A pesar que oficialmente la pandemia de COVID-19 ya afecta a Nicaragua, el Sistema Penitenciario Nacional niegan a los familiares de los presos políticos llevar mascarillas y alcohol gel a los detenidos para protegerse contra el mortal virus.

María Gómez, miembro de la Asociación de Madres de Presos Políticos, confirmó que el penal rechazó los materiales que llevó un grupo de familiares alarmados por la situación de la pandemia que ha contagiado a más de 400 mil personas en 185 países.

“Yo les dije a los familiares de presos políticos que yo estaba haciendo mascarillas artesanales y que yo les iba a donar para que les llevaran a sus familiares, llegó Ruth a traer y Karen Lacayo, pero dice que no les permitieron el ingreso de las mascarillas y mucho menos alcohol o alcohol gel, nada están dejando ingresar porque para ellos todo está normal”, manifestó Gómez.

Según la denunciante, las autoridades del penal impartieron charlas a los privados de libertad minimizando el alcance de esta pandemia que estos momentos encara el mundo y que ha cobrado la vida de más de 20 mil personas.

“Llevaron unos médicos a decirles a los presos políticos y a todos los reos, incluyendo los presos comunes, que eso no es nada que va a matar, que eso es una pequeña gripe lo que se está dando, pero que no es nada de muerte ni nada, eso es lo que el gobierno mandó a decir y ellos están creyendo que eso es cierto, pero los familiares que han visto a los reos les han dicho que eso es falso”, señaló Gómez.

GOBIERNO LOS PONE EN PELIGRO

Un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitando que ordene a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los presos políticos ante el riesgo de esta pandemia.

Los 37 exmandatarios que conforman el foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en una declaratoria firmada el miércoles por la noche, señalaron que frente a las “vocaciones autoritarias, militares y policiales” de los tres países se suma la falta de transparencia en cuanto al suministro de datos para frenar el avance de la pandemia.

“Estos Gobiernos son responsables, además, de la protección de las vidas de quienes mantienen bajo prisión, todavía más las vidas de los presos a quienes de modo ilegal y arbitrario mantienen recluidos por razones políticas”, expresaron los exmandatarios en una declaración conjunta.

Para el abogado, Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el Gobierno debería ordenar la libertad de al menos aquellos presos que están en mayor condición de “riesgo y vulnerabilidad”.

“Sobre todo aquellos que están padeciendo enfermedades crónicas, que tienen básicamente un sistema inmunológico bastante afectado por las condiciones que se dan en los centros penales (…) El Sistema Penitenciario y el Estado de Nicaragua tienen la obligación de garantizar que las personas que están privadas de libertad tengan acceso a todos los mecanismos de protección y de prevención de su salud y en estas condiciones de pandemia el Estado tendría la obligación no solo de permitir que los familiares aporten estos implementos, sino además garantizarlos de oficio”, sostiene Darce.

NACIONES UNIDAS: “ALTO RIESGO”

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en días anteriores advirtió que mantener reos en detención durante la crisis del COVID-19 conlleva un alto riesgo debido al incremento de casos en todo el mundo.

En un vídeo que circuló en sus cuentas oficiales, la Alta Comisionada pidió a los gobiernos “no olvidar” a los presos, a personas con enfermedades mentales y a residentes de orfanatos en medio de la pandemia del coronavirus.

“La pandemia del COVID-19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de atención a migrantes, así como residencias de ancianos, hospitales siquiátricos y otros centros de reclusión, hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones”, señaló Bachelet.

El abogado de la CPDH recordó que “la vida, la seguridad  y la salud” de todo aquél que está detenido en un centro penitenciario o en una unidad de policía “está bajó la responsabilidad total del Estado”.

“Las condiciones de hacinamiento, las condiciones de insalubridad, la falta de acceso a agua pura, la falta de acceso a una evacuación adecuada de los residuos sólidos y líquidos que se producen, todo eso genera una serie de condiciones que son básicamente condiciones factibles de que se den el brote epidémico y ante una epidemia tan volátil como el coronavirus, lógicamente el nivel de riesgo aumenta”, puntualizó Darce.

En Nicaragua, el régimen únicamente confirma dos casos positivos de COVID-19, el primero se encuentran en “condición estable” y el segundo falleció el jueves, confirmaron las autoridades sanitarias del país.

Las pruebas realizadas a pacientes sospechosos, según el Ministerio de Salud, “salieron negativas”.

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La Lupa Nicaragua