Respuesta a pacientes VIH en Nicaragua, una tarea pendiente

Completar la dosis del tratamiento del VIH para las personas que viven con esta condición es uno de los obstáculos a los que se enfrentan los pacientes en Nicaragua. Es “verdadera suerte” cuando lo logran, así lo confiesa una fuente del sector que por temor a represalias optó por omitir su nombre.

“El tratamiento (del VIH) tiene 3 esquemas: el primer esquema está  bien, te lo dan completo, pero el segundo y tercer esquema si hay desabastecimiento. ¿Cuál es el problema?  que el segundo y tercer esquema se da cuando la persona no es adherente al primer esquema, entonces, son las que tienen problema porque no hay suficiente como debería de haber”, relata la fuente que es parte del Observatorio  Violaciones de Derechos Humanos de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexual, Intersexual, Queer (LGTBIQ+).

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 Saltarse un tratamiento acelera el deterioro de la salud del paciente, y comprarlo por su cuenta es casi imposible por el costo que tiene  y la mayoría son de escasos recursos económicos. Esta necesidad ha sido denunciada desde hace más de 3 años por activistas de salud, pero la respuesta por parte del Gobierno fueron amenazas y asedio. Igualmente lo destaca el informe “La suma de todas las crisis y las resistencias feministas”, publicado en diciembre de 2020 por el programa feminista La Corriente.

El Ministerio de Salud (Minsa), está claro que existe esa necesidad pero la  omite ante organismos internacionales  que trabajan en esa especialidad y en los encuentros que sostienen se  limitan a señalar “los logros” alcanzados,  como ocurrió en la Asamblea general  de las Naciones Unidas- Sida que se realizó meses atrás.

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En ese encuentro virtual la doctora Martha Reyes, ministra de dicha institución durante su intervención a través de un video pregrabado resaltó: la legislación, programas de atención y unos esporádicos datos sobre la situación del VIH en Nicaragua, destacando  “una prevalencia mayor al 5% en población clave”.

En el escrito que leyó la funcionaria indicó que existen 84 clínicas de atención integral para el tratamiento del VIH, sin embargo sus usuarios de esas clínicas reconocen el contraste de ese reporte con la realidad porque las Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (Vicits) que fueron creadas para brindar atención integral a las personas infectadas, “ se han ido cerrando progresivamente”, y a raíz de la pandemia  del COVID-19 esas condiciones empeoraron.

 Por ejemplo, los pacientes que se atendían en el Hospital Alemán Nicaragüenses o Lenin Fonseca se atienden en el centro de salud Francisco Morazán o Pedro Altamirano.

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“Las clínicas de atención a mujeres con VIH que estaban en hospitales nacionales las trasladaron a los centros de salud. Antes vos ibas a tu consulta mensual y te tocaba esperar con 10 pero ahora estás como con 40 en el mismo espacio, todo esto por el tema del COVID-19”, detalla la fuente. 

Los usuarios señalan deficiencia en el control de expedientes, en las citas, toma y resultados de exámenes y atención en las consultas médicas.

En el estudio que publicó la revista científica Farem- Estelí,  publicado en el III trimestre 2020 que abordó a la población trans femenina VIH positiva de Managua detalló que “las entrevistadas señalaron que al momento de la consulta no se les realizó un examen físico completo. Esto contradice lo establecido en el protocolo de atención establecido”.

 “Toda la vida pasa, cada vez que se hacen un examen no llegan los resultados, yo he atendido gente que le han repetido hasta 3 veces el examen, ¿cuál es el problema ? que además de ver cargas virales ahí te ven si te está afectando el riñón, el pancrea, u otras enfermedades oportunistas, si hay algo que te está afectando, hasta los 6 meses te das cuenta. Este es un vacío que hay en la institución con el VIH relacionado con personas de la diversidad sexual”, resalta.

Además de ese descontrol en las consultas en el caso de la comunidad LGTBIQ+ se enfrentan a la discriminación institucional que a a pesar que existen la resolución ministerial 671-2014 del Minsa  que ordena que se  respete el nombre según su vivencia de género y establece sanciones para quienes no cumplan, lo cierto es que reclamar ese derecho  les trae consecuencia a los pacientes.  “con la postergación de cita médica y negación de identidad a mujer trans en Centro de salud”, así lo denuncia el informe trimestral enero- marzo 2021, del Observatorio de violaciones de derechos humanos de personas LGTBIQ+ de Nicaragua. 

Las cifras oficiales y los subregistros

En el mapa de Salud que publica el Minsa en su sitio web oficial recoge que en 2020 hubo un descenso del 14.75%  con 953 nuevos casos positivos frente a los 1,118 que se registraron en 2019, pero según la fuente que trabaja en ese sector apunta que existen “subregistros en los positivos” y en las Infecciones de Transmisión Sexual.

“Lo que sí creo que ha crecido es la cantidad de casos que no se van a hacer la prueba. porque cuando una persona es positiva, realizamos una convocatoria a las personas que pudo haber tenido relaciones sexuales sin protección.  Todo se hace bajo el permiso de la persona, se les llama y ahí nosotros tenemos solo un 20% de atención al llamado”, explica la fuente.

Es decir que de 10 personas que llaman solo 2 llegan a hacerse la prueba y en la mayoría de los casos esos dos salen positivos, los 8 restantes probablemente también lo sean pero se rehúsan a realizarse la prueba, explica la fuente.

Históricamente la tasa de prevalencia del VIH ha sido del 70% en hombres pero a medida que pasan los años va tomando un rostro más feminizado. Entre las edades de 15 a 49 años.

“Las mujeres tienen menos información acerca de las vías de contagio y menos capacidad de negociación del uso del condón sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja de continuidad”, detalla el Informe “La suma de todas las crisis y las resistencias feministas”.

 A eso se suma que los espacios que organizaciones de la sociedad civil y mujeres que trabajan en el ámbito de la salud cuya prioridad era la prevención y atención a las mujeres se han ido cerrando, como ocurrió en 2013 que  sin ninguna justificación el gobierno de Ortega eliminó la participación de la delegada de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH (ICW-Latina) capítulo Nicaragua, de la Comisión Nicaragüense del Sida (CONISIDA). 

Igualmente en 2007 el gobierno eliminó el Programa Nacional de Lucha contra el Sida y la atención a las personas que viven con el VIH-Sida (PVVS)  y pasó a ser considerada un “componente transversal” de todos los programas de salud.