La Lupa conversó con personas trans que viven distintas realidades en Centroamérica, pero que luchan porque sus derechos sean reconocidos.
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Las personas trans en Centroamérica se enfrentan a una situación de indeterminación jurídica y vulneraciones de todo tipo: violencia física, asaltos y golpizas. También se les niega el acceso a la salud, justicia, educación y al trabajo. Como si fuera poco, constantemente se enfrentan a escenas de discriminación ante la falta de políticas públicas que les reconozca su identidad de género.
Naciones Unidas señala que transgénero es un término general que se utiliza para describir a las personas que tienen una “identidad de género diferente del sexo que se les asignó al nacer”.
Una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans,mujer trans y persona no binaria, pero en muchos países de Centroamérica no se les reconoce como tal. “Las personas trans, independientemente del lugar del mundo en el que vivan, están expuestas a un riesgo más elevado de sufrir violencia, acoso y discriminación”, señala Naciones Unidas.
Ludwika Vega es una mujer trans nicaragüense que ha roto barreras, estigmas y prejuicios a pesar de que en 2019 fue víctima de agresión física, cuando dos hombres desconocidos la golpearon en el rostro con una piedra y con un objeto cortopunzante le propinaron cinco heridas.
Vega también ha sufrido en carne propia la exclusión en el mercado laboral. “Varias veces yo presenté mi curriculum, una vez que me atendían miraban mi identidad y me decían ‘lo vamos a llamar’, y ese ‘lo vamos a llamar’ lo estoy esperando desde el 2016 cuando saqué mi título universitario y sigo esperando la llamada”, dijo Vega en entrevista con La Lupa.
Vega obtuvo la licenciatura en Mercadeo en el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (UNAN-RUCFA), pero las puertas al mundo de lo laboral se le cerraron en Nicaragua, debido a que se identifica como una mujer trans.
Las personas trans están excluidas del mundo laboral y, en caso de acceder a un empleo, consiguen uno de carácter precario. Vega insiste que, una mayor presencia en el mundo laboral ayudaría a normalizar la situación de las y los trans y les daría mayor visibilidad social.
“Cada día vamos envejeciendo y nada de lograrse una cuota laboral donde involucren o permitan que una mujer trans se pueda formar académicamente, tener sus títulos y poder trabajar dignamente adoptando o expresando su identidad de género. Es muy difícil que una mujer trans esté en un espacio público”, afirma Vega.
En Nicaragua más del 60% tienen un trabajo informal o por cuenta propia, debido a la falta de oportunidades laborales para las personas trans en el área laboral formal y menos del 20% cuenta con un trabajo formal, lo cual no les garantiza un salario digno y un trato justo e igualitario, según un informe de 2021 denominado “No muero ¡Me matan!”, capítulo Nicaragua, que expone las violaciones a los derechos humanos de las personas trans.
Grecia O’Hara tiene 35 años y reconoce que ser trans es sinónimo de supervivencia y resiliencia. La activista LGBTIQ+ vive en Tegucigalpa, Honduras, una de las ciudades más peligrosas para vivir, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), una organización civil mexicana que cada año elabora un listado con las 50 urbes más violentas del mundo.
O’Hara afirma que la lucha en defensa de sus derechos ha sido muy difícil, en un país donde le rodean las muertes violentas, desplazamiento forzado y discriminación de las personas LGBTIQ+, una situación que sigue vigente en Honduras.
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Fue apenas de 2004 en adelante que en Honduras, organizaciones que se identificaban con la defensa de los derechos humanos de los grupos LGBTIQ+ consiguieron sus personerías jurídicas, recuerda.
“El Estado no garantiza un sistema de salud integral para las personas LGBTIQ+ en el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y no hay una atención diferenciada para mujeres trans, hombres, gay, bisexuales o trabajadoras sexuales”, señaló O’Hara.
Grecia O’Hara es gerente de comunicaciones el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI Somos CDC, una organización que se enfoca en el desarrollo de programas y proyectos en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. También es creadora de contenido, productora audiovisual y es una artista del tatuaje.
La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas trans en los países de la región.
En 2012, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de exponer la importancia de la aprobación de leyes de identidad de género en toda América Latina. De hecho, expresaron que la inexistencia de tales leyes constituía una “deuda histórica” de las democracias de América Latina con las personas trans.
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En Honduras “no existe” una ley de identidad de género a pesar que en 2015 se presentó ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley. “Lo único que hicieron fue como tomarse la fotografía con las compañeras, como para decir que sí habían tomado la ley, pero al final no hicieron nada”, menciona O’Hara.
Durante la campaña electoral, Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), prometió implementar una Ley de protección para personas LGBTIQ+ con políticas inclusivas, pero todo ha quedado en papel mojado.
“Se tenía la esperanza desde la comunidad LGBTIQ+ de que este nuevo gobierno, por un posicionamiento de izquierda y su discurso progresista de que todos y todas íbamos a estar bien, que iba a ver más inclusión y derechos para todos y todas (…) Ya vamos a llegar al último año (desde que asumió la presidencia en 2022) y no hemos tenido una respuesta sólida sobre esos derechos y esa inclusión”, manifestó O’Hara.
En Honduras, según O’Hara los grupos antiderechos, religiosos y fundamentalistas que “tienen un poder bastante fuerte” son de los que más impiden que se avance en materia de derechos humanos. Para esta defensora de derechos humanos, ser trans significa ser una persona desprotegida por el Estado.
