La feminista y defensora de derechos humanos Tamara Dávila, excarcelada y desterrada política, denunció que en Nicaragua la dictadura Ortega-Murillo actualmente no solo encarcela, asesina y tortura, sino que destierra y elimina jurídicamente a los nicaragüenses.
“El destierro y la despersonalización jurídica son la nueva política y práctica de represión del régimen Ortega Murillo. Desaparece de los registros civiles a las personas, borra identidades, niega documentos de identificación y pasaportes de familiares de opositores, llegando incluso en algunos casos a quitarles el apellido a los hijos menores de edad, transfiriendo así a las familias los supuestos delitos por los cuales hemos sido criminalizados. Yo y los 221 que fuimos desterrados el pasado 9 de febrero, junto a otros 94 más, somos ejemplo de esa política”, señaló Dávila durante la presentación del informe anual de Amnistía Internacional.
Además, resaltó que el caso de la más reciente de destierro, despersonalización y criminalización fue el de la doctora Anely Pérez, que la semana pasada fue secuestrada, retenida en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, y luego desterrada a Estados Unidos junto a su familia.
Amnistía Internacional, durante la presentación de su informe anual, destacó que en Nicaragua hay una “situación prolongada de violaciones a derechos humanos, que muestra políticas sistemáticas y generalizadas de represión y de actos que constituyen crímenes de lesa humanidad siguen afectando a la población nicaragüense”.
En el documento anual los defensores resaltaron el destierro y desnacionalización de los más de 300 nicaragüenses, que ocurrió en febrero pasado, además del cierre de más de 3,000 organizaciones sin fines, incluidas 12 universidades, que se registraron solo en el período de estudio.
La dictadura Ortega Murillo ha sido señalada por informes de organismos internacionales como el del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, tras reprimir las protestas sociales que iniciaron en abril de 2018, y dejar a más de 300 personas asesinadas.
Amnistía Internacional indicó que en Nicaragua, al igual que en Cuba, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela, se sigue registrando detenciones arbitrarias, en las que a menudo las personas son torturadas o maltratadas.
A la vez, recordó que en el país la libertad de prensa está en riesgo, al igual que en toda la región de las Américas, puesto que en 2022 hubo cierres arbitrarios de medios de comunicación.
La red regional Voces del Sur reportó cómo el orteguismo ordenó el cese de la transmisión de al menos 13 medios de comunicación comunitarios y católicos el año pasado.
Tamara Dávila apuntó que en el país cualquier persona es susceptible de ser perseguida o violentada en sus derechos, resaltando que la dictadura orteguista “criminaliza la libertad de expresión, de movilización, de organización, de participación, de elegir y ser electo, del derecho a la propiedad privada, al trabajo, a la salud y las pensiones de vejez”.
Apuntó que incluso menores de edad han sido víctimas de la dictadura, recordando que cuando estuvo encarcelada en las celdas de El Chipote, donde fue recluida desde junio de 2021 hasta febrero de 2023, a su hija de 7 años se le impidió visitarla durante un año y dos meses, al igual que ocurrió con los hijos de las presas políticas Suyen Barahona, María Oviedo, Miguel Mora, Miguel Mendoza, entre otras personas encarceladas.
“Vivir en Nicaragua en esas condiciones se ha convertido en un acto de resistencia y valentía cotidiana, pero hemos seguido, aquí estamos y aquí seguimos resistiendo, viviendo. El costo ha sido altísimo, es un enorme reto individual y colectivo vivir en un país donde no hay garantías ni derechos de ningún tipo, sin embargo, ese desafío siempre es menos pesado si lo compartimos y nos acompañamos tanto dentro como fuera del país”, resaltó Dávila.
La opositora nicaragüense, que actualmente se encuentra exiliada de manera forzosa en Estados Unidos, destaca que “para seguir resistiendo a las embestida criminal del régimen Ortega Murillo” es importante que los “organismos de derechos humanos y a nivel internacional denuncien lo que se vive en Nicaragua y en la región, e insten a los Estados a través de los distintos mecanismos existentes a presionar para que los derechos humanos sean prioridad de cualquier Gobierno en cualquier parte del mundo”.
La feminista y defensora de derechos humanos recordó que en Nicaragua todavía hay al menos 37 personas presas por motivos políticos, entre ellas monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que recientemente fue exhibido por la dictadura en medios oficialistas, que intentaron maquillar la situación arbitraria que sufre el religioso.
