Los miembros de la Unión Europea (UE) discutieron una nueva resolución sobre la “Situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua”, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvieron a quedar mal parados por tercera ocasión ante la comunidad europea.
El Parlamento Europeo, en octubre de 2018 y marzo 2019, discutió resoluciones sobre la situación de Nicaragua, pero en esta ocasión las solicitudes de los estados miembros de la UE subieron de tono.
Algunos de los representantes no titubearon en solicitar sanciones contra «los violadores de derechos humanos», incluyendo prohibición de visados a infractores de derechos y libertades, además del retiro del país del Acuerdo de Asociación Comercial entre la UE y Centroamérica.
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Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, expresó que la situación de Nicaragua “sigue siendo muy preocupante”. Asimismo, señaló al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de incumplir con los compromisos que pactó con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC) sobre la liberación de todos los presos políticos y la restauración de todas las libertades y derechos.
“El Gobierno ha fracasado y no ha cumplido su promesa y sus compromisos, casi todos los presos fueron puestos en libertad, pero se les ha detenido justo después y las libertades no fueron restauradas, ante estas señales negativas el Consejo de Relaciones Exteriores aprobó sanciones individuales el 14 de octubre, concretamente esto significa la prohibición del ingreso al territorio europeo y la congelación de activos de personas y organizaciones que han desempeñado un papel preponderante en la violación de los derechos humanos”, afirmó Borrell.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores urgió al régimen orteguista “cumplir con sus compromisos, los acuerdos que firmó”, con el fin de que se hagan cumplir todas las libertades políticas, se restaure las personerías jurídicas de las nueve organizaciones sin fines de lucro que fueron sancionadas por apoyar a la población que demandaba respeto, libertad, justicia y democracia, cooperación plena y el regreso de los órganos de derechos humanos, incluyendo la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas.
“La Unión Europea está del lado del pueblo de Nicaragua y lo apoya, la represión debe terminar, se deben respetar los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, hay que restablecer ese derecho, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión, de credo y de protestas pacíficas, esto lo reitero frente a ustedes con la esperanza de que con su apoyo vamos a poder aumentar la presión para cumplir con estos requisitos”, dijo Borrell.
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Por su parte, Leopoldo López Gil del Partido Popular (PP) de España inició su intervención destacando que la crisis de Nicaragua estalló con la alta concentración de poder en manos de los Ortega. Además, recordó a los miembros que no solo los derechos de los nicaragüenses han sido violentado, exponiendo el caso de la rea política Amaya Coppens, quien tiene nacionalidad belga-nicaragüense.
“El parlamento no puede olvidar a los ciudadanos europeos que sufren a manos de dictadores acusados de violentar el respeto a los derechos de la dignidad humana, a la libertad, a la democracia y al igual que por Amaya, que no es la única, y por ellos debemos alzar la voz hasta que sean liberados”, demandó López Gil.
María Manuel Leitao Marques del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, además de recordar la persecución contra todas las personas activistas y sus familias que protestan contra la política del régimen orteguista, solicitó al Consejo “medidas que sancione y prohiban los visados a quienes van contra los derechos humanos”.
La resolución sobre Nicaragua, donde se exponen 13 puntos sobre sanciones y críticas con las violaciones a derechos humanos que comete el régimen orteguista, será votada este jueves, 19 de diciembre.
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