“Sí, así es. Garantías de derechos y leyes en nuestro país no hay (…) Yo estoy tratando de luchar por un reconocimiento de mi nombre, de mi identidad de género y es una lucha, que tal vez sé que voy a morir y eso no va a ocurrir en este país”, insiste O’Hara.
En El Salvador, las personas trans sufren una discriminación generalizada debido a la discrepancia que existe entre su identidad género y sus documentos de identidad.
Joshua Navas vive en El Salvador y se reconoce como un hombre trans. Es director ejecutivo de HT El Salvador, una organización que trabaja a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ con énfasis en población transmasculina.
En una situación de asalto, en la que desconocidos le robaron sus pertenencias, Navas supo de primera mano que en la actualidad todavía hay que “rogarle al sistema” para que atiendan las denuncias de las personas trans.
“Me ponían de todo tipo de excusas desde que el personal no estaba, que se había incapacitado. En otra (delegación) me decían que sí y cuando miraban los datos en el documento (de identidad) el trato era diferente y desde ahí podemos ver que es tan complicado poner una simple denuncia en el país y el tema de la revictimización también va aquí porque no resuelven nada”, dijo Navas.
Aunque, en febrero de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dictó una resolución para que la Asamblea Legislativa creara un procedimiento para permitir el cambio de nombre en los documentos de identidad de las personas trans, y ordenó que lo hiciese en el plazo de un año, el término se venció el año pasado sin que se conozcan resultados positivos.
En el país, además se enfrentan a las ideas fundamentalistas del presidente Nayib Bukele, quien ha manifestado abiertamente su convicción de impedir la identidad de género en el país.
“El país y el gobierno se están vendiendo como el país de las maravillas, donde todos los sueños se pueden hacer realidad, pero realmente no es así. Todavía estamos viviendo en un régimen de excepción que no sabemos si va a terminar en algún momento y se están vulnerando muchos derechos”, enfatizó Navas.
Bukele eliminó en las escuelas salvadoreñas la perspectiva de género, la que consideró “contrarias a la naturaleza”.
La falta de leyes que protejan y defiendan los derechos humanos de las personas trans y la normalización de la violencia fomenta la impunidad en los países de la región centroamericana.
Aunque en Nicaragua existe el precedente de cadena perpetua contra Bernardo Arístides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, sentenciados en 2021 por el asesinato de Kendra Contreras, conocida como “Lala”, una joven trans a la que mataron de manera cruel, Vega insiste que en el país impera la impunidad y muchos de los casos son vistos como “suicidio”.
“No existe una ley que testifique los crímenes de odio a pesar de que existen estudios que reflejan diversos y constantes casos de agresiones y violencia hacia las personas LGBTI y las instituciones no los registran como crímenes de odio, sino que los ven como casos comunes, que muchas de nosotras lo buscamos o lo reportan como suicidio a pesar de que hay pruebas de asesinato”, manifestó Vega.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) reportó que de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, el 40% fueron contra defensoras trans, con un total de 23 transfemicidios que se caracterizaron por la “tortura y saña con que fueron cometidos”.
En enero de 2022, la activista trans Thalía Rodríguez fue acribillada a balazos en su casa en el cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa y es uno de esos casos que pasó a ser parte de la estadística. El crimen de Rodríguez, de 58 años, quien dedicó más de 20 años a la defensa de los derechos humanos, fue denunciado por la organización hondureña LGBTIQ+ “Cattrachas”, pero hasta ahora sigue en la impunidad.
En enero de 2019, tres policías mataron a golpes a Camila Díaz Córdova, una mujer trans de 29 años. Los agentes la detuvieron y la subieron una patrulla por supuestos altercados en la vía pública. Después le propinaron una paliza y la arrojaron a la carretera.
A toda esta situación de desigualdad, las mujeres trans particularmente se enfrentan a una línea radicalizada del feminismo conocida como TERF que no las acepta.
TERF es el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist que en su traducción literal al español significa «Feminista Radical Trans-Excluyente», y quienes comulgan con esta corriente en espacios privados se refieren a las mujeres trans con “insultos directamente transfóbicos como “lesbianas con pene”, “hombres con falda”, tal y como señala la revista Volcanicas.
O’Hara conoce sobre la existencia sobre estos “grupos radicales” y desde su perspectiva muy personal considera que el discurso de estos grupos está centrado en “el falo”. “Por eso es que no hay ninguna manera de que una mujer trans pueda estar en esos espacios, porque ellas asumen que por derecho se han ganado, que les pertenece y han luchado por eso”, explica O’Hara.
La hondureña, la nicaragüense y el salvadoreño desde sus propias trincheras realizan activismo y tratan de sensibilizar a las personas con el objetivo de que les reconozcan.
Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo que representa una oportunidad para promover la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales (LGBTI) y otras identidades.
El Día del Orgullo conmemora los disturbios que ocurrieron en la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando un grupo de al menos 150 integrantes de la comunidad LGBT se levantaron contra una redada que organizó la Policía estadounidense en el bar neoyorquino Stonewall Inn.
“Esa fecha para la población LGBTI es muy importante (…) A nivel de la región centroamericana logramos identificar que los avances en cada uno de los países son muy pocos”, puntualizó Navas.
En 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en permitir el matrimonio para las parejas del mismo sexo, pero lejos de este avance en la región hay más retrocesos en materia de derechos humanos de todas estas personas.
