La promesa de “tolerancia cero” contra el feminicidio en Honduras

Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras en enero de 2022, prometió aplicar “tolerancia cero” contra la violencia de género y combatir la impunidad en los asesinatos de mujeres. Cuatro años después, al concluir su mandato, las cifras oficiales y los registros de organizaciones especializadas muestran que la mayoría de los crímenes contra mujeres siguen sin llegar a juicio.

La promesa

Durante su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022, Castro afirmó que su gobierno aplicaría “mano dura” y “tolerancia cero” contra la violencia hacia las mujeres, a la que calificó como una deuda histórica del Estado hondureño.

Como parte de esa agenda, el gobierno elevó el rango del Instituto Nacional de la Mujer y creó la Secretaría de la Mujer (Semujer). La intención era fortalecer las políticas públicas de prevención y atención de la violencia de género.

El discurso oficial también adoptó el enfoque de derechos humanos impulsado por organismos internacionales, que define la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación estructural.

Del discurso a la realidad

Pasaron cuatro años y la brecha entre el discurso político y la realidad de la violencia de género en Honduras sigue siendo abismal.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-IUDPAS) el año 2025 cerró con 262 mujeres asesinadas, lo que equivale a un crimen cada 33 horas.

El balance supera el del año anterior, cuando el mismo observatorio reportó 240 muertes violentas de mujeres, con una tasa de 4,7 muertes por cada 100.000 habitantes mujeres.

Estas cifras incluyen todos los crímenes perpetrados contra mujeres que el sistema de justicia registra bajo distintas figuras penales: femicidios, violencia doméstica y crimen organizado.

La violencia letal contra las mujeres no es un fenómeno reciente. Entre 2002 y febrero de 2026, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó 8.500 muertes violentas de mujeres en Honduras, y advierte que más del 95% permanece en la impunidad.

Esto significa que la mayoría de los expedientes quedan estancados en etapas preliminares de investigación o se archivan por falta de pruebas, debilidades técnicas o retrasos procesales.

La brecha entre denuncia y justicia

La violencia contra las mujeres también se refleja en el volumen de denuncias. La línea de emergencia 911 registró 90.537 denuncias por violencia de género en 2025, lo que evidencia la magnitud del problema en el país.

Las denuncias incluyen agresiones físicas, psicológicas y amenazas dentro del ámbito familiar, que en muchos casos preceden a episodios de violencia letal, según datos del Centro de Derechos de Mujeres.

Nicole Ham, Oficial de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, además de pedir al Estado combatir la impunidad de los crímenes machistas, instó a priorizar la aprobación de la Ley de Alerta Morada y establecer un mecanismo de respuesta rápida que proteger a las mujeres en situación de riesgo inminente.

La falta de medidas de protección oportunas, como órdenes de alejamiento, monitoreo policial o acceso a refugios, aumenta el riesgo de que la violencia doméstica escale hacia agresiones letales, han señalado organizaciones.

Diversos estudios regionales han advertido que la impunidad y la ausencia de intervención temprana son factores determinantes en los casos de feminicidio.

Una crisis persistente

Los primeros meses de 2026 reflejan la continuidad del problema. Entre enero y febrero Honduras acumula 40 muertes violentas de mujeres, según reportes de organizaciones contra la violencia machista.

Los 8.500 asesinatos de mujeres en Honduras, una cifra que ha colocado al país entre los más peligrosos de América Latina para las mujeres, de acuerdo con informes regionales de organismos internacionales.

Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, denunció que en el país centroamericano «desaparece casi una mujer diaria», y alertó que las adolescentes están entre las principales víctimas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras alerta que al menos el 95% de las muertes violentas de mujeres en Honduras permanece en la impunidad.

¿Dónde están los principales obstáculos?

Expertas y organizaciones de derechos humanos señalan tres factores estructurales que explican la baja judicialización de estos crímenes:

Investigaciones deficientes: Muchos casos carecen de una adecuada recolección de pruebas y de protocolos especializados para investigar feminicidios.

Sistema judicial saturado: Fiscalías y tribunales enfrentan sobrecarga de casos, escasez de personal especializado y limitaciones en capacidades forenses.

Recursos insuficientes para prevención: Organizaciones feministas sostienen que el gasto público en seguridad prioriza estrategias militarizadas, mientras los programas de prevención, refugio y atención a víctimas reciben presupuestos limitados.

Además, sigue pendiente la discusión legislativa de reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica y la aprobación de una Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, propuestas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil.

CONCLUSIÓN:

La evidencia disponible muestra que, pese a la promesa de “tolerancia cero” contra el feminicidio y a cambios institucionales la mayoría de los crímenes contra mujeres en Honduras no llega a judicializarse como femicidio.

Las cifras de denuncias, investigaciones y procesos judiciales indican que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar justicia a las víctimas.