La profesora “Matilda” huyó de Nicaragua en 2019, tuvo que cantar en parques, posar en centros religiosos y escuelas, y ahora sobrevive de su emprendimiento de venta de comida típica nicaragüense
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La profesora “Matilda”, de 40 años, salió de Nicaragua el 16 marzo de 2019, una semana después que la Policía Nacional, al mando de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detuvo a su esposo por apoyar “de forma humanitaria” a quienes protestaban en Masaya. Desde entonces, comenzó a sufrir el exilio forzado en Costa Rica, cantando y tocando la guitarra en parques, posando en centros religiosos y escuelas, suplicando por un empleo formal y la homologación de sus títulos de abogada y docente de primaria.
“Matilda” cruzó de Nicaragua hacia Costa Rica de forma irregular, por “un punto ciego” en la zona fronteriza Peñas Blancas. Saltó un muro, se lesionó su cuerpo y pasó horas caminando, con la esperanza de encontrar refugio, seguridad y protección en un país donde no tenía familia, amigos y mucho menos vivienda o trabajo.
“Yo no quería salir del país”, empezó a relatar “Matilda” e hizo una pausa ante el llanto que le despertó el relato. Unos momentos después reafirmó: “Nunca quise salir de Nicaragua, resistí lo más que pude hasta que la Policía apresó a mi esposo, en marzo de 2019, y desde entonces no volví a poner un pie en mi casa. Me dirigí a la primera casa de seguridad, de ahí a otra, y luego a una tercera, eso más o menos durante una semana, hasta que salí, porque para mí seguir en Nicaragua era cuestión de vida o muerte”.
La docente, de más de 17 años de experiencia profesional, llegó a Costa Rica después de un día de viaje a pie. Su ropa estaba sucia, tenía un pie lesionado, hambre y lo primero que recibió fue “malos tratos”. En Migración costarricense la tuvieron varias horas esperando, sin acceso a comida o bebidas, y haciéndola sentir que su relato era una mentira.
«Te encuentras a gente sin empatía, que te trata como si fueras mentiroso, como uno más, sin condolerse de verlo ahí a uno, llorando, inconsolable, sabiendo todo lo que uno dejó atrás, en mi caso a mis dos hijas, al cuidado de unos familiares, y a un esposo encerrado en una cárcel», apuntó.
«Matilda», tras varias horas de espera, finalmente pudo presentar la solicitud de refugio y consiguió una cita para su entrevista, aunque esta se concretó hasta junio de 2021, ya que fue reprogramada en varias ocasiones por el impacto de la pandemia del COVID-19 en las gestiones administrativas.
Con una cita de entrevista, pero sin un lugar donde dormir, vivir, trabajar y sin familiares que la acogieran, la docente decidió ir, por consejo de personas cercanas, a un centro religioso en San José, Costa Rica, donde apoyan a nicaragüenses solicitantes de refugio.
En ese lugar durmió varias semanas, le ofrecieron alimentos y después le orientaron ser «voluntaria», para que apoyara, sin paga, en la venta de artículos en un bazar que realizaban en ese centro religioso.
«Matilda», un mes después de estar en esas condiciones en Costa Rica, en abril, logró reunirse con su esposo, que fue liberado semanas después de su captura y cruzó a Costa Rica de forma irregular para solicitar refugio.
Las solicitudes de refugio de “Matilda” y su esposo fueron aprobadas hasta junio de 2022, tres años después de introducidas, ante la desorganización que tienen con ese tipo de procesos las instituciones estatales.
La letrada afirmó que el proceso fue tedioso, complejo y desorganizado de parte de las autoridades, que incluso perdieron los expedientes y los obligaron a realizar todo otra vez, llevar pruebas, entrevistas e introducir un recurso.
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Las hijas de “Matilda”, que llegaron a Costa Rica en diciembre de 2019, aunque no tuvieron problemas con sus expedientes, recibieron sus carné de refugiadas y han podido asistir a escuelas estatales, han sido víctimas de xenofobia, exclusiones solo por ser nicaragüenses, sobre todo de parte de estudiantes y docentes que en vez de mediar las obligan a trabajar solas cuando son excluidas.
