Tres políticas fallidas del régimen Ortega Murillo para frenar violencia contra la mujer
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Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad, la violencia contra las mujeres en el país no se detiene.
El observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir identifica el asesinato de 44 mujeres en lo que va de este año, 17 de ellas asesinadas en el extranjero. Un conteo paralelo de La Lupa registra que solo en el mes de mayo 13 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares.
La organización internacional Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024 señala que en Nicaragua “persisten problemas adicionales como la prohibición total del aborto, los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes y la impunidad generalizada por graves violaciones de derechos humanos”.
El régimen, según Human Rights Watch, “no publicó cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra mujeres en 2022 y 2023”. Solo en 2023, Católicas por el Derecho a Decidir registró el asesinato de 74 mujeres nicaragüenses.
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Aún así, las políticas implementadas por el régimen no detienen la violencia contra las mujeres en el país. Estas son tres políticas fallidas implementadas por los Ortega Murillo que no frenan esa violencia.
Consejo Nacional de Derechos de Mujer
La más reciente política anunciada por Rosario Murillo, es el Consejo Nacional de Derechos de Mujer, una iniciativa que podría ser aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la primera semana de julio.
“Vamos a salvaguardar entre todos y por el bien de todos, esos derechos que hemos asumidos plenamente las mujeres nicaragüenses”, refirió Murillo el pasado 18 de junio al dar a conocer la iniciativa.
Aunque no brindó mayores detalles sobre las acciones que impulsará el Consejo, Murillo informó que estará coordinado por la Presidencia de la República, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, los ministerios de la Mujer, Salud, Familia, Educación, Juventud, de Ambiente y Recursos Naturales, entre otras instancias gubernamentales.
“Son más los retrocesos que los avances (…) el problema es de todos”, dijo a La Lupa, una feminista y activista nicaragüense de la la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
Sustitución de la ministra de la Mujer
El pasado 15 de mayo, Ortega nombró como nueva ministra de la Mujer a Tamara Vanessa Martínez Sarantez, una semana después que Murillo a través de sus monólogos diarios exhortara a detener la violencia machista.
El Ministerio de la Mujer es la institución rectora de las políticas públicas para el fortalecimiento de las mujeres en Nicaragua, pero desde esta ofician no se impulsan iniciativas que ayuden a contener la violencia y se nombra a funcionarias que no tienen ninguna experiencia en el manejo de estos temas.
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Mientras tanto, el discurso de Murillo es el mismo, pero sin resultados efectivos: “estamos trabajando ya para un plan especial desde el Instituto de la Mujer, desde las Comisarías de Mujer, trabajando para ver cómo incidimos más en la vida cotidiana”, dijo a comienzos de mayo.
“Se ha obviado la mirada y la atención a la violencia que es un problema gravísimo en Nicaragua”, enfatizó la feminista y activista nicaragüense de la la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
Más Comisarías de la Mujer
Al 20 de junio, el régimen inauguró las Comisarías de la Mujer 330 y 331 en los municipios de San Sebastián de Yalí, en Jinotega, y Altagracia en la Isla de Ometepe.
Las Comisarías de la Mujer se crearon en 1993 como un proyecto piloto que luego se extendió a los diferentes distritos de Managua y delegaciones departamentales, llegando a contar estas Comisarías en 153 Municipios del país.
Aunque en la actualidad el número de las Comisarías parece alto no ha tenido efectos significativos en la reducción de los casos de femicidios en el país y/o otros casos de violencia, dado que no aplican protocolos de actuación y tienen como estrategia principal ofrecer la mediación a las mujeres víctimas de violencia que asisten demandando justicia contra sus agresores.
El cierre de organizaciones de la sociedad civil que atendían estos casos y daban acompañamiento a las víctimas ha debilitado el sistema. “Eran las que organizaban y formaban a las mujeres en los territorios, las mujeres formadas acompañaban a otras de sus comunidades, porque había un solo tejido social para abordar la problemática, pero ahora nada de eso existe”, puntualizó la feminista.
Según la iniciativa mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos (IM Defensoras), un total de 245 organizaciones feministas fueron canceladas en Nicaragua desde 2018.
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