La organización Católicas por el Derecho a Decidir registró 46 casos de femicidios en contra de mujeres y niñas hasta el mes de julio, lo que ha dejado un saldo de 53 menores de edad en la orfandad.

Según Maryce Mejía, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, los altos niveles de violencia contra las mujeres son debido a la falta de voluntad del Estado y a la falta de rigurosidad de las instituciones encargadas de atender esta problemática.

“Las Comisarías de la Mujer están abiertas, pero no están atendiendo esta situación. Por eso por eso son los niveles alarmantes de femicidios, de violencia cotidiana, de violencia extrema contra las mujeres y secuestros. Esto se agudiza porque los femicidas andan libres y no cumplen sus condenas, no hay una estrategia de prevención de la violencia y cuando las mujeres interponen una denuncia, tienen que convivir con sus agresores”, explica la socióloga.

Desde el penúltimo reporte de CDD hubo un incremento de ocho feminicidios solo en un mes. La mayoría de los casos fueron en contra de mujeres jóvenes o en edad reproductiva, 18 casos entre mujeres de 18 y 35 años y 22 casos entre mujeres de 35 y 59 años. Actualmente hay 14 femicidas en proceso judicial, 7 sentenciados, 5 prófugos y 7 en la impunidad.

femicidios Nicaragua 2021

El último femicidio registrado fue el de Clementina Cruz, de 45 años y originaria de León, quien fue asesinada a manos de su esposo, según los registros del Observatorio por la Vida de las Mujeres.

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Impunidad a la orden del día

La Red de Mujeres Contra la Violencia realizaron un estudio el año pasado sobre la perspectiva feminista de cuatro sentencias de femicidios en el país, y descubrieron que la impunidad era uno de los principales factores presentes.

Mejía explica que “en Nicaragua la impunidad se manifiesta de diferentes formas, cuando no hay una investigación real y específica de los hechos, cuando el agresor anda libre a un con todas las evidencias de la violencia perpetuada, cuando se le castiga por un delito que no es feminicidio como robo o asesinato agravados o cuando dejan libre al feminicida sin cumplir con la condena».

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Mejía indica que la impunidad prevalece en todo el aparato judicial y que es intencionada. “Es preocupante que desde las instituciones del Estado que son los garantes de protección y seguridad y los que deben de sancionar la violencia contra las mujeres, más bien invisibilicen de manera intencionada esta situación. Hay una intención más allá que es la de mostrar un país donde no hay violencia, que es un país normal entre comillas”, manifiesta.

Asimismo, expresa que el Ministerio Público muestra desconocimiento de la violencia hacia a las mujeres como un concepto real de las desigualdades de poder, usa constantemente lenguaje sexista en las sentencias y no ha reparado en ninguna ocasión de los derechos de las familias de las víctimas de femicidio, lo que demuestra la poca voluntad en atender la problemática.

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