Además de todas los errores y trabas administrativas que sufrieron como solicitantes de refugio, “Matilda” y su familia también padecieron por no tener ingresos económicos fijos o un empleo formal. En diciembre de 2019, la docente tuvo que empezar a cantar y tocar la guitarra junto a un grupo de marimbistas que tocaban en parques de San José, ganando -en los peores días- desde 6,000 colones (400 córdobas) con los que con dificultad ajustaban para comer.
“Yo conocí al grupo de marimberos en diciembre de 2019 y en 2020 empecé a tocar con ellos, era un trabajo saca clavo y me permitía tener para la comida, pero era bien matado. Algunas veces me tocó trabajar bajo el sol, bajo lluvia, además lidiábamos don los marimberos ticos, que no les gustaba que uno tocara cerca y nos teníamos que mover, y después tuve que dejar de tocar porque después de la pandemia todo fue desmejorando, menos propinas, y el señor ya casi no podía salir a tocar porque se las rebuscaba también como albañil, y entonces dejé el grupo a mediados de 2021″, detalló.
La maestra explicó que su esposo también tuvo dificultades para acceder a un empleo formal y laboraba «de vez en cuando» y con eso se turnaban a asumir los gastos en comida. También, relató que en un par de ocasiones, asumió plazas de cuidadora de niños y limpiando casas, pero lo dejó porque sufría malos tratos, le negaban comida, no la dejaban dormir en una cama, o le pagaban menos del salario mínimo.
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Matilda lamenta que, a pesar que logró homologar su título de maestra de educación primaria, tras cumplir con una serie de requisitos que parecían inalcanzables para una perseguida política, no ha podido ejercer su profesión, ya que ha sido rechazada, discriminada por no ser costarricense.
También, criticó los requisitos que se piden para homologar los títulos de abogado, pues, señala, muchos son imposibles de cumplir por las trabas a las que enfrentan los perseguidos en las instituciones del Estado en Nicaragua, que también están al servicio de la dictadura y niegan documentos por motivos políticos.
Ante los malos tratos en los puestos laborales a los que le permiten acceder en Costa Rica, pese a ser abogada y docente, «Matilda» decidió emprender, vendiendo comida típica nicaragüense, pues asegura que «por salud mental» en ese país «es mejor tener lo propio».
«Sobrevivimos económicamente de ventas de comida y artículos varios en las diversas ferias de mercado en San José, Costa Rica, como la del mayoreo. Empecé a hacerlo porque una vez hice nacatamales para quitarme las ganas, le regalé a alguien y esa persona me animó a vender, luego vi que me iba muy bien y comencé mi emprendimiento de los nacatamales, después de sopas de albóndigas, vaho, y hacemos entregas a domicilio, y ahora de esto vivimos. Todos estos años para mí es un milagro haber comido», afirmó.
Explicó que tienen poco más de un año con la venta de comida y les ha ido bastante bien, que han logrado comprarse una moto, juntando con la venta de una moto que tenían en Nicaragua, para entregar los pedidos, porque antes solo lo hacían a pie y muchas veces les tocó caminar hasta más de tres kilómetros.
La docente afirma estar agradecida con el Gobierno costarricense por abrir las puertas a los nicaragüenses, pero, valora, «hay mucho por hacer para mejor las condiciones de vida de los refugiados, de los perseguidos, que pasan años sin poder estar totalmente integrados a la sociedad».
La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, en los últimos cinco años, ha incrementado exponencialmente tras el inicio de la crisis sociopolítica y económica, propiciada por la represión del orteguismo a las protestas sociales que empezaron en abril de 2018. Miles de nicaragüenses han salido del país huyendo de la represión, criminalización y confiscaciones orteguistas, y otros por el alto costo de la vida, el cierre de empresas, cancelaciones de oenegés, y el aumento del desempleo.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre enero y abril de 2023, registró más de 12,000 solicitudes de refugio de personas nicaragüenses. Sin embargo, hay más de 190,000 solicitudes de refugio pendientes de resolución desde 2018, de las cuales al menos el 90% son nicaragüenses, esto sin incluir los que ingresan a ese país y siguen en situación migratoria irregular.
