley Especial de Ciberdelitos.
Expertos han señalado que la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros presentada por el régimen el pasado 22 de septiembre, “claramente se distingue como la continuación de la represión del régimen contra el pueblo de Nicaragua”, que ya lleva más de 2 años en el país, tras un acumulado de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
El abogado Gonzalo Carrión, defensor de DD.HH. del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, señaló que esta iniciativa cuenta con dedicatorias, puesto que prohíbe «la participación política de candidaturas», lo que indica que 14 meses antes de las elecciones de 2021 «ya está goteando», intimidando a la oposición en Nicaragua.
El abogado agrega que la iniciativa de ley «busca como aplastar las expresiones de organización ciudadana, las expresiones de participación política, que es un derecho constitucional y político que está protegido universalmente».
La CPDH a través de un comunicado de prensa, señaló que dicha iniciativa de ley, «estigmatiza como Agente Extranjero, a toda persona natural o jurídica, que desarrollen proyectos o actividades con financiamiento externo, como agentes extranjeros y los obligará a registrarse ante el Ministerio de Gobernación».
El comunicado puntúa que con esta ley, el estado de Nicaragua estaría violentando los derechos de las y los nicaragüenses, puesto que «establece que los Agentes Extranjeros, tienen prohibido intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna (Art.12), amenazando con la criminalización. Lo que para la organización demuestra que el régimen criminaliza además de esta forma, la cooperación de organizaciones internacionales y gobiernos que apoyan el desarrollo humano.
“Con esta ley lo que se está buscando es criminalizar el trabajo de los defensores de DD.HH., el derecho a la educación, a la salud y también dejar en estado de indefensión a los nicaragüenses que de una u otra manera están queriendo contribuir al respeto de los derechos humanos y la democracia en el país”, añadió Marcos Carmona, director de la CPDH, durante la presentación de la misiva a medios independientes.
Carmona insistió que dicha iniciativa de ley no hace más que «aumentar la indefensión de la población nicaragüense», así como silenciar las denuncias a las violaciones de derechos humanos y acallar a medios de comunicación y periodistas independientes.
